Activistas contra la guerra de Olympia, Washington, denunciaron tareas de espionaje e inflitración llevadas a cabo por el Ejército en sus grupos, además de recabación de información por parte de la Fuerza Aérea, la Policía federal del Capitolio y la Guardia Costera.

La inflitración parece violar directamente la Ley Posse Comitatus que impide el despliegue de las fuerzas armadas estadounideses para tareas de seguridad interior y podría reforzar los pedidos del Congreso de una amplia investigación de las actividades de inteligencia de Estados Unidos, como las audiencias del Comité Church en la década del 70.

Brendan Maslauskas Dunn le solicitó a la ciudad de Olympia documentos y correos electrónicos acerca de las comunicaciones entre la policía de Olympia y las fuerzas armadas con relación a anarquistas, Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS, por sus siglas en inglés) y Trabajadores Industriales del Mundo (el sindicato de Dunn). Dunn recibió cientos de documentos. Un correo electrónico contenía una referencia a “John J. Towery Segundo”, que los activistas descubrieron que era la misma persona que su compañero activista “John Jacob”.

Dunn me dijo: “John Jacob era de hecho un amigo cercano, por lo que esta semana ha sido bastante difícil para mí. Dijo que era anarquista. Lo conocí hace más de dos años a través de la organización comunitaria y la organización en contra de la guerra en la que yo estaba involucrado en Tacoma y Olympia con otros anarquistas y otros activistas. El estaba realmente interesado en Estudiantes por una Sociedad Democrática. Participó en los grupos Resistencia a la Militarización del Puerto (PMR, por sus siglas en inglés) y Veteranos Contra la Guerra. Conocía a mucha gente involucrada con esa organización. Pero era mi amigo. Andábamos juntos, dábamos talleres juntos sobre democracia directa de base y sobre lucha anarquista. A mucha gente le caía muy bien. Era una persona amable. Era una persona generosa. Entonces fue realmente una sorpresa para mí”.

“John Jacob” les dijo a los activistas que era un empleado civil de la Base del Ejército en Fort Lewis y que compartiría información sobre las actividades de la base que podrían ayudar a Resistencia a la Militarización del Puerto a organizar manifestaciones y protestas contra la utilización de los puertos públicos para el envío de soldados y vehículos militares Stryker a Irak y Afganistán. Desde 2006, activistas de PMR han realizado en varias oportunidades acciones de desobediencia civil, al impedir el acceso al puerto.

Larry Hildes, un abogado que representa a activistas de Washington, dice que el fiscal federal que está a cargo de llevar adelante los casos en contra de ellos, Brian Kipnis, ordenó específicamente al Ejército que no entregara ninguna información sobre sus actividades de recolección de información, a pesar de una orden judicial que lo obligaba a hacerlo.

Es por eso que el pedido de Dunn a Olympia y los documentos que obtuvo son tan importantes.

Se supone que las fuerzas armadas tienen prohibido desplegarse en suelo estadounidense, al igual que espiar a ciudadanos. Christopher Pyle, actualmente profesor de política de Mount Holyoke College, fue jefe de inteligencia de las fuerzas armadas. Reveló actividades de espionaje militar a civiles en la década del 70. Pyle recordó: “En la década del 60, la inteligencia del Ejército tenía 1.500 agentes de civil [y algunos para vigilancia] listos para actuar en cada manifestación de 20 o más personas. Tenían un depósito enorme en Baltimore repleto de información sobre actividades legales de ciudadanos estadounidenses que cumplían con la ley, principalmente que realizaban manifestaciones políticas. Me enteré de esto cuando estaba en el Ejército, justo antes de que fuera relevado de mi cargo, escribí sobre esto luego de que fui relevado, y luego lo invstigué para dos comités del Congreso. Como resultado de esas investigaciones, todo el Comando de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos fue eliminado, y todos sus archivos fueron quemados. Luego, el Comité de Inteligencia del Senado redactó la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978 para poner fin a la vigilancia de comunicaciones electrónicas sin órdenes judiciales”.

Los congresistas Barbara Lee, demócrata de California, y Rush Holt, demócrata de Nueva Jersey, y otros están presionando para que se lleve a cabo una nueva investigación de todas las actividades de inteligencia de Estados Unidos, de la magnitud de las audiencias del Comité Church, que denunció el espionaje generalizado, la desarticulación de grupos legales a nivel nacional e intentos de asesinato de jefes de estado extranjeros, entre otras cosas.

Crecen los pedidos de información y de rendición de cuentas oficial sobre el presunto escuadrón secreto de asesinatos del ex Vicepresidente Dick Cheney, el programa de escuchas telefónicas sin órdenes judiciales del ex Presidente George W. Bush, y el presunto engaño de la CIA al Congreso. Pero el espionaje en Olympia ocurrió ya en el gobierno de Obama (y podría continuar en la actualidad). El Presidente Barack Obama apoya la inmunidad retroactiva de las empresas de telecomunicaciones implicadas en las escuchas telefónicas y ha mantenido vigente la utilización del “privilegio de los secretos de Estado”, de la era Bush. Lee y Holt deberían llevar al Congreso la información descubierta por Brendan Dunn y los activistas de Olympia para que las investigaciones comiencen ya.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español , spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es coautora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recientemente publicado en edición de bolsillo.