Uno de los mayores problemas de la democracia incompleta que tiene España es la escasa cultura democrática que existe en los rotativos de mayor tiraje del país. Se habla con frecuencia de la escasa calidad democrática de nuestras instituciones representativas, pero apenas se comenta la misma falta de calidad democrática de los medios escritos más importantes de España. Soy consciente de que esta afirmación se verá con extrañeza porque existe una percepción generalizada en nuestro país de que hay diversidad ideológica en tales medios, de manera que en Cataluña, por ejemplo, existe La Vanguardia que, en general, adopta posturas conservadoras, tanto en sus editoriales como en la mayoría de sus artículos de opinión, contrastando tales posturas con las presentadas por otros rotativos menos conservadores, como son El País o El Periódico . Cito estos tres rotativos pero podría incluir un abanico incluso más amplio, añadiendo El Mundo, ABC, La Razón , y otros. Existe, pues, en principio, una diversidad que enriquece nuestra democracia. Pero, un análisis más detallado de los contenidos de estos rotativos muestra que esta diversidad es muy limitada (en realidad, mucho más limitada que en la mayoría de países de la UE-15). Veamos un ejemplo.

A raíz de la conferencia del Catedrático Emérito de Historia de la Universidad de Barcelona, el Sr. Jordi Nadal, dada en un acto presidido por el Rey en Sabadell, conmemorando el aniversario de una asociación empresarial, donde enfatizó que el problema de Cataluña es que había demasiados funcionarios y muy pocos empresarios, aparecieron varios artículos en la prensa enfatizando tales tesis. Su discurso fue publicado en El Periódico, edición dominical (14.06.09), y al día siguiente, el mismo rotativo publicó un informe de dos páginas completas, en el que se mostraban datos que daban pie -según el autor del informe- a una situación alarmante en Cataluña: “ la cifra de funcionarios se está acercando a la de empresarios” (título del informe). El informe señalaba en un gráfico que el número de los primeros llegaba ya a 397.300, una cifra próxima al número de los segundos, 449.300. En la misma página, otro gráfico mostraba que la situación era incluso peor en España, donde el número de funcionarios, 3.029.500, era ya superior al de empresarios, 3.024.900. En la segunda página, personalidades de la sociedad catalana (que daban por ciertas tales aseveraciones) comentaban sobre esta situación y todos coincidían en que era preocupante. Pronto otros columnistas, en otros medios, hicieron eco de tal situación tan alarmante. Así, el columnista de El País , ed. Cataluña, Enric González, escribía, alarmado, en un artículo que titulaba “Funcionarios” (17.06.09) que, tal como había dicho el Profesor Jordi Nadal (al cual citaba), el problema de Cataluña es que había demasiados funcionarios y muy pocos empresarios. Y, como no, Pilar Rahola, en La Vanguardia , añadió su voz a tal coro haciéndose cruces de la excesiva exuberancia del funcionariado en Cataluña y en España (25.06.09).

La realidad no es como se presenta

Una lectura más rigurosa de los datos hubiera mostrado fácilmente el error de tales supuestos. Los datos no muestran ningún motivo de alarma. Todo lo contrario, señalan un problema en sentido opuesto al que aquellos autores subrayan. Comencemos, pues, con los datos. Y lo primero que debe señalarse es que lo que se define como funcionarios no lo son. Bajo esta categoría se incluye a todas las personas que trabajan en el sector público, que son muchos más que los funcionarios. Estos representan sólo el 22% en Cataluña, y el 24% en España, de todas las personas que trabajan en el sector público. Este sector incluye personas que trabajan en los servicios del estado del bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para personas con dependencia, servicios de prevención de la exclusión social, vivienda pública, servicios laborales y ambientales, y servicios de salud pública, así como servicios de orden general como correos, transporte público, policía y servicios de seguridad, y también administración pública. La gran mayoría de personas que trabajan en tales servicios no trabajan con contrato funcionarial, pero aparecen errónea y maliciosamente como funcionarios en aquellos artículos e informes.

