Los comentarios de la empresa sueca que dice haber suministrado a Venezuela los lanzacohetes AT-4 presuntamente encontrados en poder de la guerrilla colombiana, son patéticos: “Es fastidioso que las armas caigan en manos equivocadas”, dijo un ejecutivo. Sería interesante conocer qué empresa o país lamenta que las armas producidas por ellos y con las cuales realizan un lucrativo comercio, vayan a parar a manos no menos erradas.

De qué fábricas salen las armas conque los carteles mexicanos de la droga, los narcotraficantes, los sicarios, las maras, los paramilitares, los terroristas y otras fuerzas asociadas a actividades criminales aterrorizan a los campos y ciudades, vulneran las fronteras y hacen ingobernables a los países latinoamericanos. Cuál de los fabricantes lamenta que sus armas se encuentren en poder de las facciones que en una docena de países africanos libran estériles conflictos armados y donde son empuñadas por niños.

La empresa sueca perdió una oportunidad de callar o haber dicho que tal asunto no le concernía, absteniéndose de sumarse al coro con un lamento. Si Suecia y todos los países europeos, Estados Unidos, Rusia, China, Israel e incluso algunas economías emergentes, no se dedicaran a vender armas al Tercer Mundo, estas nunca llegarían a manos equivocadas.

Resulta indecente que para denostar al actual proceso venezolano, se dramatice el hallazgo de tres vetustos lanzagranadas, vendidos hace 25 años a Venezuela y que nada representan entre las decenas de miles de toneladas de armas suministradas por los grandes mercaderes a los países del Tercer Mundo, especialmente a aquellos en los cuales existen conflictos armados, situaciones de ingobernabilidad y graves violaciones de los derechos humanos como es el caso de Colombia.

Más que gestos y lamentos timoratos acerca de una anécdota que pudo ser intrascendente, el mundo necesita una regulación internacional, completa e integral del comercio de armas.. Cuando fabricar y vender armas deje de ser una rama de la economía y del comercio internacional y se prohíba la participación de la empresa privada en ello, el mundo habrá dado un importante paso hacía la paz y la concordia. Del mismo modo que no existen los ejércitos privados, tampoco debiera haber productores privados de bombarderos, tanques, cañones, portaaviones y submarinos.

Además de asesinas, las filosofías armamentistas son absurdas. Hay países que carecen de comida y de mantas para sus pobres y cuentan con arsenales nucleares, emiratos petroleros que poseen más tanques de los que pudieran desplegar en su territorio y aviones a los cuales las fronteras nacionales no les alcanzan para llegar a sus velocidades de crucero, países africanos sin vías de comunicación que compran carros de combate de última generación y naciones poco electrificadas que adquieren sofisticados sistemas de comunicación de uso militar.

Después del petróleo, la actividad económica más lucrativa es la industria armamentista. Tomando en cuenta que las guerras y las agresiones son realizadas por estados, la producción y venta de armas de fuego es la única actividad letal privada que es lícita.

Por ser una prioridad para las grandes potencias, 23 años después de la primera explosión nuclear, en medio de las tensiones de la Guerra Fría, la humanidad alcanzó un Tratado de no Proliferación Nuclear y sucesivamente se han dado pasos para la suspensión de las pruebas atómicas y la limitación de los arsenales nucleares; sin embargo casi 180 años después de que Samuel Colt inventara el revolver y pese a intensas gestiones, es imposible lograr un acuerdo para regular la producción y comercialización de las armas de fuego.

En este caso la ONU no puede ser parte de la solución porque es parte del problema. El hecho de que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China y Francia, sean también los principales fabricantes y vendedores de armas y los proveedores de más del 95 por ciento del armamento adquirido por los países del Tercer Mundo, se alza como el principal obstáculo para la elaboración de una convención mundial vinculante sobre la materia.