A cualquier persona que interrogáramos sobre el racismo nos señalaría, con casi total seguridad, hechos ejemplificadores del mismo como el practicado en los EE.UU. contra la población afroamericana, especialmente durante los años 50 y 60 del siglo XX. Se citaría del régimen de apartheid practicado en Sudáfrica por parte de la minoría blanca. Saldrían otros ejemplos históricos pero, casi todos ellos, con el denominador común de considerárseles superados, aunque reconociendo la existencia de un racismo latente que se muestra de forma puntual en diferentes expresiones de violencia.

Sin embargo, en los últimos tiempos sale a la luz un racismo practicado por centurias pero, permanentemente ocultado. Incluso a día de hoy sigue siendo invisibilizado en gran medida. Me refiero al sentido y practicado por importantes altos estratos políticos y económicos en el continente americano contra los pueblos indígenas y que tiene ahora su punto álgido y más visible en las actuaciones recientes de la oligarquía blanca boliviana contra la mayoritaria población indígena de ese país. Durante trescientos años de colonia española ese racismo y marginación permanente se llevó adelante de forma brutal; con el llamado proceso independentista y la proclamación de la república se inicia una fase de casi doscientos años en los cuales se proclamaba que la marginación de la mayoría indígena había desaparecido. Así se ha tratado de mostrar a través de diferentes medios y los libros de historia presentan la independencia como la eliminación del poder colonial y, por lo tanto, el fin de la discriminación anteriormente practicada. La realidad es más terca y a poco que se revise esa historia se nos muestra en toda su crueldad. No es hasta la revolución de 1952 cuando la población indígena en Bolivia, junto con las mujeres, ven reconocidos sus derechos ciudadanos; hasta ese año incluso pies indígenas no podían pisar la plaza central de La Paz, donde se ubican todavía hoy el poder legislativo, el ejecutivo y el religioso católico. Pero a pesar de ese, y de otros, reconocimientos la situación de marginación permaneció viva y se traslucía en el permanente control y acaparamiento de los poderes políticos, sociales y económicos en manos exclusivas de la minoría blanca. Diciembre de 2005 marca el momento de la ruptura de este largo proceso. Las mayorías indígenas y mestizas llevan a la presidencia a uno de los suyos, al líder sindical, de origen aymara Evo Morales. Se rompe con el colonialismo psicológico que impedía concebir en las mentes indígenas esa posibilidad cierta de que uno de los suyos pudiera ejercer el gobierno del estado-nación. Y se abrían así las puertas para romper definitivamente con toda una sería de medidas, normas y valores explícitos e implícitos y poder realmente desterrar la marginación y exclusión largamente sufrida. Recientemente se ha celebrado el 60 aniversario de la proclamación de la Declaración de Derechos Humanos con grandes discursos, pero todavía hoy el racismo es una constante en Bolivia. El ejercicio del poder en manos indígenas ha sacado a la luz el racismo semioculto de la oligarquía económica. Demócratas e incluyente mientras controlaban los poderes políticos y económicos, golpistas y racistas cuando han visto peligrar ese control. De esta forma, la hasta ayer tan proclamada defensa a ultranza de la unidad de la patria se transfigura hoy en el intento de secesión del territorio donde la oligarquía boliviana se ha hecho fuerte, a fin de salvar a éste de la “indiada” y de sus decisiones, las cuales no operan sino en contra de sus intereses económicos. Y esto se pretende realizar de facto a partir del domingo, día 4 de mayo, en el que se ha convocado unilateralmente un llamado referéndum por la autonomía del departamento de Santa Cruz. Referéndum declarado ilegal por el Tribunal Electoral y desconocido, pese a los intentos, por parte de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como por la práctica totalidad de instituciones regionales e internacionales. Ello a pesar de que destacados intereses transnacionales operan desde la sombra en su favor, a fin de conseguir la desestabilización del actual proceso de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales de vive Bolivia.

En este proceso insultos escandalosamente racistas incluso al presidente constitucional se han visto acompañados de una campaña de acciones cada día más agresivas y coercitivas contra los sectores indígenas, las cuales se concretan en los ataques, apaleamientos y atentados fascistas por parte de los grupos de choque (Unión Juvenil Cruceñista) de la oligarquía, escondida en instancias como el Comité Cívico, la Prefectura o la Cámara Agropecuaria. Por supuesto, la práctica totalidad de los medios de comunicación, también controlados por ese mismo sector, olvidaron cualquier atisbo de objetividad y se han convertido en un instrumento más de esas mismas campañas.

Pero la pregunta clarificadora es qué se esconde detrás de este racismo, ya no latente sino, una vez más, explícitamente ejercido, y del referéndum secesionista de Santa Cruz. El fin del ciclo neoliberal más ortodoxo del continente americano, que abocó a la miseria a más de la mitad de la población de Bolivia durante los últimos veinte años, no es aceptado por esas poderosas minorías. Y ahora los valores democráticos hipócritamente defendidos mientras controlaban el poder, se disuelven como un azucarillo en agua cuando, precisamente a través de los instrumentos de la defendida democracia representativa, los pueblos indígenas y otros sectores sociales les desalojaron del poder.

Como bien declara la Alianza Social Continental, aquellos que han convocado el referéndum son quienes se oponen sistemáticamente al programa democrático llevado adelante por el actual gobierno boliviano. Todo ello en la pretensión de mantener los privilegios disfrutados durante décadas. Tras el proceso que se ha llevado recientemente se ha alcanzado la definición de una nueva Constitución que proclama a Bolivia como un estado plurinacional y democrático, que defiende la soberanía, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas. Esto es lo que la oligarquía boliviana no acepta, pretendiendo desencadenar un conflicto que pueda hacer fracasar este proceso, les devuelva el poder político y económico perdido y de nuevo coloque a “la indiada” en el lugar que estuvieron los últimos quinientos años, en servidumbre de quienes todavía hoy se consideran raza superior.

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