Por otra parte, es lógico que el número de personas que trabajan en estos servicios fuera mayor que el número de empresarios y autónomos (que es la categoría que El Periódico adjunta a su número de empresarios). Esta es la situación en la mayoría de países de la UE-15 (el grupo de países de desarrollo económico más próximo al nuestro). El porcentaje de personas adultas (de 15 o más años) que trabajan en el sector público es, en la gran mayoría de países de la UE-15, mayor que dicho porcentaje en Cataluña (8,31%) o en España (9,51%). Así, en Gran Bretaña es un 14,57%, en Irlanda un 12,26%, en Francia un 17%, en Holanda un 16%, en Bélgica un 16%, alcanzando cifras incluso mayores en los países escandinavos: Dinamarca un 26%, Finlandia un 19% y Suecia un 21%, siendo estos últimos países los que el prestigioso Economic Policy Institute , de Washington, incluye entre los más exitosos en la OCDE por su capacidad emprendedora. Tales datos muestran que el problema existente en Cataluña y en España es precisamente el contrario al que aquellos informes y autores señalaban: el sector y empleo público no es demasiado grande. Al contrario, es demasiado bajo.

En cuanto al número de empresarios y autónomos, tanto Cataluña como España tienen un porcentaje mayor de población adulta en tales categorías que la mayoría de países de la UE-15. Así, frente a un 11,29% en Cataluña y un 10,44% en España, Gran Bretaña tiene un 9,51%, Irlanda un 11%, Francia un 6,1%, Holanda un 10%, Bélgica un 8%, Dinamarca un 6,7%, Suecia un 7,6%, y Finlandia un 9,1%. No parece, por lo tanto, que exista una escasez de empresarios y autónomos en nuestro país.

Las voces de izquierda están discriminadas en la prensa mayoritaria

Hasta aquí los datos. Pues bien, envié una carta al director de El Periódico en la que señalaba el error que existía en sus gráficos, mostrando (en una versión reducida) los datos que presento en este artículo. Y no me la publicaron. He vivido durante mi largo exilio en varios países (Suecia, Gran Bretaña y EE.UU.), y no me imagino que si un diario de estos países mostrara datos y conclusiones tan claramente erróneos, se opusiera a publicar una carta al director que corrigiera tales datos. Su no publicación en El Periódico (práctica que se ha acentuado últimamente con el cambio en su equipo de dirección) implica dos cosas: una, que tal diario veta posturas que cuestionan las presentadas en aquel rotativo, y otra, que es igualmente preocupante, transforma aquel diario en un instrumento de mera propaganda política, correa de transmisión del pensamiento liberal, violando los estándares éticos de cómo presentar información de una manera veraz y mínimamente objetiva. Lo que están haciendo no es información, sino mera propaganda liberal. No critico que los medios publiquen artículos que claramente promocionen una cierta línea política. Pero debe denunciarse la sistemática exclusión de voces críticas, y muy en especial voces de izquierda, que están discriminadas en los medios, como muestra el ejemplo citado en este artículo. No ha habido ningún artículo en estos medios a favor de la expansión del empleo en los servicios públicos. Sí, en cambio, han aparecido varios a favor de su reducción.

Una última observación. Soy plenamente consciente de que ninguno de los diarios que he citado de forma crítica publicaría este artículo. Es más, soy también plenamente consciente de que el autor que se atreve a publicar este tipo de artículos pasa a estar en la lista negra de tales rotativos, lo cual explica la falta de denuncias sobre este tipo de comportamiento en los medios, medios que tienen un enorme poder en configurar la opinión de la ciudadanía. De ahí que debiera establecerse una entidad pública, totalmente independiente, que protegiera a la ciudadanía del excesivo poder de tales medios, y que garantizara la diversidad ideológica existente entre nuestra población, diversidad hoy claramente limitada. Todos ellos, por cierto, reciben ayudas públicas pagadas por la ciudadanía. Sin la existencia de esta diversidad mediática, la democracia española permanece incompleta.

Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University