Ante las cíclicas crisis económicas que el sistema capitalista ha enfrentado a lo largo de su historia, las respuestas de los gobiernos han sido siempre las mismas: o se devaluaba la moneda nacional para fomentar la competitividad de los productos nacionales frente a los foráneos e incentivar el consumo interno; o se procedía a la reducción de costes laborales para que desde las empresas se buscaran los mismos objetivos. Pero la crisis económica actual tiene una particularidad para los países de la zona euro: los gobiernos nacionales no tienen capacidad para intervenir la moneda. Solo queda la fórmula de la reducción de costes laborales y que el coste de la crisis se socialice entre toda la clase trabajadora. No es nada extraño que día sí, día también, nos encontremos con nuevos Expedientes de Regulación de Empleo, anuncios de nuevas reformas laborales o amenazas sobre el futuro de las pensiones.

La palabra ERE es el término más habitual de la crisis económica. Estas regulaciones laborales son presentadas por las empresas para intentar reducir los costes laborales alegando plantillas sobredimensionadas, caídas en las ventas o, simplemente, no haber alcanzado el nivel de beneficios previstos. Pueden ser Expedientes de Extinción de empleo (despidos colectivos) o suspensiones temporales de empleo. Pueden afectar a departamentos específicos o edulcorarse vinculando al personal de más edad. En todos los casos deben ser aprobados por la Administración, bien la Comunidad autónoma o el Ministerio de Trabajo, toda vez que los trabajadores afectados pasan a engrosar las filas del paro y cobrar de los fondos estatales.

Antesala del despido

En el estado español, en el primer trimestre de 2009, se registraron 4.660 ERE’s de los que 4.187 fueron pactados con los representantes de los trabajadores. De ellos, 1.163 fueron Expedientes de Extinción de Empleo, afectando a 17.963 trabajadores; y 3.024 fueron suspensiones temporales de empleo, afectando a 157.807 trabajadores. Pero las estimaciones gubernamentales hasta diciembre de 2009 apuntan a que un total de 617.600 trabajadores se verán afectados por suspensiones temporales de los que 247.000 acabarán siendo despedidos. Todo ello enmarcado en el decreto-ley de medidas urgentes contra el paro en la que se concedía bonificaciones a las empresas que presentaran ERE’s de suspensión.

Es importante tener en cuenta estos últimos datos. Muchas empresas aprovechan, en primer lugar, las bonificaciones por aplicar suspensiones temporales, para acabar con despidos definitivos. Es decir, la suspensión temporal suele ser la antesala de la extinción definitiva del empleo y debe ser una cuestión muy a tener en cuenta en la negociación por parte de la representación de los trabajadores y la aceptación desde la Administración. La crisis no solo está afectando a las economías familiares sino que, además, la están aprovechando para deshacerse de trabajadores ‘molestos’ bien por su edad, su filiación sindical… Son continuas las reestructuraciones organizativas en las empresas que buscan, tras un período de sacudidas, que los trabajadores objeto de Expedientes de Regulación queden agrupados en departamentos a externalizar o extinguir; o el abuso del régimen disciplinario, en muchos casos contra los representantes de los trabajadores que se oponen a los planes de las empresas, y que acaban siendo despedidos o expedientados y facilitando, de paso, la ejecución de esos planes con representantes más maleables.

Las continuas contrarreformas laborales, el empeño por fomentar el empleo en base a contratos precarios, la escasa creación de empleo estable, el empuje hacia el consumo basado en el crédito… se ha topado de frente con la crisis económica que está dejando a su paso una clase trabajadora hipotecada por los bancos, con más de cuatro millones de parados de los que el 25% no obtiene ningún tipo de ayuda social. De ahí la resistencia de muchos trabajadores a ser relegados a las colas del paro. Uno de los ejemplos de resistencia, pero a su vez de cómo la legislación favorece a las empresas, es el de UPS de Vallecas (Madrid) que tras más de un año oponiéndose al expediente para 200 trabajadores, el pasado 19 de febrero el Ministerio de Trabajo lo rechazó. Pero la empresa ha vuelto a presentarlo pasados los 90 días que establece la ley y los trabajadores se han visto obligados a reiniciar el periodo de movilizaciones que para Rosa Torres, del comité de huelga, solo «pasa por la unidad de la asamblea de trabajadores, sacar el conflicto a la calle y confluir con otros trabajadores y sectores en lucha».

