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Jueves, 23 de julio de 2009
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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del textoPartir el texto en columnasVer como pdf 23-07-2009




Como bien sabemos, en el último decenio varios países latinoamericanos han experimentado uno u otro grado y forma de desplazamiento político a la izquierda. Esto ha ocupado a muchos analistas y hoy disponemos de una importante cantidad de explicaciones que, pese a la diversidad de métodos y posiciones, coinciden en sus principales señalamientos sobre los orígenes de ese fenómeno.

Sin embargo, aún tenemos pocas previsiones concretas sobre cuánto más esta tendencia se podrá extender y profundizar o, en caso de revertirse, lo que pudiera sobrevenir en su remplazo. Cuestión que, a su vez, reabre en nueva perspectiva un tema clásico: el de la dialéctica entre reforma y revolución o, más precisamente, el de si se dan o cuándo pueden darse, las condiciones para planteársela en términos reales.

En general se sabe cómo, tras el brutal ciclo de las dictaduras, el reflujo de las rebeliones guerrilleras y la reinstauración de las democracias civiles, sobrevino la ofensiva neoconservadora y la consiguiente imposición de los reajustes “estructurales” resumidos en el llamado Consenso de Washington. Acontecimientos que por otra parte, en el ámbito externo, coincidieron con la crisis y el colapso de la URSS y del autotitulado campo socialista, y los efectos que eso temporalmente le infligió a las certidumbres, el prestigio y la convocatoria de las izquierdas latinoamericanas.

Lo viejo ha muerto, pero…

En ese contexto, nuestros pueblos ‑‑azotados por las consecuencias de la deuda externa, los efectos de la hiperinflación, la escasez de alternativas ideológicas viables y el temor al regreso de los militares‑‑ no obtuvieron las democracias que hubieran deseado, sino apenas las que se les concedieron a través de las respectivas transiciones pactadas entre los generales, los partidos tradicionales, las políticas norteamericanas de la época y las autoridades financieras internacionales. Una modalidad de democracia restringida que, si bien no satisfizo muchas de las expectativas populares, al menos restableció cuotas de derechos civiles, libertades públicas y esperanzas electorales.

Esa democracia, generalmente concebida para regular la rotación entre administraciones oligárquicas formalmente electas, y restringir la participación de opciones contestatarias, fue naturalmente débil ante la ofensiva neoconservadora y las tesis neoliberales que esta implantó. Destinada a administrar políticamente el servicio de la deuda externa y aplicar las reformas recetadas por el Consenso de Washington ‑‑y a controlar sus previsibles efectos sociopolíticos‑‑ hoy la llamamos democracia neoliberal por el contenido de la gestión económica que le tocó implementar.

Por supuesto, las formas, modalidades, grados y calendarios con los cuales esto se concretó en las distintas latitudes latinoamericanas fueron tan diversas como los respectivos casos y procesos nacionales. Por lo mismo, también han sido distintos los correspondientes efectos y secuelas.

No obstante, ya se pueden constatar dos apreciaciones: la primera, que sin tener que vérselas con adversarios de mayor consideración, la ofensiva neoconservadora tuvo hondas y extendidas consecuencias ideológicas, no solo entre las clases dominantes sino también entre las capas medias y la intelectualidad política, empresarial y académica. Frente a los vacíos y obsolescencias ideológicas dejadas por la “caída del muro”, las tesis del consenso de Washington penetraron como lugares comunes en el razonamiento de las dirigencias latinoamericanas, incluso entre las de algunas izquierdas a las que “jaló” hacia el centrismo político.

En Europa occidental, por ejemplo, gran parte de la socialdemocracia buscó conciliar su herencia socialista con las tesis neoliberales, lo que no resultó en “actualizarse” sino en extraviar su propia identidad y programa políticos. Los grandes partidos socialistas europeos que por esa vía se deslizaron hacia el centro no solo perdieron su razón de ser sino también a millones de electores decepcionados, obsequiándole así una nueva oportunidad a las derechas. Sus imitadores latinoamericanos no corrieron mejor suerte.

La segunda, que tras una inicial estabilización macroeconómica, las políticas neoliberales pasaron a generar feroces consecuencias sociales. Aquí no es indispensable volver a describirlas, puesto que hay abundante literatura sobre el tema.

