Guerra Civil Española
Savoia-Marchetti SM.81 italiano del bando nacional durante un bombardeo (fotografía de G. Apostolo).
Fecha 17 de julio de 1936 – 1 de abril de 1939 Lugar España continental e insular, Marruecos Español, Sahara Español, Guinea Española. Resultado Victoria de los sublevados.
Beligerantes
II República Española B. Internacionales	Fuerzas Sublevadas III Reich Reino de Italia
Comandantes
Francisco Largo Caballero Juan Negrín Vicente Rojo Lluch José Miaja Juan Modesto Juan Hernández Saravia José Giral José Antonio Aguirre Belarmino Tomás Lluís Companys	Emilio Mola Gonzalo Queipo de Llano Francisco Franco Millán Astray Yagüe Blanco José Enrique Varela
Fuerzas en combate
Ejército Popular ~16.400 guardias civiles ~7.900 carabineros ~12.000 guardias de asalto ~13.000 efectivos de la Armada 1 acorazado 3 cruceros 14 destructores 12 submarinos	~65.000 soldados de tierra ~15.800 guardias civiles ~6.500 carabineros ~5.000 guardias de asalto ~7.000 efectivos de la Armada 1 acorazado 4 cruceros 1 (+4*) destructores 2* submarinos * Vendidos por Italia en 1937
Bajas

Introducción

La Guerra Civil Española ha sido considerada en muchas ocasiones como el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, puesto que sirvió de campo de pruebas para las potencias del Eje y la Unión Soviética, además de que supuso un desenlace, principalmente a raíz de la llamada Revolución social española de 1936, entre las principales ideologías políticas de carácter revolucionario y reaccionario (o contrarrevolucionario) que entonces se disputaban en Europa y que entrarían en conflicto poco después: el fascismo, el carlismo, el constitucionalismo de tradición liberal burguesa y el Socialismo de Estado del PCE y la Komintern (liderada por el régimen de Stalin en la URSS), y los diversos movimientos revolucionarios: socialistas, comunistas, comunistas libertarios, anarcosindicalistas o anarquistas, y poumistas. Los partidos republicanos defendieron el funcionamiento democrático parlamentario del Estado por medio de la Constitución vigente, la Constitución de la República Española de 1931. Los anarquistas de la CNT (y muchos comunistas del POUM) defendían la implantación de un modelo libertario, aunque tuvieron que renunciar a todo su esquema teórico al aceptar la participación en el gobierno a finales de 1936.^[2] Los nacionalistas defendieron su autonomía. La mayoría de revolucionarios buscaban bien implantar la dictadura del proletariado,^{[3] [4]} o bien eliminar la coerción de cualquier estructura jerárquica, fundamentalmente a través de una economía de carácter comunista y autónomo, y una organización política basada en órganos de base y comités, sintetizado todo ello en la consigna del comunismo libertario.^[5] Muchos militares sublevados y los falangistas defendieron, en palabras del propio Franco, la implantación de un Estado totalitario. Los monárquicos pretendían la vuelta de Alfonso XIII. Los carlistas la implantación de la dinastía carlista, etc. En ambos bandos hubo intereses encontrados.

De hecho, estas divisiones ideológicas quedaron claramente marcadas al estallar la Guerra Civil: los regímenes fascistas europeos (Alemania e Italia), Portugal e Irlanda apoyaron desde el principio a los militares sublevados.

El Gobierno republicano recibió el apoyo de la URSS, único país comunista de Europa, quien en un primer momento movilizó las Brigadas Internacionales y posteriormente suministró equipo bélico a la República. También recibió ayuda de México, donde hacía poco había triunfado la Revolución Mexicana.

Las democracias occidentales, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, decidieron mantenerse al margen, según unos en línea con su política de no-confrontación con Alemania, según otros porque parecían preferir la victoria de los sublevados. No obstante, el caso de Francia fue especial, ya que estaba gobernada, al igual que España, por un Frente Popular. Al principio intentó tímidamente ayudar a la República, a la que cobró unos 150 millones de dólares en ayuda militar (aviones, pilotos, etc.), pero tuvo que someterse a las directrices del Reino Unido y suspender esta ayuda.

