“Si los periódicos que uno lee pueden decir lo que quieran”, escribía el poeta y crítico Mattew Arnold, “uno tiende a creer que está bien informado”. O de otra manera: llamamos “libertad” a la privatización de la censura.

Conviene distinguir de entrada entre libertad de expresión y libertad de información. La libertad de expresión pertenece al ámbito privado y puede ser más o menos desbocada, pero nunca objeto de planificación institucional. Todos somos más o menos libres de decir lo que queramos, a condición de que lo escuche poca gente (nuestra familia, nuestros compañeros de parranda, nuestros novios, los miembros de nuestro club). Como el ámbito privado está interferido por toda clase de relaciones de poder, ocurre que, bajo una dictadura, uno tiene miedo de alzar la voz en un café; y bajo un patriarcado una tiene miedo de llevar la contraria a su marido; y bajo una cultura racista uno finge estar de acuerdo con los blancos. En todo caso, el mecanismo que limita la libertad de expresión es siempre la “autocensura”, que en unos casos es buena y en otros no: entre un superego razonable (condición del reconocimiento social) y un silencio aterrorizado cabe una modulación casi infinita en la intimidad de relaciones sociales muy variadas y desigualmente negativas. En este sentido, la revolución de internet consiste en que ha ensanchado sideralmente el campo de la libertad de expresión al tiempo que ha erosionado, para bien y para mal, los confines entre libertad de expresión y libertad de información. En la misma dirección, cabe también añadir que esta frontera viene siendo sistemáticamente borrada desde hace años por una cultura mercantil, impuesta desde los medios de comunicación, en virtud de la cual el campo de la expresión invade, y suplanta, el campo de la información: y acabamos leyendo en un periódico o escuchando en televisión palabras que sólo deberían pronunciarse en un café, en un club, en un dormitorio, cuando no exclusivamente en el recinto cerrado de la propia cabeza.

Al contrario que la libertad de expresión, la libertad de información pertenece al espacio público, al que sólo se puede acceder a través de ciertos medios de producción y ciertas mediaciones tecnológicas. Por eso, de la misma manera que la libertad de expresión es en realidad libertad de autocensura, la libertad de información es en realidad libertad de censura. Creo que, expuestas de esta manera, se entienden mejor las cosas. Ciertos órganos, ciertas instituciones, ciertos colectivos, reciben del Estado el derecho soberano a censurar públicamente un número casi ilimitado de voces. La teoría nos dice que la multiplicación de los órganos de censura es precisamente la que garantiza la comparecencia de una pluralidad completa. Eso será bajo el socialismo. Porque bajo el capitalismo, el Estado delega el derecho de censura, no en manos de ciudadanos libres o, en el extremo, de partidos y colectivos civiles, sino de grandes multinacionales que son las que, directa o indirectamente, redactan los periódicos y programan las cadenas de televisión. Los mismos que deciden quién come y qué comemos, quién puede beber y qué bebemos, quiénes van a matarse y con qué armas, quién puede ir al colegio y qué estudiamos, quién puede tener una casa y dónde vivimos, quién puede llevar zapatos y cómo nos vestimos, son los que deciden quién puede hablar y qué escuchamos.

Los que defendemos el derecho individual y generalizado a la censura, ¿debemos permitir que –pongamos- Lyonnaise des Eaux, Westinghouse o Chase Manhatan Bank tengan el monopolio de la censura? ¿Nos sentimos bien informados y seguros porque Murdoch y Berlusconi pueden decir y hacer lo que les da la gana? La paradoja de Arnold dice en realidad lo siguiente: mientras las fuerzas que destruyen el planeta puedan expresarse libremente, nosotros seguiremos sintiéndonos libres, protegidos y satisfechos.

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