Pero sí conviene recordar que esas consecuencias sociales afectaron negativamente la estructura y cohesión de la clase trabajadora, y enflaqueció sus organizaciones, dado que muchos de sus miembros tuvieron que dispersarse para sobrevivir en la informalidad o la emigración. Asimismo , proletarizó, cambió el perfil ocupacional y redujo la autonomía de distintas fracciones de las capas medias. Al propio tiempo, millones de fugitivos de la crisis rural siguieron migrando a las ciudades, pero ya no para engrosar la clase obrera sino los cinturones de miseria urbana. Eso aglomeró un nuevo actor social que Frey Beto denomina el “pobretariado”.

Con el tiempo, la prolongación de las frustraciones y disgustos provocados por los desgarradores efectos de esas políticas acumularía una creciente masa de malestares e inconformidad sociales, combinados con una flagrante carencia de propuestas y organizaciones políticas capaces de ofrecerles objetivos y canalización. A la postre, esa masa sin cabeza conductora empezaría a insurreccionar ciudades ‑‑Caracas, el Alto, Quito, Buenos Aires‑‑ y defenestrar gobiernos sin disponer todavía de otra alternativa que instituir en su lugar.

Si se me permite una digresión agregaré, por si no bastara la constatación académica de que la doctrina neoliberal es una elucubración ideológica plagada de errores teóricos, que las consecuencias sociales de su aplicación ‑‑especialmente las aplicaciones indiscriminadas, mecánicas y masivas auspiciadas por los organismos financieros internacionales‑‑ demostraron que conlleva prácticas inhumanas, al final de cuentas peligrosas para la estabilidad social y la gobernabilidad que interesan a sus mismos promotores. Particularmente, cuando el “achicamiento” neoliberal del Estado lo priva de los poderes requeridos para subsanar problemas sociales, prever y corregir efectos malsanos, y ejercer la conducción de sus propias poblaciones.

Es decir, en breve la práctica de los postulados del Consenso de Washington no solo evidenció su fracaso con la escasez de éxitos en la arena económica, sino también con la provocación de irritaciones sociales y el cuestionamiento de los sistemas políticos establecidos. Esto es, poniendo en crisis a la propia democracia restringida o neoliberal, incapaz de administrar las consecuencias de la aplicación de dichos postulados. Enseguida de ocasionar una ilusoria y breve primera impresión, lo que el neoliberalismo logró no fue pegarse un tiro en el pie, sino en la mano de empuñar el revólver.

Y ahora, bajo el impacto de la crisis económica mundial engendrada en las grandes instituciones financieras estadunidenses y europeas, hasta los ortodoxos más obsesivos aceptan que la desregulación y la consiguiente falta de supervisión y control del Estado indujeron y aceleraron esa catástrofe. Ahora ‑‑cuando los mercados del Norte siguen al borde del naufragio y millones de trabajadores (y de parásitos) norteamericanos y europeos están al garete‑‑ reconocen los peligrosos efectos de esa prédica, pese a que los latinoamericanos hace años los veníamos exhibiendo y denunciando. Con lo cual ahora todos admiten que finalmente el muro neoliberal también ha caído.

Paradójicamente, nuestras izquierdas hace mucho lo advirtieron a través de una crítica sistemática de las hipótesis y las prácticas neoliberales, y de sus dolorosas consecuencias sociales. Aun así, no por ello dispusieron de lo necesario para elaborar y proponer otra alternativa de pensamiento económico capaz de superar y remplazar los planteamientos neoliberales, como tampoco de lo requerido para prever y sortear la crisis económica mundial, pese a tantos años de anunciar que ella iba a sobrevenir.

En una situación que recuerda la descrita por Antonio Gramsci, el pasado ya muere sin que todavía hayamos producido su sepulturero: el fracaso neoliberal (y el estallido de la crisis) ocurrieron antes de que hubiéramos elaborado un sistema conceptual y operativo idóneo para remplazarlo. Así las cosas, ¿de qué otro sistema conceptual podremos disponer ‑‑y cuándo‑‑ para manejar la crisis e impulsar nuestras propias alternativas de desarrollo ‑‑especialmente ahora que los grandes adversarios del cambio histórico están en problemas‑‑, sin dañar la integración sur‑sur ni retroceder a antiguos aislamientos proteccionistas?