En cualquier caso, esta alineación de los diferentes países no hacía más que reflejar las divisiones internas que también existían en la España de los años 1930 y que sólo pueden explicarse dentro de la evolución de la política y la sociedad española en las primeras décadas del siglo XX.

Algunos ven en estas profundas diferencias político-culturales lo que Antonio Machado denominó las dos Españas. En el bando republicano, el apoyo estaba dividido entre los demócratas constitucionales, los nacionalistas periféricos y los revolucionarios. Éste era un apoyo fundamentalmente urbano y secular, aunque también rural en regiones como Cataluña, Valencia, País Vasco, Asturias y Andalucía. Por el contrario, en el bando nacional, el apoyo era básicamente rural y burgués, más conservador y religioso. Sobre todo fueron aquellas clases más o menos privilegiadas hasta entonces, (burgueses, aristócratas, muchos militares, parte de la jerarquía eclesiástica, terratenientes o pequeños labradores propietarios, etc.) que tras la victoria del Frente Popular veían peligrar su posición o consideraban que la unidad de España estaba en peligro.

El número de víctimas civiles aún se discute, pero son muchos los que convienen en afirmar que la cifra se situaría entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Muchas de estas muertes no fueron debidas a los combates, sino a las ejecuciones sumarias, paseos, que ambos bandos llevaron a cabo en la retaguardia, de forma más o menos sistemática o descontrolada. Los abusos se centraron en todos aquellos sospechosos de simpatizar con el bando contrario. En el bando nacional se persiguió principalmente a sindicalistas y políticos republicanos (tanto de izquierdas como de derechas), mientras en el bando republicano esta represión se dirigió preferentemente hacia los falangistas, burgueses, aristócratas, militares, simpatizantes de la derecha o sospechosos de serlo, sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica, llegando a quemar conventos e iglesias y asesinando a trece obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y millares de personas vinculadas a asociaciones confesionales o meramente católicas practicantes. Es incalculable la pérdida en el patrimonio histórico y artístico de la Iglesia Católica, pues se destruyeron unos 20.000 templos —entre ellos varias catedrales— incluyendo su ornamentación (retablos e imágenes) y archivos.^{[6] [7]}

Tras la guerra, la represión franquista se cebó con el bando perdedor, iniciándose una limpieza de la que fue llamada España Roja y de cualquier elemento relacionado con la República, lo que condujo a muchos al exilio o a la muerte. La economía española tardaría décadas en recuperarse.

Los simpatizantes republicanos vieron la guerra como un enfrentamiento entre «tiranía y democracia», o «fascismo y libertad», y muchos jóvenes idealistas de otros países participaron en las Brigadas Internacionales pensando que salvar a la República Española era la causa idealista del momento. Sin embargo, los partidarios de Franco la vieron como una lucha entre las «hordas rojas» (comunistas y anarquistas) y la «civilización cristiana». Pero estas dicotomías son, inevitablemente, simplificaciones: en los dos bandos había ideologías variadas, y muchas veces enfrentadas (por ejemplo, anarquistas contra comunistas en uno, falangistas contra monárquicos y carlistas en el otro).

Trasfondo político

Al abandonar Alfonso XIII España, vista la falta de apoyo popular en las elecciones municipales de 1931, se proclama la República y se convocan elecciones que ganan las izquierdas republicanas y obreras (el PSOE se convierte en el partido con más diputados en las Cortes). Comienza el llamado Bienio Progresista, durante el cual el Gobierno de la República, formado por distintas formaciones republicanas de izquierda (Acción Republicana, radicales-socialistas...) y el Partido Socialista, trata de poner en marcha una serie de leyes de alto contenido social. El fracaso y la lentitud en la aplicación de las mismas llevan a un descontento popular, que culmina en una serie de levantamientos anarquistas (en enero y diciembre de 1933), reprimidos con dureza y que provocan un fuerte escándalo político, la caída del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas en 1933.

