La aprobación en el Congreso de la Medida Provisional (MP) 458 es un absurdo. Esta MP, que originalmente visaba regularizar tierras ocupadas por pequeños campesinos ocupantes de tierra en el área de la Amazonia Legal (equivale a 48% del territorio de Brasil), con su actual redacción abre margen para una inversión de valores, beneficiando a quién desmata y destruye. Una vez más diputados federales y senadores consiguen ajustar los intereses de un sector de clase –el de los grandes propietarios, ladrones de tierras públicas de la Amazónia- perjudicando a un posible desarrollo sostenible e inclusivo. Veamos por qué.

La división de los lotes de los campesinos tiene dos categorías. La de los pequeños, de 100 a 400 hectáreas (ha), y a de los medianos, de 400 a 1500 ha. Acordemos que el módulo rural varía de acuerdo con la región del Brasil y su vocación. Para la dimensión amazónica, una extensión de 100 ha es considerada pequeña. Pues bien, con este texto, sobre este pequeño recae la desconfianza del Estado y el titular del lote sólo podría venderlo después de diez años de la regularización de las tierras. ¡Ya para los medianos, que en teoría pueden tener representantes legales (prepuestos, también conocidos como “naranjas” o “testaferros&rdquo, los lotes serían pasibles de venta después de tres años! Para empeorar, en este mismo negociado entran los grandes “ocupantes” a ser regularizados, ocupantes de tierras con más de 1500 ha de extensión. Estos también podrían vender las tierras después de tres años. Si es aprobada la MP 458 como está, queda abierta la puerta para la especulación de tierras robadas. Sinceramente, o el texto tiene problemas desde su origen, o no tiene sentido.

El peor de los mundos, en mi opinión está en el mantenimiento de los artículos 2º, 7º y 13º. Entiendo que esto implica algunos descalabros, tales como: los “ocupantes” regularizados no necesitarán ser habitantes del municipio donde en teoría producirían bienes primarios o la extracción de bienes naturales; las personas jurídicas podrán ser beneficiadas de una ley que originalmente favorecería el modo de producción de base familiar; y por fin, las concesiones de tierras podrían darse sin pasar revista previa ni análisis a los papeles originales. ¡No es sin sentido el que la Medida Provisional ganara el sobrenombre de “MP del robo de Tierras Públicas”!

La complejidad del problema aumenta cuando dimensionamos los valores inmobiliarios y su extensión. Estamos hablando de una área de 64,7 millones de hectáreas de tierra con un valor inicial de la orden de R$ 70 mil millones (cerca de USd 35 mil millones de dólares USA). No se trata de materia de ocasión y sí de una determinación estructural de la Amazonia para las próximas décadas. Por eso mi temor es el de siempre. Si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no veta el texto, veremos más de lo mismo. Es decir, la derrota de la razón de Estado y del bienestar de la nación, siendo todo cambiado por las leyes que legalizan a los ladrones de arriba, fortaleciendo la base aliada del gobierno de turno y su composición de clase.

En el Senado de Brasil, la pesadilla del agro negocio sigue

La noche de miércoles 3 de junio, el Senado de la República dio un aula de análisis político. No fue una lección de actitud republicana, tampoco de defensa de la ciudadanía ni del interés nacional. Lo que se vio fue la materialización de dos conceptos: lo de sobre-representación y lo del eufemismo como arma del discurso. El primer concepto se encuentra en la “sinceridad” de la senadora Kátia Abreu (DEM- estado de Tocantins) que acumula el mandato por el nuevo estado y también es presidente de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA, o sea, el sindicato nacional de latifundistas). El segundo, el eufemismo, se encuentra en las palabras de la “muy noble” senadora, al afirmar que una Medida Provisional de su autoría, la MP 458, va “a dar seguridad jurídica” para la Amazonia Legal.

Para quien tiene como faena y labor el análisis del gran juego del poder en el Brasil, tener un concepto materializado es una oportunidad de demostrar de modo didáctico las telas de relaciones reales y no formales de la política brasileña. El “concepto con carne” se hace patente para un público ampliando las tensiones del ejercicio del mando sin las barreras de un lenguaje refinado. En este negociado, estoy obligado a ser justo. Si hay una bancada que actúa de modo “sincero” son los latifundistas, también conocidos como “ruralistas”.

Este término, “ruralismo”, por sí sólo ya es un eufemismo, pues se remonta a la sigla de la extrema derecha agraria de los años ’80. Para quien no recuerda, la lucha por el ejercicio del derecho constitucional del acceso a la tierra como factor de producción con destinación social, confrontaba en armas con la Unión Democrática Ruralista (UDR). Esta entidad “democrática”, que cayó en bajo perfil los últimos años, da la marca a la bancada de mismo nombre. Esta gente es tan agresiva como los latifundistas soyeros de Argentina y levantan la supuesta bandera “del campo”. Pobre del Martín Fierro, de Quiroga y de los caudillos de antaño. Estos “del campo” son poco o más que vende-patrias que viven de mamar la teta del Estado platense. Pues en Brasil pasa lo mismo. Y la cara dura no para. Fue una de las líderes de la bancada de la agricultura en ancha escala, aplicando el concepto que transforma el alimento en commodity, que escribió el texto de la nueva medida legal.

No hay desarrollo sin preservación

Como se sabe, la medida es polémica y provocó una fractura en la base del gobierno y en la oposición. Por su parte, el presidente ya señala una maniobra para distraer a la mayoría. Dice que la cuenta a pagar por la preservación también es de los países ricos. Aunque eso sea correcto, se aplica en escala mundial y no en la vida cotidiana de la Amazonia Legal y de la biodiversidad brasileña. Cobrar el cumplimiento del Protocolo de Kyoto y actuar de forma incisiva contra la pesca de la ballena por los pesqueros japoneses es legítimo. Pasar la cuenta de una política interna que atraviesa las posibilidades de mantenimiento de la soberanía nacional en la Amazonia, no lo es. No hay control sin sustentación, y el Estado brasileño tiene que asegurar la cobertura vegetal y la biodiversidad en más de la mitad de su territorio.

Al contrario del sentido común y de las ideas difundidas por los grandes medios, no hay conflicto entre preservación y desarrollo. Preservar no es retraso ni costo, pero sí garantía de retorno a largo plazo. Es obvio que dentro del modelo de devastar para la agro-exportación, esto parece una barrera para el desarrollo del negocio. En verdad, lo absurdo para un país es apostar a un modelo que no se sostiene ni asegura los mayores valores futuros. La mayor riqueza de la humanidad en el siglo que viene es la diversidad genética y el patrimonio natural. Así, no hay ninguna posibilidad de desarrollar la Amazonia sin la floresta en pie y el curso de sus ríos. Y lo peor, con la destrucción del medio, los pueblos amazónicos tienden a migrar, hinchando las capitales de la región y aumentando la desesperación social.

Con la MP 458 los senadores fuerzan el país a caminar a través de la misma troja que llevó a la aprobación de las semillas transgénicas a través del hecho consumado. Oficializando el robo de tierras y permitiendo la devastación de la selva, quedamos entregados a la demencia del agente económico devastador e inescrupuloso. El futuro colectivo y la soberanía del país exigen el veto de esta Medida.

Bruno Lima Rocha es politólogo, docente universitario y militante de la FAG