Pasada la primera marea de despiste financiero asociado a la crisis, los dirigentes del sistema financiero español vuelven a la carga poniendo encima de la mesa el enésimo debate sobre la viabilidad del sistema público de pensiones.

Teniendo en cuenta que los sistema de pensiones privados que gestiona la banca han dado como resultado actual una rentabilidad media anual negativa del -1,81 por ciento en los últimos tres años y del -6,37 por ciento en el último año (marzo a marzo), pareciera más lógico que se preocuparan por garantizar la supervivencia de un negocio en el que cada vez aparecen más dudas sobre su función social, pues aunque la rentabilidad para el comisionista siempre sea positiva, no parece que el beneficio de los banqueros debiera ser un criterio fundamental en la política de pensiones.

Pero al parecer la estrategia elegida por los gestores del sistema privado es indirecta: recuperar la confianza de los inversores en fondos de pensiones privados socavando la confianza que pudieran tener los trabajadores en el sistema público. Para ello se saca en los medios a los expertos de turno, para que vaticinen el colapso del sistema de pensiones por entra en un periodo de pérdidas. Parece mentira, pero los mismos agoreros de la inviabilidad del sistema para el año 2020 ya anunciaron que este colapsaría en 1996, 1998, 2000 y 2005. Inasequibles al desaliento, ahora dicen que los problemas parecerán allá por 2020, en una invitación implícita a los trabajadores de hoy para que vayan corriendo a suscribir un plan privado de vejez-jubilación. Tras tantos pronósticos equivocados, parecería lógico que se hubieran buscado otros adivinos más certeros, pero con una lealtad digna de mejor causa, los poderes financieros siguen contando con los mismos intelectuales orgánicos para repetir la misma historia, y los Herces, Bareas, Taguas y el resto del coro siguen una y otra vez con el mismo pronóstico, y a ver si ahora cuela.

Todos los análisis que se nos presentan en la serie “”SS en peligro” son incompletos, además de por razones internas (por ejemplo, aplicar instrumentos de análisis actuarial a un sistema de ingresos y transferencias de tipo fiscal como es cotizaciones y pensiones es absurdo, pues los ingresos, salvo en situaciones de caos, siempre se pueden incrementar mediante una decisión política), porque nunca presentan el asunto en el contexto general del modelo de sociedad que tenemos, y el modelo al que nos encaminamos. En particular, los términos del debate están incompletos si al hablar de las pensiones no se hacer referencia a los salarios, y en el caso concreto de este país, sin referirse también a la vivienda.

En relación con este último factor, en los últimos quince años se ha producido un cambio de radical de modelo. Consideremos la alteración en las expectativas que ha experimentado la población trabajadora en este país. En el modelo anterior, casi todos podían prever su futuro post-laboral con una vivienda en propiedad completamente pagada, y en muchos casos, con una segunda vivienda también en propiedad, y una pensión que siendo muy inferior a sus rentas del trabajo, permitía sin embargo llevar a cabo una vida decente, relativamente cómoda, pues a la pensión se le añade la renta implícita procedente de un alojamiento que no hay que pagar, e incluso de un complemento de rentas al alquilar la segunda vivienda en propiedad.

En este modelo, solo la población anciana sin una vida laboral completa tendría verdaderos problemas. Y de hecho, las bolsas de pobreza se concentraban en este segmento de población.

Pero en los años noventa este modelo de gestión de la vejez ha saltado por los aires, a causa de la enorme inflación del precio de los activos inmobiliarios. Ese verdadero colchón para la vejez que era la inversión en vivienda ya no cumple la función a la que se había acostumbrado la población. El aumento especulativo de los precios, y la falta de actuación de las autoridades públicas al respecto, han dado lugar a que las nuevas generaciones de trabajadores se encuentren en el mejor de los casos entrampados de por vida con el pago de un bien de primera necesidad que no va dejar de pagar ni siquiera cuando se jubilen, y en el peor de los casos, condenados a destinar una parte sustancial de su ingreso a pagar un alquiler, que también tendrán que pagar cuando se jubilen, salvo que se vayan a vivir debajo de un puente, si es que encuentran sitio. Hoy, gran parte de los nuevos pobres son jóvenes.

