Durante estos días, todos los grandes periódicos de los Estados Unidos han publicado editoriales criticando a las últimas decisiones y declaraciones del Presidente Hugo Chávez y su gabinete. Han distorsionado y manipulado los anuncios sobre la re-nacionalización de la CANTV, indicando que en Venezuela se están nacionalizando toda la industria de telecomunicaciones – incluyendo a los medios de comunicación - en un acto totalitario y de censura. No mencionan que la CANTV apenas fue nacionalizada en el año 1991 bajo el corrupto mandato de Carlos Andrés Pérez, y que hoy en día mantiene un monopolio sobre el sector de telecomunicaciones no-celular. No hablan de los riesgos de tener el único sistema de telecomunicaciones no-celular en el país en manos de una sola empresa privada que además forma parte de una corporación extranjera basada en un país que ha promovido varios intentos de desestabilizar el gobierno actual. También estos medios han acusado a Chávez de ser un gobernante autoritario que esta asumiendo control sobre todos los poderes del estado, incluyendo a los medios privados y los partidos políticos. Estos periódicos estadounidenses, como el New York Times, Washington Post, Los Angeles Times y el Wall Street Journal, no han tomado el tiempo para investigar los hechos, verificar sus fuentes ni sus datos, y no han medido el peligroso impacto de sus escritos en la opinión pública mundial (o lo han medido y desean provocar una agresión más fuerte hacia Venezuela). Y estos medios, juntos con casi todos los grupos internacionales que supuestamente luchan por la libertad de expresión, la protección de periodistas y los derechos humanos, como el Comité para Proteger a los Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han lanzado sus voces en defensa de RCTV y su dueño Marcel Granier, alegando que el gobierno venezolano esta reprimiendo a la libertad de prensa y censurando a los medios porque no renovarán la concesión que se vence en mayo de este año.

Las declaraciones del IPYS, RSF y la SIP no son nuevos, ni sorprendentes. Estas organizaciones, todas financiados por el National Endowment for Democracy y/o el Departamento de Estado a través de la USAID, repiten estas criticas no fundamentadas año tras año como parte de su campaña continua en defensa de los intereses económicos de los grandes medios transnacionales. Realmente no les interesa la libertad de expresión, porque no defienden a los derechos de los venezolanos y las venezolanas y los ciudadanos del mundo de tener información veraz y oportuna sobre lo que sucede en el país. No reclaman a la falta de diversidad de voces y opiniones y la clara exclusión de la mayoría del pueblo venezolano de la pantalla de canales como RCTV. No acusaron a estos medios corporativos de censura cuando entregaron su espacio radioeléctrico a los golpistas y saboteadores durante el golpe de estado en abril 2002 y el subsecuente sabotaje económico a finales de ese mismo año. Pero más aún, defienden a un medio multi-millonario sin aplaudir los esfuerzos del gobierno venezolano de abrir espacios – antes no-existentes – a los medios comunitarios y los medios alternativos. No reconocen que cuando Marcel Granier y sus compinches tuvieron el poder político en el país, no había medios comunitarios y alternativos porque ellos no los permitían. Y más grave aún es ver a una organización respetable como el Comité para Proteger a los Periodistas asociarse con estos grupos financiados por Washington para defender a un empresario multi-millonario, cuando debería estar aplaudiendo el hecho de que ahora, una concesión nacional será democratizada y estará en manos del pueblo y al servicio de los medios comunitarios y alternativos, en lugar de estar a la orden de los multinacionales.

Pero lo más imperdonable de todo es que hablan de censura, cuando en realidad el tema se trata de una concesión prestada del estado que lleva condiciones y requisitos, y cuando esas normas no se cumplen, pues lógicamente no renovarán la concesión. El gobierno venezolano nunca ha dicho que va a cerrar ese canal, solo han dicho que no renovarán la concesión de operar en el espacio público. Incluso, RCTV podría continuar operando en el espectro privado, en cable o satélite, como hace el canal de opinión FOX NEWS.

Ninguno de estos grupos ni medios estadounidenses les interesa reportar la verdad. Sus declaraciones y escritos sirven para promover la agenda de su jefe, el gobierno estadounidense, que seguirá con los intentos de desestabilizar al gobierno venezolano con el fin de la destrucción de la revolución bolivariana.

Hipócritamente, es el gobierno de los Estados Unidos que emplea a la censura y la intimidación para silenciar a las voces críticas y ahora también a los abogados que están cumpliendo con sus deberes de proveer asistencia legal a todo ciudadano que se lo necesite. El Segundo Sub Secretario de Defensa Charles D. Stimson, declaró esta semana que los abogados y bufetes que están representando a los detenidos en la base de Guantánamo están comprometiendo a los intereses estadounidenses y los intereses de las corporaciones estadounidenses. Stimson, quien ayudó publicar una lista de todos los bufetes y abogados que están representando a los detenidos en Guantánamo, dijo que los otros clientes corporativos de estos bufetes, que son los despachos de derecho más grandes del país, deberían forzar sus abogados escoger entre “trabajar con las corporaciones multi-millonarias o los terroristas.”

Ya el Departamento de Justicia de Washington juzgó a una abogada, Lynn Stewart, por haber representado a uno de los acusados del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York en el año 1993, acusándola de haber ayudado a su cliente pasar información a otros terroristas. Ella recibió una sentencia de 30 años, la cual esta actualmente siendo apelada. Y ahora están amenazando a los abogados y bufetes que cumplen con sus principios y ética legal de asegurar la representación a cada persona que se lo necesite. Y se pregunta, ¿donde están los reclamos de los defensores de los derechos humanos?

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