Una crisis del sistema político

De regreso al tema del actual desplazamiento a la izquierda de varios gobiernos latinoamericanos, cabe observar que la mayoría de los estudios disponibles acerca de las consecuencias del neoliberalismo, y de sus incidencias entre los electores en nuestros países, vienen de análisis de género económico y sociológico. A ellos corresponden muchos aciertos. Mas será oportuno añadir algunas apreciaciones sobre el aspecto específicamente político del fenómeno.

Las democracias restringidas ofrecieron un ámbito acotado donde ejercer cierta convivencia social, libertades públicas y derechos ciudadanos. La sustentación económica de ese ámbito generalmente correspondió, en uno u otro grado y forma, a los tranquilizadores efectos iniciales de los “reajustes” neoliberales. Las más de las veces su uso implicó gobiernos civiles débiles y atormentados por el desastre económico legado por los regímenes oligárquico‑militares ‑‑el servicio de la deuda externa incluido‑‑, los respectivos espectros de estancamiento, desempleo e hiperinflación, y el consiguiente apremio por obtener financiamiento externo.

Esos gobiernos nacieron en una trampa, cuyas precariedades y urgencias económicas y políticas fueron impiadosamente aprovechadas por los tecnócratas de las instituciones financieras internacionales y otros agentes financieros extranjeros ‑‑ninguno de ellos democráticamente electo‑‑, destinada a hacerlos asumir los respectivos compromisos y “reajustes”. Aplicarlos no fue cuestión de si nuestros gobernantes eran o no neoliberales o estaban dispuestos a convertirse: aquella no fue una opción voluntaria y quienes se resistieron no tuvieron oportunidad de superar el embrollo.

En el ámbito social y político así acotado, las democracias restringidas funcionaron según lo que alguna vez califiqué como democracias de servicio a la deuda (externa) y gobiernos civiles de administración de la crisis (social). Por lo que se requería diferenciar “la democracia que deseábamos” de “la que nos dejaron tener”, a fin de destacar la necesidad de impulsar movilizaciones y usar los mecanismos disponibles para rehacer esa democracia “real” o realmente existente y lograr “la democracia que queremos”. [1]

Ese género de régimen democrático, como cualquier otro, demanda y genera su propio sistema político, el que le sea más funcional. No aludo con esto solo a la entidad político‑electoral constituida por los partidos, normas, autoridades y calendarios que intervienen en la organización y el financiamiento de comicios y participan directamente en su realización. Más abarcadoramente, me refiero al conjunto mayor e inclusivo de todos los diversos agentes sociales, económicos, institucionales, culturales y políticos que interactúan para constituir el ambiente dentro del cual se forman y rehacen las agendas temáticas, actitudes, corrientes de opinión y liderazgos que sustentan, moldean y le dan determinada conformidad y previsibilidad a las conductas políticas de los principales sectores de la población, conjunto del cual dicha entidad o subsistema político‑electoral es una parte.

Un ambiente que, así, propicia la aceptación, legitimación y acatamiento de ciertos parámetros y reglas del juego ‑‑escritas o no‑‑ dentro de las cuales los contendientes políticos podrán actuar normalmente (en el sentido de que “normal” es aquello que se atiene a la norma), e incluso relevarse entre sí. Lo que debe conseguirse una y otra vez sin desestabilizar el funcionamiento y la continuidad (o re‑producción) del conjunto de la totalidad cultural, social y económica que el sistema político debe reiteradamente cohesionar, administrar y representar.

Como es sabido, para moldear el ambiente social donde se consagran y acatan esas reglas del juego, y donde se moldean las agendas políticas y la conformidad de los comportamientos políticos (en el sentido no solo de moldear y consensuar actitudes y expectativas sociales, sino de desacreditar y marginar todo amago de inconformidad), tiene especial relevancia el control y la penetración de los medios de comunicación. Estos siempre han tenido enorme influencia: desde el poder oscurantista del púlpito en la Edad Media, al de la imprenta en la difusión de las otras formas de pensar y las rebeliones de la Reforma, y el de la prensa en las insurgencias de los siglos XIX e inicios del XX, hasta la irrupción de la radio y la actual hegemonía de la televisión.

