Cuando se contemplan las repercusiones a nivel interno que está teniendo la crisis económica internacional y las medidas adoptadas por nuestro gobierno para contrarrestarla uno no puede dejar de sorprenderse de lo tremendamente desenfocado que éste tiene su punto de mira y de la incapacidad que está demostrando para leer cuáles están siendo sus efectos en España y por dónde debería intervenirse para contrarrestarlos.

Parece como si el gobierno hubiera asumido que España, al menos en esta materia, no iba a ser diferente al resto del mundo y que, por lo tanto, se iba a pasar por los mismos estadios por los que están pasado otros países en los que la crisis se ha presentado antes en el tiempo.

La lectura que se hace aquí de la crisis no tiene en cuenta la desigual incidencia que la misma está teniendo en los distintos países y se obvia que los mecanismos de transmisión de la crisis desde la esfera financiera hacia la economía real son distintos; como distintas son las estructuras productivas de las economía sobre las que incide.

En este sentido, el gobierno español parece haber asumido que la crisis actual sigue una evolución secuencial con efectos uniformes allí donde se presenta.

En términos simplificados, la secuencia comenzaría por el colapso de los mercados financieros provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y la estafa financiera a ella asociada a raíz de la forma en la que se habían titulizado y calificado las hipotecas de alto riesgo y los títulos desarrollados a partir de las mismas.

Ese colapso acabó generando una crisis de liquidez en los mercados interbancarios provocada por la desconfianza mutua entre las instituciones financieras que acceden a la liquidez de corto plazo en ese mercado. Esa desconfianza trató de ser solucionada por la vía de las inyecciones multimillonarias de dinero que realizaron los bancos centrales.

Sin embargo, el problema era aún más grave y degeneró en una crisis de solvencia de muchas y muy importantes instituciones financieras que tenían sus balances contaminados por esos títulos hipotecarios. Para hacer frente a este problema, la medicina están siendo los planes de rescate articulados por los distintos gobiernos para evitar la quiebra de muchas de esas instituciones.

En cualquier caso, tanto la crisis de liquidez como la de solvencia han confluido en una restricción drástica de la oferta de financiación hacia consumidores y empresas. De esa forma, la crisis ha vuelto desde la esfera financiera hacia la economía real en donde se está manifestando con una especial virulencia en aquellos sectores que en mayor medida dependen de la financiación tanto para acometer y mantener el proceso productivo como para dar salida a la producción (léase, por ejemplo, sectores de la construcción o de la automoción).

Ésta es la secuencia simplificada de acontecimientos desde la que el gobierno español ha interpretado la crisis y a partir de la cual ha articulado medidas para tratar de paliar sus efectos. Sin embargo, esas medidas no hacen sino reproducir aquéllas que se están aplicando en otros países, sin tener en cuenta los rasgos diferenciales de nuestra economía ni de nuestro sistema financiero.

El dinero se le da a los bancos...

En efecto, lo primero que se hizo, a pesar de que no dejaba de aludirse a la contrastada solidez de nuestro sistema financiero, fue articular un plan de rescate para el sistema bancario.

Un plan de rescate que los acontecimientos están ahora demostrando –aunque alguno ya lo advertimos al tiempo de aprobarse- que no era tan necesario como parecía, ni iba a tener los efectos que se esperaban y que, por el contrario, está siendo utilizado por el sistema bancario de nuestro país para sanear sus balances y mejorar sus posiciones de solvencia.

Así, el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros de 30 mil millones de euros ampliables a 50 mil millones que consiguieron los bancos de este país tras reunirse con el presidente del gobierno se está demostrando que era del todo punto innecesario a la luz del escaso éxito que tuvo la primera subasta de fondos que se celebró hace unos días: del total de 5 mil millones de euros disponibles, sólo se adjudicaron 2.115 millones, es decir, el 42,3% del total.

Si los bancos y cajas de ahorro estuvieran urgidos de liquidez, como parecía que ocurría cuando se dedicaban a presionar afirmando que con los 10 mil millones que se preveían subastar antes de final de año no tenían ni para empezar, hubieran cubierto las pujas por el total de la cantidad subastada pero, como ha podido comprobarse, parece que andan menos agobiados de lo que ellos declaraban y el gobierno creía.

Además, el plan competía con la ampliación de las facilidades financieras - en términos de colaterales (se pueden descontar activos con una calificación de riesgo justo por encima de los bonos basura), de monto (ilimitado) y de tipos de interés (fijo)- otorgadas por el Banco Central Europeo. Ante una oferta de ese calibre, los bancos españoles encontraban una fuente de financiación en mucho mejores condiciones que la ofertada por el gobierno que los obligaba a desprenderse de sus activos financieros de más elevada calificación y, por lo tanto, de menor riesgo. El fracaso estaba más que anunciado y resultaba claro que sólo concurrirían a esas subastas quienes estuvieran muy urgidos de liquidez o no pudieran descontar en el Banco Central Europeo.

Y, finalmente, y lo que es aún más grave, esta financiación otorgada por el gobierno debería estar orientada inequívocamente a que las entidades financieras reactivaran la financiación de empresas y familias y acabaran con la restricción crediticia en un país cuyas elevadas tasas de crecimiento de los últimos años se han sustentado sobre el sobreendeudamiento de esos agentes.

