El reciente caso de David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno español y que acaba de cesar para pasar a ser presidente de la asociación SEOPAN –un grupo de interés formado por las principales empresas constructoras españolas- es una vergüenza, una corruptela que a base de sumarse a otras resulta letal para la democracia. Pero que no debería extrañar a nadie: en España y a nuestro alrededor se han dado un sin fin de casos similares en los últimos tiempos: Zaplana, Tony Blair, Jose María Aznar, Schröeder…

Las interrelaciones opacas, sucias y escabrosas que existen entre la economía y la política son cada vez más intensas, y son ya muchas las pruebas que nos obligan a reflexionar críticamente acerca de los mecanismos democráticos actuales. ¿Cómo es posible que personas que han ejercido su poder como cargos públicos pasen, en apenas unas semanas, a ser altos cargos en empresas privadas?

Los sueldos que les pagan al abandonar sus cargos políticos y el tipo de actividad sin otro cometido que el de medrar o mediar entre bambalinas gracias a las agendas adquiridas en la vida política, obligan a plantear muchas dudas sobre la honestidad con la que estos corruptos personajes han ejercido sus responsabilidades en el Estado. ¿Han velado realmente por el interés público o, por el contrario, han actuado de acuerdo con sus intereses personales y los de sus entornos más cercanos? ¿Recibirían las mismas ofertas si hubieran trabajado sólo por los intereses públicos?

El caso de David Taguas es paradigmático. Fue subdirector del servicio de estudios del BBVA, posición desde la que escribió a favor de la privatización progresiva de las pensiones, antes de ser nombrado director de la Oficina Económica del Presidente y asesor de Zapatero. Y lo siguió haciendo una vez ocupado este cargo, hasta el punto de que el propio Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía tuvo que rectificar sus opiniones en alguna ocasión. En medio de la crisis inmobiliaria, Taguas tomó posición a favor de que el gobierno interviniese en el mercado de la vivienda, acudiendo al rescate de las inmobiliarias en apuros, y contrariando de nuevo al Ministro de Economía. ¿No tiene que ver con nada de esto su actual aterrizaje en la presidencia del lobby de las grandes empresas constructoras españolas?

¿Quién puede creer que eso sea casual?

Todo lo contrario. Es absolutamente lógico que las grandes empresas que viven de favores públicos, o sus asociaciones constituidas como grupos de interés, contraten a aquellas personas que durante sus respectivas carreras políticas han estado a su servicio.

El problema es que hoy día existe una gran falta de transparencia, de modo que es imposible que los ciudadanos sepamos a qué se dedican de verdad nuestros representantes y gobernantes. Y eso es una de las grietas fundamentales por la que la corrupción se abre paso en España. De hecho, Transparency Internacional[1] ha otorgado a nuestro país, en su último informe del 2007, un mediocre 6,7 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Un Índice que mide el nivel de transparencia existente en las instituciones, y que puede oscilar entre un máximo de 10 (transparencia total) y un mínimo de 0 (transparencia nula).

Hay que preguntarse, por tanto, por qué no se incrementan los esfuerzos en la lucha contra esta falta de transparencia. Resulta lógico que sospechemos que todo esto se produzca porque a los grandes poderes económicos y financieros les conviene la opacidad y el oscurantismo

El capitalismo de hoy es efectivamente, y en palabras de Joseph Stiglitz, “un capitalismo de amiguetes”. Favores a empresarios familiares, concursos públicos adjudicados a empresas amigas, planificaciones de infraestructuras al servicio de intereses privados… es lo que nutre las cuentas de beneficios de las grandes empresas.

Pero, a pesar de su notable intensidad, los lazos corruptos que conectan la vida política con la vida económica salen a la luz únicamente de tanto en tanto, y empujados siempre por los casos más espectaculares o por aquellas pocas demandas judiciales que consiguen prosperar. Nos enteremos sólo de la calderilla, de las anécdotas, de la corrupción al por menor, pero nunca de los grandes casos. Entre otras cosas porque los jueces, los fiscales, los abogados del Estado y los medios de comunicación se encargan de silenciarlos.

Un ejemplo reciente es la imputación conjunta al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y al ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, de los delitos de apropiación indebida y falsedad en documentos mercantiles. ¿Alguien cree que llegará a algún sitio? ¿Alguien tiene la ingenuidad de que ahora no volverá a pasar lo mismo que con las anteriores querellas interpuestas contra el banquero?

En este caso, como en tantos otros, la presión ejercida desde las esferas más altas del poder económico y político consiguen siempre evitar que las demandas y querellas conlleven sanciones importantes y que desincentiven las prácticas corruptas.

Finalmente, no podemos obviar que los saltos al sector privado significan no sólo una mejora extraordinaria en la nómina, que a veces es lo que más se subraya en esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, sino también la permanencia en las estructuras de poder. Según un estudio empírico sobre el poder económico en España, realizado este año en la Universidad de Vigo, una pequeña elite que se corresponde con el 0,0035% de la población controla efectivamente “un recurso que equivale al 80,5% del PIB” español[2]. De ahí nace su poder económico descontrolado, que se entremezcla difusa y peligrosamente con el poder político, tejiendo una red de intercambio de favores y concesiones corruptas y radicalmente antidemocráticas.

Es urgente tomar medidas efectivas y radicales contra la corrupción. Hay que revisar todos los mecanismos democráticos actuales, desde la financiación de los partidos políticos hasta las leyes de compatibilidad de los cargos públicos. Y se hace urgente mejorar el sistema judicial y establecer leyes más duras y ejemplares para aquellos que pretenden hacer de lo público su negocio privado.

Dinero o democracia. Esa es la cuestión.

Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa son coordinadores del portal http://www.altereconomia.org