Hoy por hoy, los medios más poderosos funcionan como pilares de la dominación sociopolítica, incluso disputándole ese papel a los partidos políticos. Enseguida de cada una de las referidas zancadas del progreso en los instrumentos de comunicación masiva, las clases dominantes han procurado controlar y desarrollar a su manera los medios de mayor penetración. No solo para fines mercantiles, sino también para alinearlos a favor de la consolidación y defensa de los lugares comunes del pensamiento y las conductas sociales que sus propietarios consideran más funcionales para y reproducir el sistema político donde ellos protegen sus intereses.

Esto no significa, mecánicamente, que los medios más poderosos siempre expresan el pensamiento y las preferencias privadas de los prohombres de la clase dominante. Significa, eso sí, que difunden los modos de pensar y los comportamientos que esos prohombres procuran sembrar y consolidar en la cultura política de los demás sectores de la sociedad. De la misma forma, que la frase “la cultura dominante es la cultura de la clase dominante” no significa que la burguesía se afana para que todo obrero piense como un burgués, sino que el burgués educa a su hijo para hacer de él un ejecutivo exitoso, pero al obrero para formarlo como un autómata disciplinado y rentable.

En el caso que nos ocupa, los medios de comunicación son un poderoso instrumento de cultivo y administración de la cultura política correspondiente al respectivo sistema de dominación social. Con este fin, en la prensa y la publicidad, así como en la cultura, la clase dominante reparte los roles y valores culturales e informativos que mejor corresponden a la finalidad de preservar y perfeccionar su dominación, procurando que los demás grupos sociales asuman los comportamientos públicos ‑‑distintos pero complementarios‑‑ que mejor correspondan a la misma.

Privatización y resocialización del sistema

En la democracia restringida ‑‑ya sea esta neoliberal o postneoliberal [2] ‑‑ esto contribuye continuamente al efecto de encarecimiento y virtual privatización de las actividades políticas, sobre todo las actividades electorales. Para lograr implantarse, los partidos, candidaturas y propuestas progresistas están virtualmente forzados a realizar campañas cada vez más costosas, que con frecuencia requieren contratar expertos extranjeros y empresas transnacionales de la publicidad. En muchos de nuestros países, el principal acreedor (y extorsionador) de los partidos y/o los candidatos son los consorcios que dominan la televisión.

Los subsidios estatales destinados a mitigar esa situación, cuando los hay, suelen ser insuficientes y estar sesgadamente distribuidos. Para los grandes partidos conservadores esto no es un problema, ya que como tales cuentan con el respaldo de los poderes económicos dominantes. En tal caso, medios y partidos son dos botones de la mancuerna que adorna la mano de la clase que maneja la batuta. Los contrincantes políticos burgueses se retan en las tribunas políticas pero comparten el café y los intereses en las juntas directivas de las mismas empresas.

Ello tiene efectos sistemáticamente selectivos y excluyentes contra los movimientos sociales y partidos contestatarios, los cuales así quedan obligados hacer esfuerzos desproporcionados para financiar sus actividades regulares y campañas electorales. Eso les plantea el reto de desarrollar procedimientos originales y creativos para hacerle frente a semejante desigualdad de condiciones competitivas.

Este hecho lleva a destacar una cuestión de extrema importancia: la principal necesidad de los movimientos y partidos que representan la inconformidad social y la lucha por lograr cambios de fondo es la de producir una contracultura política que oponerle a la implantada por el sistema existente.

La expansión y arraigo de esa contracultura es quien, llegado el momento, puede dar sustentación a campañas más eficaces, una vez que esa contracultura le posibilita a los sectores populares y medios desarrollar la necesaria independencia crítica frente a las influencias hegemónicas de los grandes medios de comunicación y los demás instrumentos ideológicos de la clase dominante. El desarrollo de esa contracultura le permite a las organizaciones populares plantearse una agenda propia capaz de ganar mayor sustentación social.

