A veces solapado y en otras abiertamente con campañas propagandísticas directas, el robo de cerebros, es decir, de talentos y profesionales graduados en América Latina ha tomado características de epidemia mortal para el desarrollo de esas naciones.

Un informe del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) dado a conocer recientemente en Caracas, Venezuela, indica que América Latina y el Caribe han sido las regiones del mundo con mayor incremento de la emigración hacia los países más desarrollados en los últimos años.

Las cifras resultan económicamente lesivas para esas naciones que con pocos recursos y enormes esfuerzos forman a sus profesionales mientras otras, pese a tener mayor potencial, los sustraen sin costo alguno.

El informe del SELA indicó que entre 1990 y 2007, 4,1 millones de médicos, ingenieros, cibernéticos, matemáticos, arquitectos y otros profesionales latinoamericanos emigraron hacia Estados Unidos y un millón lo hicieron hacia la Unión Europea (U.E.).

Pero, ¿cuáles son las verdaderas causas de esas masivas emigraciones? En realidad son muchas y variadas aunque algunas sean fundamentales.

En primer lugar, aparece la fuerte campaña mediática que hace loas a la sociedad capitalista y que inunda los periódicos y las televisoras mientras obvian los más de 38 millones de pobres en Estados Unidos y los cerca de 40 millones que en esas mismas condiciones se registran en la U.E.

A la vez, las políticas neoliberales y de globalización impuestas desde la década del 80 aumentaron el saqueo y el empobrecimiento de las naciones latinoamericanas e incrementaron el flujo de profesionales hacia países en desarrollo en busca de mejores condiciones de vida. Las compañías transnacionales convertidas en monopolios internacionales necesitan constantemente personal calificado y se convirtieron en cazadores de cerebros por toda Latinoamérica.

Los avances en las telecomunicaciones facilitaron los contactos a favor de esa depredación.

Esto se suma a la política de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea que han puesto en acción programas para extraer a los países pobres sus recursos humanos.

EE.UU. cuyo sistema se halla en una de sus peores crisis económicas, ha sido el impulsor de esa iniciativa, pues para mantener su desarrollo y producción necesita constantemente profesionales ajenos, sin gastar un centavo en sus formaciones.

GREEN CARD

Con ese propósito, la administración de Washington creó el programa Tarjeta Verde (Green Card), mediante el cual utilizando agencias publicitarias en Internet ofrece 50 000 visas al año para que universitarios con experiencia puedan residir y laborar en Estados Unidos.

La promoción de esa emigración, dirigida hacia los profesionales que en las naciones subdesarrolladas cuentan con computadoras y acceso a Internet, se ha convertido en una política oficial de Estado en las naciones del Norte, con incentivos y procedimientos diseñados para ese fin.

Uno de esos ejemplos es la visa H-1B norteamericana que fue aumentando la cantidad de 65 000 a fines de la década de 1990 a 195 000 en 2003 con la finalidad de cubrir puestos en los sectores de alta tecnología, comunicaciones, aeronáutica, etc.

BLUE CARD

En esta competencia de saqueo intelectual, y como una copia al papel carbón de la Green Card estadounidense, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de los miembros de la Unión Europea establecieron la Blue Card (Tarjeta Azul).

Sin simulaciones y para que se conociera el verdadero sentido de esa ley, el ministro de Interior de Alemania, Wolfgang Schauble, afirmó que con la Tarjeta Azul se amplían y refuerzan los derechos de los profesionales extranjeros dentro de la UE con el objetivo de competir con la oferta norteamericana e incluso con la de Canadá.

Algunos políticos y analistas indican que ese proceso tiene su caldo de cultivo en las desfavorables condiciones con que cuentan los latinoamericanos en sus países de orígenes para ejercer sus funciones, pero la realidad es que durante siglos (reforzado en las últimas décadas) esa región ha padecido el saqueo de sus principales riquezas que han ido a incrementar las arcas de Estados Unidos y Europa.

Bajo las condiciones de asedio antes expuestas, entre 1990 y 2007, el número de universitarios latinoamericanos que se instalaron en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creció 155 %.

Las cifras son alarmantes cuando se conoce que en ese tiempo México aportó 1 400 000 emigrantes altamente calificados o que América Central y el Caribe perdieron de esa forma 80 % de sus profesionales.

Según el informe del SELA, Jamaica, Guyana, San Vicente y Granadinas constituyen un ejemplo de esa situación porque los emigrantes tienen a su favor el conocimiento del idioma inglés y en el caso de Haití, del francés.

La formación de un profesional universitario, según sea la carrera o el país de Latinoamérica donde curse los estudios, tiene un costo que estriba entre los 50 000 y 90 000 dólares y en Estados Unidos no baja de 120 000 dólares.

En la investigación efectuada por el SELA se enfatiza que más de 60 % de estos emigrantes no obtienen trabajos afines con su profesión y deben conformarse con empleos no profesionales y menos remunerados. Muchas veces sus sueños de prosperidad se les convierten en una enorme pesadilla.

Mientras los países ricos se alimentan de recursos humanos calificados sin costo alguno, para las naciones pobres queda el amargo sabor de perder a numerosos profesionales que les ayudarían a desarrollar sus economías.

Estados Unidos y la Unión Europea son los culpables de esa política de rapiña intelectual que debe cesar.