Es un momento de definición en la lucha por la apropiación del excedente, de la plusvalía de los trabajadores y de la defensa por parte de estos de sus derechos.

La actitud de la dirección de la Embraer - independientemente de eventuales desarrollos futuros- de despedir 4 mil trabajadores, toca cuestiones de fondo para Brasil. En primer lugar, el derecho al empleo, que no puede estar subordinado a los vaivenes del mercado. En segundo lugar, coloca en el tapete la vulnerabilidad de las empresas que centran su producción en el mercado externo.

El derecho al empleo formal es un derecho fundamental, que tiene que ver no solo con la garantía de subsistencia de la gran mayoría de la población - que vive de su trabajo. Tiene que ver también con la identidad, con la ciudadanía, con la autoestima, con la posibilidad de organización, de apelar a la justicia. En fin, es un derecho esencial, aunque las constituciones acostumbren a dejarlo en un lugar subalterno, por ejemplo, en relación al derecho de propiedad. Este aparece como un derecho esencial, cuando en verdad se relaciona con el derecho de las minorías a tener la propiedad de grandes empresas, grandes extensiones de tierra, grandes propiedades inmobiliarias y de acumular riquezas a través de éstas.

Empresas, como la Embraer, que tuvieron enormes ganancias en años recientes, que se valieron de préstamos de bancos públicos – como el BNDES -, se aprovechan del cambio de la coyuntura económica para colocar todo el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores. Alegan la retracción del mercado internacional, pero eso ha sucedido porque no trataron de diversificar su mercado, ya sea dentro del Brasil como en los países vecinos.

No debe haber préstamos de bancos públicos, exenciones tributarias o ningún tipo de ventajas para empresas privadas que no tengan, al menos, como contrapartida, la garantía del nivel de empleo. El enfrentamiento es central en el neoliberalismo entre mercado versus derecho. El neoliberalismo es una máquina de expropiación de derechos: transforma lo que era un derecho – como educación y salud pública – en mercadería, a la que tiene acceso quien tiene recursos para comprar. Hace lo mismo con el derecho al trabajo, que pasa a depender de la arbitrariedad de las empresas, de las ganancias y de los planes de inversiones que estas tengan.

La llamada “flexibilización laboral” – uno de los embelesos del gobierno de FHC – representa la precarización de las relaciones de trabajo, en que el capital contrata cuando quiere, de la forma que consiga, por períodos determinados, a un contingente de trabajadores, sin necesitar pagarles indemnización cuando los despide. En que, directa o indirectamente, los trabajadores pierden el contrato de trabajo, los derechos de un vínculo de empleo tutelado por normas formales, regidas por la justicia laboral, a la que los trabajadores puedan apelar en defensa de sus derechos. A esa situación el neoliberalismo relegó a la mayoría de los trabajadores de nuestros países.

Uno de los aspectos más positivos del gobierno de Lula fue el aumento creciente de los empleos formales, que restablecen al trabajador como ciudadano, es decir, como sujeto de derecho, aunque en gran proporción sean empleos sin mayor calificación. Se evita lo peor, que es el abandono, la incertidumbre absoluta, la ausencia total de cobertura jurídica y la imposibilidad de organizarse.

Porque, especialmente en momentos de crisis económica, las contradicciones se agudizan. Las empresas quieren disponer del derecho a desemplear a los trabajadores, sin ningún respeto al derecho de estos. Se consideran víctimas de la crisis y tratan de pasar el peso a los trabajadores, cuando acumularon riqueza en gran cantidad en el momento de expansión de la economía, sin compartirla con los trabajadores. Quieren dividir los costos, sin haber dividido las ganancias.

Es un momento de definición en la lucha por la apropiación del excedente, de la plusvalía de los trabajadores y de la defensa por parte de estos de sus derechos. Se estrecha la base material, la riqueza producida, “quien puede más llora menos” – como dice el dicho popular. El gobierno tiene que tomar posición del lado de los derechos de los trabajadores y no del lado de la búsqueda ilimitada de ganancias por parte de las grandes empresas. Tiene que condicionar en todos los ramos que sea posible la producción para el mercado interno, seguir con los procesos de distribución de la renta, que inducen al consumo interno de los bienes y los servicios producidos.

Lo que está en juego es la prioridad de los derechos – que afectan a la gran masa de la población, como el derecho al empleo formal – o el reinado del mercado, que sólo lleva a la concentración de la renta y a crisis, como esta, producida en el centro del capitalismo y transformada en global por sus efectos. Mostrar que estamos en mejores condiciones que otros países para resistir a ésta, es también mostrar que sabemos defender mejor los derechos de la masa trabajadora, que produce las riquezas del país.

Traducción Insurrectasypunto

Texto original en portugués: www.cartamaior.com.br / Texto en español: www.insurrectasypunto.org