El éxito electoral de los movimientos y partidos contestatarios no puede depender de sus limitados recursos publicitarios y comunicativos de campaña, en el mismo terreno donde sus adversarios operan en situación ventajosa. Sobre todo, cuando la obtención de financiamientos de campaña obliga a pactar deudas y compromisos políticos con los donantes de esos recursos, una necesidad que no pocas veces hace mediatizar y hasta derechizar el discurso e incluso las propuestas de campaña, lo que contribuye a diluir tanto la identidad de los movimientos y partidos como la mística de sus seguidores, y a abrirle opciones al oportunismo.

Así pues, en el marco “normal” de la democracia neoliberal no han sido pocos los obstáculos de este género que las izquierdas han debido superar. Incluso así, al cabo de un tiempo en varios de nuestros países las consecuencias de las políticas neoliberales contribuyeron a acumular disgustos e inconformidades sociales que terminaron por desbordar los cauces del sistema político establecido, desacreditado y desautorizado por su ineficacia para responder a las demandas populares y de las capas medias. En diversos tiempos y formas según cada realidad nacional, el malestar y las disconformidades sociales sobrepujaron al sistema establecido, cuestionándolo, desacatándolo y ocasionando los consiguientes efectos políticos.

De antemano, la incapacidad manifiesta de las prácticas políticas tradicionales y de los partidos ya instalados en el sistema ‑‑algunos de izquierda incluidos‑‑ para resolver el malestar social y construir soluciones alternas los llevó, asimismo, a compartir ese descrédito y perder la confianza pública. Después de probar inútilmente unas y otras de las opciones existentes, la mayoría de los electores pasó al escepticismo y el abstencionismo, y a la antipolítica en general, como forma ‑‑más emotiva que racional‑‑ de repudio generalizado a los partidos y los políticos, estigmatizándolos en bloque como cúpulas insensibles a la suerte de la población.

Al cabo, por diferentes caminos las consiguientes explosiones sociales y sus posteriores consecuencias políticas han dado lugar a la elección de los gobiernos progresistas surgidos en los últimos años. No es cuestión de intentar aquí un relato histórico de esos procesos, ya conocidos.

Antes bien, intentando una mirada de conjunto, lo que sí cabe es observar que ese fenómeno se ha realizado a lo largo de dos rutas, que no necesariamente se excluyen entre sí y que en algunos casos se han relevado consecutivamente: primera, esa donde la profundización de la disconformidad dio lugar a sucesivos levantamientos urbanos, capaces de tumbar gobiernos, pero carentes de las propuestas y la organización necesarias para instaurar nuevos regímenes. Segunda, aquella donde el disgusto social llevó a la mayoría de los electores a secundar una opción electoral contestataria del sistema político vigente.

En el primer caso ‑‑como en Caracas, en Buenos Aires, en el Alto y la Paz, o en Quito‑‑ los partidos y dirigencias políticas tradicionales ya no estaban en condiciones de sortear el descontento. La rebelión urbana desconoció, desacralizó e inutilizó al sistema político vigente, y defenestró gobiernos o los dejó en situación precaria. Luego, según las singularidades y vicisitudes propias de cada caso nacional, lo que restaba de la anterior institucionalidad política apenas serviría para organizar un proceso electoral atípico que permitiera cederle el mando presidencial a un candidato contrapuesto al viejo sistema, es decir, un contracandidato u outsider, para evitar el riesgo de perderlo todo.

En el segundo, un sentimiento social de creciente y extendida insatisfacción respecto a las habituales opciones electorales ofrecidas por el sistema vigente, sin desembocar en un estallido civil, viabilizó la progresiva aceptación ciudadana de las propuestas de un movimiento o partido antisistémico o crítico del sistema, como en los casos de Chile, Brasil, Uruguay o Paraguay. Para lograrlo fue necesario invertir larga persistencia y, también, moderar los objetivos y el discurso de esos partidos. A la postre, se instaló un gobierno venido de fuera del sistema político, pero sin experimentar levantamientos urbanos.

La primera variante viabilizó soluciones más radicales, que hicieron posible la opción de revisar y rehacer al sistema constitucional y político‑electoral, como en los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia ‑‑aunque con mayores resistencias y dificultades en este último país debido a las complejidades y contrastes regionales, ideológicos y etnoculturales involucradas‑‑. Por su parte, pese a la fortaleza de la rebelión urbana bonaerense, la difícil definición de un nuevo liderazgo que pudiera orientar el cambio, junto a los obcecados vetos de unas izquierdas contra otras, terminaron por reducir la opción argentina a una variedad del segundo tipo, y moderar sus alcances.

