En Colombia durante el año 2002 vimos cómo el desconocido senador, entonces perteneciente al Partido Liberal Colombiano, Álvaro Uribe Vélez barría en los comicios y se quedaba con la presidencia del país bajo la promesa de acabar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uribe, quien siendo gobernador de Antioquía había creado las Convivir –semillero de posteriores grupos paramilitares–, creaba en su primer periodo la Ley de Justicia y Paz, con la cual se buscaba reinsertar en la vida civil a estos combatientes.

No transcurrió mucho tiempo para que los colombianos empezáramos a advertir con horror las denuncias sobre los múltiples asesinatos, los casos de personas obligadas por las armas a votar en las elecciones, los más de 1.500 muertos hallados en fosas comunes, las decenas de muertos que participaron en estas urnas, o las confesiones de paramilitares que hablaron de canibalismo o de hornos crematorios para esconder a las víctimas, lo que suma un número sin determinar de desaparecidos.

Pese a estas aterradoras denuncias acalladas por los medios masivos de comunicación, las victorias militares logradas en este periodo contra las FARC y que se celebraban con bombos y platillos, alentaron el crecimiento de su popularidad de manera exorbitante. Fue entonces cuando sus más famosos escuderos empezaron a hablar de reelección aun cuando la Constitución de Colombia emitida en el año 1991 no consideraba tal figura. Para ello muchos senadores de la República adeptos a su mandato encaminaron sus esfuerzos hacia una reforma legislativa que permitiera cambiar la Carta Magna y fue así como el “Doctor Niño”, como lo llamaba Pablo Escobar, se convirtió en el primer presidente reelegido en nuestro país.

Como consecuencia de esta modificación constitucional, el equilibrio de poderes se vino abajo, dado que éste se basaba en periodos presidenciales de cuatro años, y hoy por hoy el presidente nombra al procurador general, al fiscal general de la Nación, a la Junta Directiva del Banco de la República, al Defensor del Pueblo, a los magistrados de la Corte Constitucional, entre otros. Así las cosas, los entes de regulación del poder ejecutivo están en el bolsillo del doctor Uribe.

Vínculos con los paras

Tiempo después advertimos que muchos de estos congresistas que alentaron la reelección, más de 70, hoy se encuentran encarcelados o procesados por su relación con los paramilitares. El escándalo se desató cuando la senadora Yidis Medina declaró que le habían ofrecido dinero y puestos de poder por su voto positivo a esta reelección, lo que salpicó al entonces ministro de Interior Sabas Pretel de la Vega, hoy embajador de Colombia en Italia.

Sin embargo, estas declaraciones y realidades veladas en torno a los vínculos del paramilitarismo con el Gobierno de Uribe no han causado mella en su popularidad y en su capacidad de perpetuarse en el poder. Es así como el pueblo colombiano vive cuatro años más bajo su segundo mandato y el Senado de la República acaba de aprobar un referendo que permitirá a los electores votar por un tercer periodo 2010-2014, aún cuando los escándalos por la anterior elección no se han acallado.

Más aún, se desatan nuevas polémicas en torno a la forma en qué fueron conseguidas las firmas que permitieron el estudio de esta iniciativa ciudadana de referendo por el tercer periodo, situación que viene siendo objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral, entre otros organismos. En esta ocasión las denuncias giran en torno a la violación de los topes de fondos invertidos, la presencia de dinero sucio, fraude procesal, y coacción gubernamental a los congresistas para estudiar el proyecto en sesiones extraordinarias.

Independencia judicial

Una de las últimas y más aberrantes denuncias es la interceptación de los teléfonos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, lo que constituye un grave atropello contra la independencia del poder judicial. Eso sin contar con las amenazas a los hijos de los magistrados o el espionaje a los miembros de la oposición o funcionarios del Gobierno. Por esta situación, el 19 de mayo Augusto Ibañez presidente de la Corte, solicitó la presencia de un relator de la ONU que garantice la independencia judicial en el país.

Como si la situación no justificara la dimisión de cualquier presidente, los bullicios que rodean a su Gobierno van desde denuncias a sus hijos por tráfico de influencias; cargos por asesinato en contra de Jorge Noguera, su director en temas relacionados con inteligencia; ejecuciones extrajudiciales; encarcelamiento de sus familiares por vínculos con paramilitares; incumplimientos en torno a compromisos pactados con la población en situación de desplazamiento de tierras que el ministro de Agricultura quiso entregar a empresarios agrícolas, entre un largo etcétera.

No obstante, este panorama de terror sigue siendo desconocido por el mundo entero y a cambio de ello nuestro presidente recibe elogios como la entrega del premio Cortes de Cádiz a la Libertad y la visita del príncipe de Asturias y su esposa a nuestro país. Esto es algo que nos indigna y que nos hace preguntarnos ¿hasta cuándo tanta impunidad? Esperamos la solidaridad del pueblo español.