El Gobierno de Zapatero no va a eliminar la publicidad para garantizar una mejor TVE sino para beneficiar a las televisiones comerciales con una ‘subvención encubierta’ de 600 millones de euros. La reforma de la financiación ayudaría a definir las señas de identidad de la televisión pública si al mismo tiempo se mejorara el servicio (sobre todo la información) y si el Gobierno explicara que es imprescindible para la calidad democrática, que es muy barata y que no es un gasto sino una inversión de gran rentabilidad social como la sanidad y la educación. Pero si el Gobierno (en el que un sector del PSOE pretende, como el PP, privatizar la televisión pública) mantiene esta propuesta y siembra la sensación de que es muy cara y no se puede diferenciar de la comercial, entonces provocará el desmembramiento definitivo de la radiotelevisión pública estatal.

El proyecto de ley para la reforma de la financiación de RTVE es una chapuza, por lo menos por tres razones: plantea la reforma sólo para la pública estatal sin incluir a las televisiones de las comunidades autónomas; cambia el modelo de la ley de 2006 para la radio y la televisión de titularidad estatal (que costó 25 años de negociaciones); y se anticipa a la Ley General Audiovisual (LGA) que debe establecer el escenario completo para poder coordinar las reformas sectoriales y condiciona la financiación del servicio público a la obtención de beneficios de las comerciales y de las operadoras de telecomunicaciones. Es una chapuza, un apaño, otra improvisación.

Si el Gobierno cree necesario imponer nuevos impuestos a las empresas de telecomunicaciones y al resto de televisiones, que lo haga. Pero ese dinero debe ir a la caja general de Hacienda (como pasa con la tasa por el uso del espacio radioeléctrico) y que el Parlamento decida cuánto le corresponde a RTVE. Como a todos los servicios públicos. Por su parte el PP argumenta que no vale la pena pagar RTVE, mientras la televisión comercial es igual y gratis. Ni es igual ni es gratis. Se financia con los ingresos por publicidad. Las empresas nos cobran un poco más por los productos que anuncian en televisión. Pagamos todas las televisiones entre todos aunque no tengamos televisor.

En realidad, el objetivo de la televisión comercial no es ofrecer una buena programación, sino conseguir como sea la audiencia para sus anunciantes. La publicidad es el impuesto que garantiza el negocio (sin rentabilidad social) de las televisiones comerciales.

Si la televisión comercial funciona en la impunidad es porque en España no hay un Consejo Audiovisual para garantizar el cumplimiento de la legislación del sector. Para la pública sí hay controles: supervisión parlamentaria, vigilancia política y administrativa sobre la gestión económica, autocontrol profesional en el pluralismo de la información y derecho de acceso para las iniciativas sociales. El ciudadano podría notar la diferencia si todo lo que acabo de mencionar se cumpliera de verdad.

Lo lógico (democrático) sería que tuviéramos desde hace 20 años una LGA a partir de la cual se hubieran elaborado las regulaciones sectoriales: el modelo público, los negocios comerciales y el acceso social. Pero los gobiernos del PSOE y del PP lo han hecho al revés. Cuando la LGA llegue al Congreso, en vez de marcar las reglas generales para la convivencia de lo público, lo comercial y lo social, le dará una cobertura formal a lo que se ha ido imponiendo, mediante leyes, decretos y reglamentos. Fruto de pactos y negociaciones de los gobiernos con los grandes grupos de comunicación fuera de la democracia parlamentaria.

Según el discurso (que no la práctica) de la UE, asumido en España, la televisión pública debe ser garantizada como condición indispensable para la calidad de la democracia, el negocio de las televi- siones comerciales debe ser controlado cultural y económicamente y las televisiones comunitarias deben facilitar el acceso de las iniciativas sociales para, en conjunto, establecer un equilibrio de información, entretenimiento y participación.

Pero aquí se ha hecho lo contrario. Al desprestigio del servicio público por la gubernamentalización de la información se le ha añadido la jibarización de RTVE con un ERE para la mitad de la plantilla, precarización laboral y profesional, reducción de su proyección internacional y externalización de la producción de informativos y programas. A la televisión como negocio se le concede una absoluta impunidad, sin controles de calidad, sin limites y transparencia en la propiedad, se facilita su concentración en corporaciones con gran influencia política. Por contra, se bloquea lo social (las radios y las televisiones comunitarias), reduciendo el pluralismo y paralizando el derecho de acceso.

Hay que defender una televisión pública sin publicidad, pero con la financiación estatal necesaria y recuperando su calidad y credibilidad para que se convierta en una referencia informativa no contaminada por intereses políticos y económicos. ¿Por qué no organiza TVE un debate sobre su financiación con partidos, sindicatos y organizaciones sociales junto a representantes de televisiones públicas y comerciales?

J. M. Martín Médem / Periodista, ex trabajador de RTVE y autor del libro La agonía de TVE publicado por El Viejo Topo.

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