Sin embargo, al cabo es claro que ninguno de esos ejemplos ha dado lugar a una revolución en el sentido clásico del término. Ninguno involucró la toma de la totalidad del Poder del Estado por una fuerza capaz de fundar una nueva formación histórica en remplazo del capitalismo. Entendido que no es lo mismo llegar al gobierno que tomar el Poder, todos esos procesos se resolvieron en cambios de gobierno institucionalmente obtenidos y reconocidos por medios electorales, más o menos en el marco de las restricciones o limitaciones características del sistema político preexistente.

Lo cual también significa que ‑‑dentro de las respectivas particularidades‑‑ la mayor parte de esos nuevos presidentes asumió la dirección del Órgano Ejecutivo sin disponer de las mayorías parlamentarias requeridas para poder ir más allá de cierto género de cambios, ni disponer de control sobre el Órgano Judicial, como tampoco sobre otros poderes reales como las fuerzas armadas, las instituciones financieras o los medios de comunicación. O, en su caso, del gobierno de los estados o provincias federales.

A esto se añade que, pese al colapso ideológico del neoliberalismo y el descrédito del reordenamiento estructural que éste hizo implantar, las reformas neoliberales han quedado como un hecho material ya establecido, o hecho cumplido, difícil de remover: quiérase o no, las privatizaciones están hechas, las reglas macroeconómicas y financieras implantadas siguen vigentes, hay compromisos jurídicos que cumplir, y esas realidades no son fáciles de remover.

Por añadidura, los nuevos gobiernos progresistas, en parte electos por efecto de las consecuencias políticas de las descalabradas secuelas del régimen anterior, a su vez se estrenaron constreñidos a priorizar la lucha contra la inflación y/o a salvar el valor de la moneda y/o recuperar el crédito y/o a mantener la dolarización, etc., etc., para evitar que dichas secuelas colapsaran al Estado. Esto es, constreñidos a rescatar la salud del capitalismo local para impedir un mayor agravamiento de la situación heredada y disponer de recursos con los cuales emprender proyectos de interés social.

En esas circunstancias, más que abrir el camino a un proceso revolucionario, con frecuencia los nuevos gobiernos progresistas han coincidido en tres grandes avenidas en las que han logrado significativa incidencia: la social, encaminada a combatir la pobreza, la exclusión, el hambre y el desempleo y, en la medida de lo factible, a mejorar la distribución del ingreso. La de rescate de soberanía, dirigida a recuperar importantes cuotas de autodeterminación e independencia, y convertir a América Latina en una comunicad de naciones con mucho mayor iniciativa frente a la tradicional hegemonía imperialista. Y la integracionista, orientada a concretarle mayor impulso a los procesos de integración sur‑sur dentro de la región e incluso más allá del Continente.

No obstante, con todo y su indudable valor en el ámbito de la liberación nacional, esto no configura un marco revolucionario, sino uno donde las cosas se pueden hacer mejor desde el punto de vista social y humanitario, así como uno donde se hace más factible recuperar y ampliar las condiciones “subjetivas” y organizativas necesarias para madurar otras aspiraciones colectivas de mayor aliento.

En realidad, se trata de los resultados políticos del malestar social que deslegitimó al sistema político existente ‑‑el de la democracia restringida y neoliberal‑‑ y lo puso en crisis. Una crisis política multiforme que desembocó en la disposición a apoyar candidatos y propuestas antisistémicas pero que, aún así, no conformó situaciones revolucionarias, esto es, no completó ‑‑no podía completar‑‑ los requisitos clásicos de una situación revolucionaria.

Al respecto no cabe menos que preguntarse: ¿estaban (o están) esos pueblos latinoamericanas en condiciones de materializar y defender desarrollos revolucionarios de mucho mayor alcance y riesgo? O, en su lugar, ¿qué más faltaba (y falta) para que eso pueda darse, y en qué medida estos gobiernos progresistas eventualmente podrán contribuir a viabilizarlo? En el lenguaje de los albores de la III Internacional, ¿qué hace falta para que tales procesos de liberación puedan dar pie a procesos revolucionarios?