La CEDA, partido derechista, gana estas elecciones, pero el Presidente de la República no les permite formar gobierno, por lo que lo acaban formando los radicales de Lerroux con el imprescindible apoyo de la CEDA. Comienza el gobierno de centro derecha llamado por la izquierda Bienio Negro, ya que anuló muchos de los derechos sociales y reformas progresistas aprobadas durante el gobierno anterior, bienio progresista, oponiéndose especialmente a la reforma agraria. Gran parte del pueblo llano había esperado grandes cambios de la Segunda República. Pero la victoria de los conservadores truncó las esperanzas de muchos y reverdeció la agitación y las protestas al ver el rumbo de marcha atrás que tomaba su política.

Ante lo que consideran mal gobierno de Lerroux, la CEDA exige su participación en el gobierno. Se nombran tres ministros de la CEDA, pero este nombramiento (constitucional) no es aceptado ni por la izquierda ni por los nacionalistas. ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) proclama desde Barcelona el Estado Catalán dentro de la República Federal Española y UGT declara una huelga general revolucionaria, lo que provoca la Revolución de 1934 y la proclamación desde Oviedo de la República Socialista Española. La situación queda rápidamente dominada por el Gobierno, salvo en Asturias, único lugar en el que los anarquistas se unen a los partidos y sindicatos de izquierdas. El Gobierno reprime la sublevación de Asturias con dureza, trayendo de África a la Legión y, una vez finalizada, se produce una fuerte represión.

Los escándalos financieros y políticos hacen caer al Gobierno radical-cedista y se convocan nuevas elecciones, en las que, por primera vez en mucho tiempo, la izquierda une fuerzas formando el Frente Popular, y los anarquistas, tradicionalmente abstencionistas, a pesar de no formar parte de la coalición, le dan su apoyo.

Con unos resultados muy ajustados, gana las elecciones el Frente Popular. Poco tiempo después, basándose estrictamente en una norma sobre la disolución de las Cortes, es destituido el Presidente de la República, Alcalá-Zamora; por otra parte, se destina fuera de Madrid a los generales que se consideran desafectos a la República.

Durante la Segunda República, la polarización de la política española que se inició a finales del siglo XIX alcanza su cenit. Conviven una izquierda revolucionaria y una derecha fascista importantes, con una izquierda moderada y una derecha republicana; un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y monárquico, una sociedad secular muy anticlerical y un catolicismo ultraconservador.

Desde 1808, la sociedad española intentaba salir de una tradición absolutista que, a diferencia del resto de los países de Europa, lastraba aún al país, manteniendo fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no privilegiados, derivados del moderantismo decimonónico. Los conservadores, muchos militares, terratenientes y parte de la jerarquía católica ven peligrar su posición privilegiada y su concepto de la unidad de España.

Una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados a (y dominados por) los caciques y la Iglesia; unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos y, por lo tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada. También existía una tradición de más de un siglo (desde los tiempos del rey Fernando VII), según la cual los problemas no se arreglaban más que con los levantamientos.
Este conjunto de circunstancias hace que, durante la Segunda República, el clima social sea muy tenso, la inseguridad ciudadana muy alta y los atentados de carácter político o anticlerical una lacra para el país.

No es extraño, pues, que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los pesimistas.

La Revolución Social

Escudo del Consejo Regional de Defensa de Aragón, órgano creado durante la Revolución Española

Como consecuencia de la inacción del Gobierno en los primeros momentos de la revuelta militar, en las áreas controladas por los anarquistas (principalmente Aragón y Cataluña), en suma a las temporales victorias militares, se llevó a cabo un gran cambio social, en el cual los trabajadores y los campesinos colectivizaron la tierra y la industria y establecieron consejos paralelos al ya entonces paralizado Gobierno. A esta revolución se opusieron los republicanos y comunistas apoyados por la Unión Soviética. La colectivización agraria había tenido un considerable éxito a pesar de carecer de los recursos necesarios, cuando Franco ya había capturado las tierras con mejores condiciones para el cultivo. Este éxito sobrevivió en las mentes de los revolucionarios libertarios como un ejemplo de que una sociedad anarquista puede florecer bajo ciertas condiciones como las que se vivieron durante la Guerra Civil Española.

