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“Quedan uno o dos escalones para que pase toda esta cuestión extraña, absurda y estrafalaria”, aseguraba esta semana Francisco Camps sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de seguir adelante con la investigación sobre los trajes que el presidente valenciano recibió supuestamente de las empresas de la trama de corrupción de la Operación Gürtel. Y en su partido, la dirección nacional en pleno cierra filas en torno a él, comparando los regalos de los trajes con las anchoas que el presidente de Cantabria regala en sus visitas oficiales, apelando a la presunción de inocencia, minimizando la importancia del delito de cohecho impropio del que se le acusa o simplemente guardando silencio. La idea de que vaya a dimitir parece que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza a la dirección del PP.

Trajes con cargo a RTVE
Pero otros asuntos de trajes no provocaron en su día la misma reacción sosegada en el partido conservador. Salvando las distancias entre un escenario y otro, la actitud del PP en este caso podría compararse con la que mantuvieron cuando, en 1988, se supo que la entonces directora del RTVE, Pilar Miró, había comprado unos trajes de representación por valor de cerca de un millón de las antiguas pesetas (unos 6.000 euros) que cargó a los presupuestos del ente público. En aquella ocasión, a diferencia del caso de Camps, sí había facturas, ya que Miró nunca negó los hechos: consideraba que los trajes eran necesarios por el protocolo derivado de su cargo, y su intención era dejarlos en el guardarropa de la cadena cuando se marchara.

Una "obligación" por "dignidad"
Estas explicaciones –que dio en el Congreso de los Diputados a petición de los conservadores, entonces bajo las siglas de AP- no le sirvieron de nada; El diputado popular Luis Ramallo inició una operación de acoso y derribo contra la cineasta, a la que acusaba de un delito de malversación de caudales públicos. Nada más saltar el escándalo, Ramallo exigió su dimisión –que se produjo semanas después y previo pago del importe íntegro de los polémicos trajes- y denunció el caso en los juzgados asegurando que cumplía con una “obligación” que le imponía su “dignidad como español y como político”.

Mantenerse en el cargo era entonces "insostenible"
No sienten ahora esa “obligación” los populares con respecto al caso Camps, pero tal vez las diferencias más acusadas entre su comportamiento actual y el de entonces está en las declaraciones. Frente a la tibieza de ahora, en octubre de 1988 Ramallo no dudó en asegurar que el mantenimiento de Miró en su cargo era “insostenible” puesto que la compra de los trajes le parecía un asunto “muy grave, por el talante que demuestra”. En su opinión, los ciudadanos no estaban “ante una malversación, sino ante un alcance, dado que se están destinando los caudales o efectos públicos a una aplicación para usos propios”. “Ante la existencia de un supuesto de responsabilidad contable, procede dar conocimiento al ministerio fiscal del Tribunal de Cuentas”, exigió en el Congreso el 19 de octubre del 88, y pidió a la Fiscalía poner “en su caso, todas estas actuaciones en conocimiento de la jurisdicción penal, si estima que puede haberse incurrido en delito”.

"Reprobación pública" y "pérdida de confianza"
La Fiscalía no lo consideró así, y sugirió el archivo del asunto, aunque la Audiencia Provincial de Madrid siguió adelante con él. Se pedían para Miró entre 12 y 14 años de cárcel y Ramallo insistía en la marcha de la cineasta “por la reprobación pública de su conducta y por la evidente pérdida de confianza de toda la Cámara, incluido el grupo socialista”. Y la campaña del popular continuó en el Congreso, donde era portavoz de su grupo: “El hecho de que la dimisión [de Miró] esté pendiente de una conversación con Felipe González [entonces presidente del Gobierno] es propio de una república bananera”, acusaba entonces.

"Su amigo Felipe González" y el "tráfico de influencias"
Esta no fue la única ocasión en que trató de mezclar en el asunto al ex presidente socialista: “El único español que no considera condenable la conducta de Pilar Miró es su amigo, Felipe González, y eso es un claro caso de tráfico de influencias, aunque sea afectivo”, declaró el 21 de octubre de aquel año. Al final resultó que tampoco los tribunales encontraron condenable su conducta, y la absolvieron en 1993, dando por buenos sus argumentos.

La contundencia de Ramallo se desinfla
Realmente, para el momento de la vista, la contundencia de Ramallo ya se había desinflado un poco. Durante el juicio, el diputado aseguró: “No vi que Miró fuera consciente de que cometía delito”. Y años después, suspendido de militancia por el partido tras verse involucrado en el escándalo de Gescartera por haber recibido presuntamente costosos regalos de la empresa, incluso llegó a pedirle perdón por aquella campaña. Era tarde, pues la directora ya había fallecido.

Que tenga la misma "dignidad" que Miró
Cuenta la sección El run run de Público que algunos de los diputados más veteranos del Congreso, como el socialista Francisco Fernández Magurán, tienen ahora bien presente este episodio y ya han pedido a Camps que tenga la misma “dignidad” que tuvo Miró para marcharse sin esperar a tener una resolución judicial sobre su caso. No parece que vaya a hacerlo, como tampoco que la dirección del PP vaya a ponerse tan duro como entonces. Esta vez, claro, el damnificado está en casa.