Creo que el déficit radica en problemas confrontados en el desarrollo de los factores subjetivos y organizativos de las alternativas revolucionarias. Luego de un apogeo de las ideas y sentimientos revolucionarios de los años 60 y 70 del siglo pasado, un conjunto de acontecimientos cuestionó o incluso frustró sus propuestas doctrinarias y sus expectativas.

Por una parte, el deterioro y desaparición de las opciones del nacionalismo revolucionario liderizado por militares [3] , la desestabilización y violenta liquidación del intento democrático de Salvador Allende, y la derrota o desmovilización negociada de las alternativas guerrilleras. Por otra, la reformulación de la estrategia propuesta por China, el deterioro y colapso del ejemplo soviético ‑‑que para muchos aún tenía un valor paradigmático‑‑, la aspereza sectaria del manejo de la diversidad entre las corrientes de izquierda, y la dureza del “período especial” cubano que llevó a mantener la solidaridad con la Isla pero desistir del modelo que ella representó. Y, explotando esos telones de fondo, la potencia y penetración de la ofensiva neoconservadora.

El derrumbe del modelo soviético pudo tener consecuencias liberadoras, al desembarazar las capacidades creativas del marxismo y el socialismo, en unos tiempos en que los pueblos latinoamericanos ‑‑peor sometidos, explotados y empobrecidos‑‑ más requerían nuevas soluciones revolucionarias. Pero ese conjunto de factores acarreó el cuestionamiento de no pocas confianzas y creencias, con un largo saldo de decepciones, incertidumbres y desmovilizaciones.

Aún así, dos lustros después la mayor parte de nuestros pueblos estuvieron listos para rechazar tanto las iniciativas neoliberales como a sus promotores. Mas ese repudio careció de otro conjunto de propuestas de izquierda que pudiera darle sentido y propósito a esa disconformidad. A diferencia de los años 60 y 70, en ausencia de la necesaria contracultura política las demandas se dirigieron más a reclamar la derogación de esas iniciativas específicas que a cuestionar al capitalismo como tal. [4]

En ese extravío intervinieron otros factores, incluso algunos que afectaron a los sujetos sociales de las alternativas revolucionarias. Las reestructuraciones implantadas durante la hegemonía neoliberal dispersaron una parte valiosa de los trabajadores y de la militancia obrera ‑‑eliminados o reformulados los puestos de trabajo, salieron a sobrevivir en la informalidad‑‑ y constituyeron otras modalidades del “pobretariado”. Las capas medias se debilitaron en número y autonomía y una parte de la intelectualidad se vio arrollada por las nuevas dudas, recriminaciones y sectarismos.

No puede escamotearse el hecho de que grandes contingentes de los pobres y desplazados de las ciudades y el campo pasaron a engrosar las clientelas políticas de los líderes y partidos de la clase dominante, unas veces por un mendrugo pero otras seducidas por mucho más que eso. Hoy en varios países latinoamericanos también la derecha dispone de contingentes populares convencidos y organizados.

En el campo ideológico y cultural revertir esa situación no podía ser fácil ni rápido. Tampoco en el campo de la recreación de las conciencias de clase, donde es preciso recuperar la independencia política, la visión del interés colectivo, las opciones estratégicas y la cooperación solidaria de los distintos segmentos del nuevo “pobretariado”.

Revertirla exige tanto renovar propuestas como remozar lenguajes y estilos, exige reformular los objetivos y los correspondientes métodos de actuación popular, en las circunstancias ‑‑esto es, las limitaciones y las oportunidades‑‑ de cada realidad nacional. Las derechas y sus clientelas pueden permitirse el lujo de ofrecer más de lo mismo, empaquetándolo en nuevos formatos. Las izquierdas no. Y menos cuando el sistema político está en crisis y sus ofertas ya no son confiables y, justamente ante una gran crisis económica mundial que desmiente al neoliberalismo pero agrava sus secuelas.