Cuando la guerra progresó, el Gobierno y los comunistas fueron capaces de acceder a las armas soviéticas para restaurar el control del Gobierno y esforzarse en ganar la guerra, a través de la diplomacia y la fuerza. Los anarquistas y los miembros del POUM fueron integrados al ejército regular, aunque con resistencia; el POUM fue declarado ilegal, denunciado falsamente de ser un instrumento de los fascistas. En las Jornadas de mayo de 1937, las milicias anarquistas y poumistas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad republicanas por el control de los puntos estratégicos de Barcelona, tal como George Orwell lo relata en Homenaje a Cataluña.

La Iglesia y la Guerra Civil Española^[8]

Cambio: Laicidad del Estado

En octubre de 1931, Manuel Azaña, que para entonces ocupaba la jefatura del Gobierno republicano, declaró:^[9]

actuando su gobierno en consonancia con ello. Desvinculando la Iglesia del Estado, mostrando así el avance hacia un Estado Laico, en consecuencia los subsidios que se otorgaban al clero quedaron abolidos. La educación no debía tener carácter religioso, sino que debía ser suministrada y subvencionada por el Estado (que aún con dificultades económicas, debido a las deudas por indemnizaciones del programa de desamortización de terrenos agrarios, fomentó la educación pública e inició la creación de nuevas escuelas), se introdujo el matrimonio civil, el divorcio y el entierro civil. Las reformas fueron interpretadas como un ataque hacia la Iglesia. El cardenal Pedro Segura y Sáenz se lamentó de este «severo golpe» y temió por la hegemonía eclesiástica en la nación. Desde este momento las diferencias entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno de la Segunda República Española se irían haciendo mayores.^[10]

La guerra civil: una cruzada

El golpe de Estado tenía motivos políticos, pero el conflicto pronto tomó un cariz religioso. La Iglesia Católica, cuyo poder había sido socavado, se convirtió en blanco de ataques. Trece obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y millares de personas vinculadas a asociaciones confesionales o meramente católicas practicantes fueron asesinados por revolucionarios opuestos al golpe militar, que equiparaban a la Iglesia Española con la derecha. Se saqueó y prendió fuego a iglesias y monasterios. Ante esta barbarie, la Iglesia confió en los sublevados para defender su causa y «devolver la nación al seno de la Iglesia».

La realidad no era sencilla, pues algunos de los que se encontraban en el bando republicano de la guerra también eran católicos, sobre todo en Euzkadi (País Vasco), de recia tradición católica (especialmente su partido más representativo PNV), por lo que los curas vascos sufrieron persecución por los dos bandos. El uno por ser curas y en el otro por ser nacionalistas. La guerra civil enfrentó no solamente a republicanos y sublevados (entre los que también había republicanos), sino a católicos contra católicos, pese a la carta pastoral non licet de los obispos de Vitoria y Pamplona, en la que dicen:

El cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España, escribió:

Poco después del comienzo de la guerra (1936), este mismo cardenal se refirió al conflicto como una lucha entre:

En enero de 1937, en su Respuesta obligada: Carta abierta al Sr. D. José Antonio Aguirre^[11] dice:

El cardenal Francisco Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, quien trató de mantener una posición imparcial durante la guerra, fue obligado por el Gobierno de Franco a permanecer en el exilio hasta su muerte en 1943.

Casi un año después de iniciada la guerra, el 11 de julio de 1937, después de la cruel persecución sufrida por la Iglesia en la mayor parte de la España republicana, los obispos españoles publicaron una carta colectiva a los obispos de todo el mundo en la que explican su posición respecto a la guerra civil, exponiendo que no están defendiendo un régimen totalitario contra un régimen democrático.^[12] Entre otras cosas decía lo siguiente: