Por: José Vicente Rangel
Fecha de publicación: 16/03/09
 
 
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Aquí nadie se chupa el dedo. Grupos económicos vinculados a la oposición; empresarios que no cumplen con su rol específico y se empeñan en politiquear, pretenden pescar en río revuelto después del referendo del 15F.

Junto con algunos sectores de oposición magnificaron el resultado electoral del No, forzaron su interpretación, y creyeron que estaban dadas las condiciones para poner en marcha el plan desestabilizador que siempre tienen en cartera. El resultado de la enmienda fue bueno para la oposición en el plano cívico, pero no da para aventuras. Sin embargo, quienes se caracterizan por no aceptar las reglas del juego democrático tiraron otra vez la parada. La fatalidad los condena a repetir errores, los mismos del 11A, del sabotaje petrolero y el paro empresarial de diciembre de 2002, y enero y febrero de 2003. No se percatan de que el país no se presta a locuras, y a lo más que llegan los venezolanos contrarios a Chávez es a manifestarse a través del sufragio. No entienden esos sectores que extrapolar una votación; pretender que con su resultado se desestabilice al Gobierno, es una torpeza inaudita. Olvidan, además, que Chávez aprendió las lecciones del pasado y que no está dispuesto -lo ha dicho en todos los tonosa repetir las inhibiciones y vacilaciones en que incurrió en anteriores episodios. El "golpe arrocero", que está en la misma línea del "golpe petrolero" -con menos fuelle, lo cual se convierte, prácticamente, en caricatura-; es decir, el intento de desatar la desestabilización propiciando la escasez y la especulación, era el objetivo. O mejor, el primer paso para provocar situaciones similares en otros rubros de la alimentación popular.

El Gobierno nacional tiene la obligación de garantizar que el mercado esté abastecido y combatir la especulación. Para eso cuenta con apoyo legal suficiente y el respaldo de la colectividad. Aquellos que hablan de abuso cuando el Estado actúa para conjurar la sedición enmascarada -y sus impredecibles alcances-; cuando hay claros indicios de que se gesta una situación igual a la que vivió el país hace 6 años, con la preparación de protestas por parte de sectores de la oposición e intentos por captar militares, al Gobierno no le queda otro camino que actuar a tiempo para abortar la amenaza. La ley está hecha para respetarla y la autoridad está obligada a hacerla cumplir. Dejar que la aventura cobre cuerpo en medio de la impunidad, como ya ocurrió cuando los preparativos del 11A, los militares alzados de Plaza Altamira y el golpe petrolero y patronal, sería una imperdonable muestra de irresponsabilidad. Por eso es que el comportamiento del Gobierno y la actitud asumida por Chávez, se justifican plenamente.

Uribe-Santos: ¿matrimonio de conveniencia?

Inquietante, por decir lo menos, cuanto ocurre en Colombia. La descomposición de ese país es creciente, tanto de sus instituciones como del liderazgo. De éste sólo se salva, curiosamente, el presidente Uribe quien conserva una elevada popularidad.

No es fácil desentrañar lo que allí sucede. El país funciona con una insólita peculiaridad: el establecimiento de la droga es cada vez más poderoso -derrotó el Plan Colombia-; la delincuencia se desborda y se vuelca sobre los vecinos; la economía funciona en gran medida con recursos provenientes del delito; las instituciones son penetradas por poderosas mafias; decenas de parlamentarios son procesados y la sospecha se extiende a la administración de justicia, altos cargos del Ejecutivo y mandos militares. Pero Uribe levita en la descomposición y engorda en ese clima letal. Los servicios de inteligencia -el DAS- se han convertido en factores criminógenos, tanto es así que el propio ministro de Defensa reclama su eliminación. ¿Pero acaso el DAS no depende directamente de la Casa de Nariño? La impresión es que estamos ante una sociedad dislocada y un Estado fallido.

¿Cómo explicar la relación Uribe-Santos? A cada instante los medios dan cuenta de desencuentros entre el presidente y su ministro. La imprudencia de Santos raya en la provocación por la manera como invade las competencias de otros ministros e, incluso, las del Jefe del Estado. Reiteradamente compromete con inusitado atrevimiento la política interna e internacional del país. En el Departamento de Defensa de EEUU sostiene que hay que acabar con el DAS y, posteriormente, reivindica la doctrina de la "legitima defensa del Estado colombiano" que autorizaría la violación de la soberanía de otras naciones -ocurrió con Ecuador-, con lo cual socava la posición de Uribe de entendimiento con los vecinos. A propósito de este tema, el columnista de la revista bogotana Semana , Antonio Caballero, escribió: "La doctrina de la defensa propia de Santos no es de él, ni de Uribe, ni de Bush y ni siquiera de Israel, su verdadero inventor es Adolfo Hitler". Pero lo curioso es que cada declaración suya, desconsiderada con la autoridad presidencial, suscita suaves reprimendas de Uribe y su ratificación en el cargo.

Uribe tiene fama de ser un hombre de carácter, pero el tratamiento a Santos es con guante de seda. ¿Por qué será? ¿Acaso Santos cobró mucho poder interno, apuntalado en el apoyo del Pentágono, o es que Uribe lo utiliza para decir lo que él no debe decir y hacer lo que él tampoco debe hacer? ¿Matrimonio de conveniencia? Lo cierto es que el dúo se ha convertido en un peligro para la región.

jvrangelv@yahoo.es

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