También los partidos son entidades vivas que, en interacción con otros actores del sistema político, en ocasiones crecen, se deforman o engarrotan; que pueden anclarse en las concepciones de una época o crear otras. Se pueden marchitar o relanzar, según dónde, cómo y para qué enraícen en unos u otros campos sociales y opciones históricas, donde pueden perder o recuperar autenticidad. [5]

¿Reforma o revolución? Mientras no dispongamos de propuestas que faciliten desarrollar la necesaria contracultura política y darle efectiva sustentación de masas a una renovada ofensiva revolucionaria, es irresponsable demandar que nuestros actuales gobiernos progresistas asuman ese papel. Ellos no son producto de una situación revolucionaria puesto que el componente “subjetivo” de esa situación no se ha dado ‑‑o mejor dicho, aún no lo hemos generado‑‑. Son efecto de una crisis del sistema político‑electoral, no del sistema general de dominación.

Nuestros gobiernos progresistas pueden y deben contribuir al necesario proceso de formación de conciencia, de expansión y fortalecimiento de la contracultura popular, de organización de los sectores sociales populares y los interesados en cambiar más profundamente la situación y sus perspectivas. Pero no pueden hacer más de lo que pueden las alianzas que los hicieron factibles, ni más de lo que el sistema en su conjunto puede sobrellevar. Si las circunstancias hicieron factible elegir estos gobiernos, no hacer la revolución ¿acaso era preferible votar por la derecha?

Por otra parte, la crisis política que hizo posible elegir estos gobiernos no es irreversible. La esperanza de que nuestros pueblos ‑‑sin haber desarrollado todavía esa contracultura‑‑ seguirán votando por ofertas electorales de uno u otro matiz de las izquierdas puede ser más o menos temporal. Porque ni la clase dominante ni los sectores más reaccionarios del imperialismo están maniatados ni desprovistos de recursos, ni renunciarán a la arena política.

País por país, los grandes medios de comunicación siguen cumpliendo su papel, muchas veces como Estado Mayor de los partidos tradicionales. También la derecha puede crear y recrear vistosos comediantes antisistémicos en la forma y continuistas por su función, como Fujimori o Berlusconi.

La cuestión no es si tenemos o no gobiernos revolucionarios o si ellos deberían cumplir el papel que sus críticos de izquierda no han sabido realizar. Como en su momento bien señaló Rosa Luxemburgo, “la reforma social y la revolución no son […] diversos métodos del progreso histórico que a placer podamos elegir en la despensa de la Historia, sino momentos distintos del desenvolvimiento de la sociedad de clases”. [6]

La formación de momentos más propicios es obra humana. Visto que sus condiciones objetivas están dadas, compete completarlas con las nuevas propuestas que este tiempo reclama, y con ellas sistematizar los trabajos que permitirán masificar la cultura política que pone esa opción en “la despensa de la historia” y la puede hacer sostenible.



[1] . Ver Nils Castro, “¿Es viable la socialdemocracia?”, en Tareas n. 73, Panamá, septiembre-diciembre de 1989. También “Comentario”, en Secuencia n. 18, Instituto Mora, México D.F., septiembre-octubre de 1990. Asimismo “Democracia y democratización real”, en Estrategia n. 107, México D.F., septiembre-octubre de 1992. Además, “De la crisis de a ‘democracia’ a la democratización real”, en Tareas n. 83, Panamá, enero-abril de 1993.

[2] . La crisis y sustitución del neoliberalismo no implica que el modelo de democracia “que nos han dado” o permitido deje de ser el modelo restringido, al menos hasta que nuestra acción política lo reforme y remplace.

[3] . Como los casos de Juan Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia, Omar Torrijos en Panamá.

[4] . Todavía ahora, bajo el impacto de la crisis económica global, son más las voces que piden medidas anticíclicas con sensibilidad social ‑‑defensa del empleo y el salario‑‑ que no castiguen a los ahorristas sino a los banqueros, que las que cuestionan al sistema como tal. Sintomáticamente, lo que se demanda es un adecentamiento del capitalismo, no su remplazo, lo que es revelador de esa inoportuna ausencia de una propuesta alterna renovada y sostenible.

[5] . Ver Nils Castro, “Crisis y reconstrucción de los partidos”, en Reflexiones en un Panamá democrático, Tribunal Electoral, Panamá, 2006.

[6] . Ver Reforma social o revolución y otros escritos contra los revisionistas, Fontamara, México D.F., 1989, pp. 118‑119.

 



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Tags: Rebelión, deuda externa, herencia, tesis, doctrina neoliberal, muro, crisis económica

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