Por lo tanto, el modelo de rentas que en la transición salario-pensión podía dar por supuesto en muchos casos la existencia de un colchón, ya no es el que funciona. Primera conclusión: la diferencia entre el ingreso del trabajo (el salario) y el ingreso del post-trabajo (la pensión) en el futuro no podrá ser tan radical como ahora, salvo que se acepte socialmente ir a un modelo que incluya un empobrecimiento general de la población jubilada. O dicho de otra forma: en ausencia de un servicio público de viviendas, la desaparición de la función protectora de la vejez de la inversión de los trabajadores en vivienda exige que las pensiones crezcan en un futuro inmediato, es decir dentro de cuatro o cinco legislaturas. Esto, o un cambio en el modelo de gestión de las viviendas que pase por una socialización masiva del proceso de suministro de las mismas, es decir por hacer que las viviendas pasen de ser un negocio inmobiliario-especulativo por un lado y la principal inversión a largo plazo de los trabajadores por otro, a convertirse en un servicio público que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna al conjunto de la población.

Pero las pensiones tampoco son ajenas a los salarios, sobre todo, porque nuestro sistema público de pensiones basado en un modelo de reparto, significa que las pensiones de hoy la pagan los trabajadores de hoy, y las pensiones de mañana, quienes mañana estén trabajando. Y en esta relación, la gran transformación a la que estamos asistiendo no es la evolución de la demografía, como plantean casi todos los estudios encargados por los agentes que quieren expandir el mercado de pensiones privadas.

La evolución de la población está sujeta a grandes variaciones de tendencia en el corto plazo, tanto en términos generales como en lo que afecta a la población activa, pues es la necesidad de mano de obra, y no la oferta de trabajadores, la que va a determinar cuantas personas van a trabajar en un momento dado. Y si aumenta la demanda, siempre existe una forma de aumentar la oferta, bien incorporando más mujeres o más inmigrantes al mercado, como ha ocurrido en los últimos diez años. Como nadie ha podido argumentar que exista un límite ya predeterminado a la capacidad de absorción de inmigrantes en este país, todos los cálculos de ingreso-gasto proyectados sobre la estructura demográfica de hoy son por definición una apuesta con grandes posibilidades de fallar.

Pero lo que si se ha modificado, con consecuencias a largo plazo sobre el sistema de pensiones, es la distribución primaria de la renta. En casi todos los países desarrollados se constata una tendencia a largo plazo a la pérdida de peso de los salarios en el valor añadido. Los trabajadores asalariados han perdido el equivalente al 13% del PIB en participación en el valor añadido respecto a lo que obtenían en 1980, porcentaje representa actualmente más o menos 130 mil millones de euros al año. Ese es el valor del aumento de la participación de las rentas del capital en el producto. Como las pensiones se sufragan con las cotizaciones que pagan los trabajadores (procedentes tanto de su salario directo como del indirecto que liquidan directamente las empresas), el cambio estructural en la distribución del ingreso conduce a una reducción relativa del ingreso por cotizaciones por cada euro abonado en salarios.

Como los salarios relativos son cada vez menores en relación con la riqueza total creada, la aportación unitaria por cada asalariado a las cotizaciones sociales para pagar las pensiones y otros beneficios sociales asociados al trabajo crecen menos que el total de la riqueza social que genera con su trabajo.

Esta es la razón última por la cual desde los sectores favorecidos por el actual reparto del ingreso, se reclama una prolongación de la edad laboral y un endurecimiento temporal del derecho a disfrutar de una pensión pública plena; se trata de que cada trabajador cotice más tiempo, para que se pueda profundizar la tendencia a la distribución del valor añadido vigente en las últimas décadas. Podrá haber buenas razones para prolongar la edad laboral más allá de los 65 años, pero no es aceptable que se plantee como condición para el disfrute de una pensión suficiente para llegar una buena vida cuando se llega a la edad de jubilación.

Una versión más reducida se publicó en Deia 07/07/2009