El grupo de contrainteligencia (G3), responsable de las 'chuzadas', no aparece en el organigrama oficial del DAS. Sin embargo, y aunque se trataba de una dependencia 'fantasma', sus responsables atendían reuniones semanales en la Casa de Nariño, generalmente los lunes, en las que rendían cuentas de sus actividades a funcionarios y consejeros del alto gobierno.

Pero sus funciones no guardaban ninguna relación con la Agenda de Seguridad Nacional. Su objetivo era "el seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar". Y para hacerlo, no solo infringieron la ley y defraudaron al Estado, sino que de manera activa y sostenida perpetraron crímenes que iban desde "engañar a fiscales para que autoricen interceptaciones haciéndoles creer con diferentes argumentos que es necesario interceptar a X o Y", hasta enviar sufragios y amenazas y montar "estratagemas de guerra" contra las principales voces de la oposición política, los líderes de los partidos de oposición, la Corte Suprema de Justicia, importantes ONG, altos jerarcas de la Iglesia católica y funcionarios de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia.

Es sorprendente cómo el lenguaje consigue disfrazar la realidad y cómo, ante hechos tan escalofriantes, la parálisis se impone. El término 'chuzadas' es un gracejo que ha tenido éxito en distraer la gravísima naturaleza de lo que ha estado pasando: que el DAS se convirtió en una empresa criminal que ha operado como tal por décadas, una estructura que en poco se diferencia de 'la oficina de Envigado', dedicada al sicariato moral, a destruir el Estado de Derecho desde la sombra y que en los últimos tiempos atentó contra la integridad física y moral de los magistrados de la Corte Suprema y de sus familias con el único propósito de impedir la acción de la justicia, y de las fuerzas de oposición, periodistas y críticos de las políticas del Gobierno.

Ese es el ambiente democrático en el que se prepara la pseudodoctrina del 'Estado de opinión': una opinión moldeada por fuerzas oscuras, que han conseguido convertir a las víctimas en las principales sospechosas de su propia desgracia, a la justicia en una amenaza para la seguridad del Estado y a los críticos del Gobierno en auxiliadores del terrorismo..

No estamos hablando de manzanas podridas ni de individuos que delinquen a escondidas. El DAS opera a la luz del día y ha estado vinculado con magnicidios, atentados, toda suerte de casos de corrupción, relaciones directas con carteles del narcotráfico y sabemos también que ha servido los intereses de los grupos paramilitares.

Los hechos son tan graves, que merecerían un decreto de emergencia que permitiera poner en operación una comisión especial de investigación de alto nivel, o merecerían una intervención tan contundente como la que se efectuó en el caso DMG. No sabemos cuán profunda es la podredumbre.

No sabemos cuántas personas están en peligro, a cuánta gente han estado siguiendo ilegalmente, por cuánto tiempo, a quién le han estado vendiendo información, qué pasó con la información que desapareció en los días y meses de debates inútiles, ni qué ha pasado con los equipos ni con los funcionarios que, luego de abandonar la institución, han montado compañías privadas para vender sus servicios.

El Congreso no ha movido ni un dedo. Además de la prensa, que ha permanecido atenta al caso, no se ha creado un movimiento nacional que exija acciones efectivas. Todo gira en torno al referendo reeleccionista. No sorprende tampoco. El gran beneficiario de las actividades del G3 en los últimos años es el Gobierno.