El gobierno de Barack Obama está realizando acciones –y omisiones– que permiten poner en duda sus promesas retóricas de aplicar un nuevo enfoque en la política hacia Cuba. A solicitud expresa del Ejecutivo de Washington, la Corte Suprema de Justicia se negó a considerar la apelación de los cinco antiterroristas cubanos encerrados hace más de 10 años en prisiones estadunidenses, a pesar de que nunca antes un recurso legal ante ese tribunal recibió apoyos tan diversos y calificados. Es natural ese respaldo puesto que los cinco reúnen de manera paradigmática los requisitos para ser calificados de prisioneros políticos.

Los antiterroristas fueron condenados sin pruebas en un tribunal de Miami, el lugar más inadecuado de Estados Unidos para dirimir con justicia cualquier asunto relacionado con Cuba y les fue negado el cambio de sede para la celebración del juicio, que ulteriormente llevó a un panel de apelación de tres jueces a declararlo nulo. Asimismo, la petición a la Corte Suprema de anular la sentencia tenía sobrados méritos en derecho y llevaba el endoso de 10 premios Nobel, de muy prestigiosas organizaciones de abogados de Estados Unidos y el mundo, del Senado de México y la Asamblea Nacional de Panamá, así como de centenares de parlamentarios de los más diversos confines, incluyendo tres vicepresidentes del Parlamento Europeo. Anteriormente, un panel de derechos humanos de la ONU dictaminó, en pronunciamiento sin precedente, que el juicio a los cinco no cumplió las normas del debido proceso.

A los revolucionarios cubanos no se les pudo comprobar los amañados cargos en general ni el de conspirar para cometer espionaje en particular: como ellos mismos proclamaron ante la corte, su misión se reducía a informar a Cuba sobre los planes terroristas fraguados por la contrarrevolución miamense. La negativa del máximo tribunal es más notoria porque está fresco el perdón otorgado por la administración de Obama a un dúo –éste sí– de espías israelíes y a su informante, un alto oficial de las fuerzas armadas de Estados Unidos destacado en la oficina del vicepresidente. Al revés de los cubanos, a quienes otro tribunal de apelación liberó del cargo de conspiración para cometer espionaje y por eso ordenó reponer el juicio a tres de ellos, los documentos secretos entregados a los agentes de Israel podían, según medios de prensa, llenar varios contenedores. No hay justicia en Estados Unidos y, por consiguiente, no puede haberla en un sistema de tribunales por demás corrupto y políticamente sesgado, como puede comprobarlo quien lea la historia de ese país.

Ésa es la razón por la que un delito de suma gravedad contra la seguridad nacional puede ser perdonado por las más altas instancias de Washington, simplemente para complacer al consentido Estado judío y al inmensamente influyente lobby israelí. De la misma manera que para congraciarse con la mafia de Miami, Washington capturó a los antiterroristas utilizando información proporcionada por Cuba a la FBI –precisamente como evidencia de las actividades de terrorismo contra la isla desde esa ciudad– y los juzgó y condenó allí en un proceso plagado de irregularidades. Es difícil creer que el gobierno de Obama, al pedir a la Corte Suprema que no considerara su apelación haya tenido otra motivación que hacerle un guiño a esa mafia.

El caso de los cinco es más escandaloso dada la complacencia de las autoridades de Estados Unidos con los terroristas de origen cubano. Mientras la Corte Suprema les niega la sal y el agua a los patriotas, el multiasesino Luis Posada Carriles goza de todas las libertades en Miami y hasta se da el lujo de organizar desde allí un atentado contra el presidente Hugo Chávez. Y no es el único. Es norma que los autores de acciones terroristas contra Cuba disfruten, con todas las seguridades y garantías, las delicias de su plácido refugio miamense.

Obama, cuyo cambio hacia Cuba se ha limitado a derogar las repudiables restricciones de Bush a las remesas y viajes de los cubanoestadunidenses –el bloqueo sigue intacto–, está investido de facultades constitucionales para dar dos pasos que harían creíbles sus dichos de que va a imprimir una tónica nueva a las relaciones con la isla. Puede liberar a los cinco mediante una orden presidencial e instruir al procurador general que acceda a la solicitud de extradición de Posada Carriles presentada por Venezuela. En sus manos está.