Evidentemente, tampoco ello se ha producido porque el reglamento del referido Fondo no contempló introducir cláusulas de condicionalidad de acceso a la financiación vinculadas a la expansión del crédito. El resultado lo tenemos estos días en la prensa: el ministro de Economía, Pedro Solbes, rogándole a los bancos que, por favor, usen las ayudas que les están concediendo para dar más créditos. Un espectáculo de lo más penoso.

Lo que sí parece que va a ser un éxito son los 100 mil millones de euros con los que el gobierno va a avalar las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones y otras operaciones de deuda no subordinada que realicen las entidades financieras antes del 1 de julio de 2009. Esto supone una ventaja importante para las entidades en la medida en que al ver respaldadas sus emisiones de deuda por el Estado podrán colocarlas en los mercados en condiciones más favorables. El riesgo de insolvencia pasa a ser asumido entonces por el Estado que tendría que activar esos avales en caso de quiebra de alguna de las instituciones.

Igual que era evidente que la primera medida estaba condenada a un fracaso relativo, ésta tenía visos de éxito por cuanto esas emisiones permitirán a las entidades refinanciar una deuda que estaba próxima a su vencimiento y sobre la que han sustentado la financiación del boom inmobiliario en nuestro país.

Pero, ¿hasta qué punto era necesario ese aval? ¿Se habrían visto imposibilitadas para acceder a la financiación que necesitaban si no se hubiera adoptado dicha medida? En principio esto es difícil de determinar por anticipado. Lo que sí es cierto es que, con esos avales, podrán acceder a la financiación a un coste menor sin asumir ningún compromiso previo con el gobierno y trasladando hacia el Estado la totalidad del riesgo de la deuda emitida. Un negocio redondo a coste cero.

… para que asfixien a la economía.

El énfasis que el gobierno ha puesto en las necesidades del sistema bancario y financiero debiera hacernos pensar que el impacto de la crisis se concentraba en dicho sector y que, por lo tanto, era prioritario canalizar todos los esfuerzos para tratar de que el mismo no colapsara como había ocurrido en otros países.

Sin embargo, basta con echar un vistazo a la prensa económica de las últimas semanas para percibir que el gobierno ha errado en sus medidas enfocándolas en un sector que no las necesitaba con esa intensidad y atendiendo tarde y con recursos mucho más limitados al que realmente es el problema que sacude a nuestra economía: el agotamiento de un modelo de crecimiento basado en la construcción, la especulación y el sobreendeudamiento y que, en su agonía, está provocando el incremento del desempleo hasta niveles desconocidos en los últimos quince años con las consiguientes repercusiones sobre las condiciones de vida de una gran parte de la población.

Por decirlo en otros términos: la crisis de la economía española es una crisis de la economía real más que de la economía financiera. Una crisis que está afectando más al crecimiento económico, al empleo, a la inversión, al consumo que al balance de los bancos aunque, de seguir así, acabará por afectar también a los bancos que, ante el incremento de la tasa de morosidad, verán deteriorarse aceleradamente sus balances.

Una crisis real que, además, está siendo espoleada y agravada por la restricción crediticia a la que han sometido las instituciones financieras a consumidores y empresas, destinando el dinero que tan generosamente les está concediendo el gobierno al saneamiento de sus balances en lugar de a la reactivación económica.

Esa preferencia absoluta por la liquidez de las instituciones financieras españolas en un contexto de crisis financiera internacional ha provocado el cierre del grifo del crédito para consumidores y empresas, lo que está afectando a todos los sectores productivos pero, especialmente y dada la relevancia que el mismo había adquirido en los últimos años como motor del crecimiento económico, al sector inmobiliario que, en su derrumbe, está arrastrando al resto de la economía.

Y, frente a ello, ¿qué hace el gobierno? Pues el gobierno para tratar de frenar el problema del desempleo se limita a aprobar un plan de 11 mil millones de euros (apenas mil más de los que decidió conceder a la banca hasta finales de año). Un plan del que no digo que esté mal pero sí que es de todo punto insuficiente y significativamente desproporcionado a la baja en relación con los recursos que se han concedido a la banca para fines que siguen sin estar nada claros porque la transparencia brilla por su ausencia.

Es por ello que no cabe seguir echando balones fuera achacando a la crisis financiera internacional la responsabilidad absoluta del incremento acelerado del desempleo de la economía española. Nadie ha visto quebrar en este país un banco. Es más, estos siguen presentando beneficios a pesar de la crisis e, incluso, algunos de ellos aprovechan las rebajas para comprar bancos fuera de nuestras fronteras.

La causa del crecimiento acelerado del desempleo tiene, en estos momentos, un responsable concreto que es, básicamente, la restricción crediticia impuesta por unas instituciones financieras que se niegan a realizar su función tradicional: canalizar el ahorro hacia las necesidades de financiación de consumidores y empresas a los que, en su momento, incentivaron a endeudarse y que ahora se niegan a socorrer.

Así, carece de sentido que el Estado avale a las instituciones financieras para que puedan acceder a financiación más barata -o que los recursos se les entreguen directamente y aquéllas se permiten el lujo de rechazarlos- cuando, al mismo tiempo, bancos y cajas apenas están repercutiendo a los préstamos concedidos la tendencia a la baja de los tipos de interés y las facilidades de liquidez que se le están ofreciendo.

Eso sí, cuando hayan acabado de estrangular a la economía y las tasas de morosidad se eleven hasta niveles insoportables, no dudarán en acudir nuevamente al gobierno para que, entre todos, paguemos entonces su racanería de hoy. Y el gobierno, nuevamente, picará. Y, si no, al tiempo.

Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Puedes leer otros textos suyos en su blog "La otra economía".