Han transcurrido dos meses desde mi arbitraria detención en este pabellón de "alta seguridad". Actualmente somos 73 internos (de una población de 6.102 presos), los que estamos recluidos en esta área de la Cárcel Nacional Modelo, que bien puede ser considerada una "cárcel dentro de la misma cárcel" alejada de los demás patios y donde sólo tenemos derecho a una hora diaria de sol. Aquí comparto suerte no sólo con comandantes guerrilleros sino, también, con reconocidos narcotraficantes y jefes paramilitares que como "Zeus" y "Niche" están acusados de ser autores de numerosas masacres de hombres, mujeres y niños indefensos. Por fortuna éstos se encuentran en un piso aparte.

Cada vez que traspaso las puertas de esta institución carcelaria para una audiencia o una entrevista con los medios de comunicación, los impresionantes dispositivos de seguridad revelan que soy considerado un reo de alta peligrosidad para las autoridades carcelarias. "El terrorista más peligroso de las FARC" según palabras del mismo presidente Uribe quien me condenó, sin ser escuchado en juicio, y agradeció al primer mandatario mexicano Felipe Calderón su colaboración en mi captura, aún así los jueces de garantías y de apelación insistieron que mi detención se produjo en Colombia.

Resulta un verdadero sarcasmo que mientras el fiscal promete para mí una pena de más de cuarenta años por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas, a los verdaderos criminales, que han sembrado el terror en todo el país, se les ofrece que purguen sus decenas de homicidios en 8 años, a cambio de su confesión, amparados en la política de "justicia y paz". En otros casos, la justicia ni siquiera se ha hecho cargo de ellos y se mantienen en la total impunidad desempeñando importantes cargos públicos o altos puestos de dirección en las fuerzas militares.

En mi expediente no se me acusa de despedazar campesinos con motosierra, ni se me atribuye el asesinato de jóvenes provenientes de sectores populares que luego son presentados como "falsos positivos"; tampoco se me imputan tratos crueles, inhumanos y degradantes contra persona alguna; mucho menos se me inculpa de delitos de lesa humanidad: contrario a ello se me acusa de "instigación al terrorismo" por denunciar estos hechos y de poner de presente la responsabilidad del Estado Colombiano y las Fuerzas Militares en estos crímenes: se me acusa de ser un terrorista por sustentar en mis escritos en los foros públicos, que las FARC es una respuesta histórica a las múltiple violencias del Estado, porque en este país, por decreto presidencial no existe conflicto armado, pese a que número de desplazados por la violencia sobrepasan ya los 4'000.000 de personas.

El hecho que se cite mis actividades académicas como indicios para inculparme, demuestra que se trata de un claro intento de criminalizar un trabajo docente e investigativo incómodo para el establecimiento.

En el pasado estas mismas sindicaciones han sido hechas a destacados profesores universitarios como el sociólogo Alfredo Correa, a quien se acusó de ser un "ideólogo de las FARC"; en esa ocasión las falsas inculpaciones provinieron de informaciones proporcionadas por los mismos organismos de inteligencia del Estado, concretamente del DAS institución que depende directamente de la Presidencia de la República. Pese a que en el proceso jurídico se pudo comprobar su inocencia, al profesor Correa el Estado no le garantizó el derecho a la vida: pocas semanas después de su excarcelación, caía asesinado en las calles de Barraquilla.

Desafortunadamente, esta política de hostigamiento contra la academia Colombiana no es cosa del pasado, por el contrario se ha venido incrementando con la mal llamada política de "seguridad democrática". William Javier Díaz es un ejemplo de ello, integrante del Taller de Formación Estudiantil Raíces (TJER ), que durante más de una década ha desarrollado seminarios de pensamiento social en la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital "Francisco José Caldas", con el apoyo de reconocidos académicos e investigadores, hoy es víctima de un montaje jurídico similar, donde, con base en espurios archivos de un supuesto computador incautado a la guerrilla, se le presenta como un militante de las FARC.

De esta manera el Estado pretende castigar a quienes consideramos que los estudiantes deben estar en contacto permanente con los problemas sociales no solo del pasado sino también del presente; que los futuros profesionales tienen que estar en contacto con las tercas y duras realidades de un país continente que hoy parece despertar tras años de letargo.

La universidad, centro por excelencia de producción y circulación del pensamiento crítico, no puede ceder a esta intimidación, escudándose en una supuesta neutralidad de la teoría, ni refugiándose en la torre de marfil de un conocimiento de expertos ajeno a cualquier compromiso con la realidad social, las libertades del pensamiento y expresión –escribía el profesor universitario y también activista de los derechos humanos Héctor Abad Gómez– "son un derecho duramente conquistado a través de la historia por millares de seres humanos, derecho que debemos conservar. La historia demuestra que la conservación de este derecho requiere esfuerzos constantes, ocasionales luchas y aún, a veces, sacrificios personales".

En Colombia, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ha sido un instrumento de defensa de este derecho, preservando con su lucha el "alma mater" no sólo de los bárbaros que pretenden acallarla recurriendo a la violencia y la amenaza, sino haciendo frente a las políticas neoliberales que buscan asfixiarla presupuestalmente.

La generosa solidaridad que ustedes me han brindado en estos dos largos meses de reclusión, corrobora este compromiso que por décadas ustedes han mantenido en aras de la defensa de la educación superior y coloca de presente que esta lucha no solo es por mi libertad sino por la libertad y el respeto al trabajo científico e intelectual.

Desde estas cuatro paredes que aprisionan mi cuerpo, pero no mi pensamiento, quiero hacerles llegar mi voz de sincero agradecimiento por sus gestos de solidaridad y mi convencimiento de que en esta lucha llegaremos hasta el final, para que en el país el pensamiento pueda circular libremente y no sea amenazado por aquellos insensatos que aspiran revivir los tiempos de la inquisición, condenando a la hoguera a quienes expresamos ideas y opiniones diferentes.

Un abrazo fraternal.

Miguel Ángel Beltrán Villegas