Otro de los conflictos que se vive en Madrid es el de los trabajadores del diario ABC. A pesar de ser el único medio de comunicación que aumenta sus ventas (más del 4% en el mes de abril), la dirección presentó el 3 de marzo un ERE que afectaba a 238 trabajadores, el 52% de la plantilla. Se alegaban pérdidas económicas cuando la realidad es que el grupo Vocento, dueño del medio, ha ido descapitalizando el diario y ha obtenido 35 millones de euros de beneficios en 2008. A mediados del mes de mayo se prorrogaba su resolución por segunda vez y Moisés del Hoyo, miembro del Comité de empresa, nos mostraba su preocupación porque era «…pública la relación entre la presidenta regional y los directivos del grupo Vocento (&hellip y que para los partidos políticos los medios de comunicación son herramientas de transmisión social muy importantes. Por eso es previsible un cierto favor a la empresa por parte de la CAM». La Comunidad se inhibió del caso dejándolo en manos del Ministerio de Trabajo. Finalmente, el Expediente ha salido adelante con el despido de 133 trabajadores.

Expedientes encadenados

Los trabajadores de Sanitarios Roca de Alcalá de Henares conocen bien como un ERE suele ser el precedente de otro peor. El 19 de enero comenzó un periodo de consultas para tramitar un ERE ante la autoridad administrativa competente para proceder a la suspensión del contrato y reducción temporal de jornadas para 1.990 trabajadores. Se trata del cuarto Expediente de los últimos años ya que el primero afectó a 48 trabajadores de la planta de Gavà, el segundo a 128 de Alcalá de Henares y el tercero a 191 de Bellavista en Sevilla. Sin embargo, Roca tiene factorías en más de 50 países y unos beneficios netos entre 2004-07 de más de 550 millones de euros. Para Javier, sindicalista del Colectivo Obrero Popular y miembro del comité de empresa, «los expedientes son injustificados y oportunistas porque buscan la reducción de costes laborales y que sean financiados por los fondos públicos».

Caso parecido es el de Frape-Behr, empresa que se dedica a fabricar componentes automovilísticos en Barcelona, que enfrentó un ERE en 2008 que afectó a 90 trabajadores y recientemente la empresa ha presentado otro para 210 de los 370 con los que cuenta la planta. En aquella ocasión la Generalitat del tripartito aceptó el Expediente y los trabajadores se encerraron en la planta paralizando la producción lo que les costó, además, 6 despidos disciplinarios. Según nos cuenta Jesús, del comité de empresa, «la empresa tiene grandes beneficios y una gran expansión mundial con plantas en Chequia, Eslovaquia, Brasil, México, Polonia o China y lo único que pretende es abaratar costes con la deslocalización y, de paso, castigar a plantillas como la de Barcelona que ha conseguido grandes logros en las negociaciones de los últimos convenios colectivos».

O el de Iberia, una empresa pública privatizada que se lanzó en su momento a aventuras inciertas con la compra de Aerolíneas Argentinas y que, a pesar de los beneficios, trata de ajustar costes. En ese sentido, la plantilla soporta un Expediente desde el año 2001 y que se ha ampliado hasta la actualidad a base de jubilaciones anticipadas a los 58 años y que afectó a alrededor de 3.000 trabajadores. No satisfecha, la empresa ha vuelto a plantear en el mes de mayo un nuevo ERE para el 10% de la plantilla, unos 2500 trabajadores, que irían al paro de forma temporal durante 10 meses. Sin embargo, Carlos Piñeiro, de CTA, nos informa de que los trabajadores «han comenzado movilizaciones por la falta de personal, la pésima organización, las deficiencias en el mantenimiento del material o la intención de la empresa de deshacerse del handling para que sea ofrecido por empresas externas y poder justificar una bolsa de trabajadores sobrantes». Y las noticias sobre la venta de Iberia sobrevuela sobre las pistas.

Los trabajadores de Naval Gijón han tenido que luchar por sus derechos una vez despedidos de la empresa. Durante el mes de mayo han estado encaramados en las grúas de los antiguos astilleros para exigir los avales para el pago de sus sueldos hasta la jubilación tras un Expediente de Regulación de Empleo que afectó en 2005 y 2008 a 125 de ellos. El 31 de mayo estaba fijado el cierre definitivo del astillero y tras 21 días de encierro consiguieron ese aval sin el que nadie garantizaba sus sueldos tras las promesas en la firma del ERE.

Fraude al erario público

Si hay un sector en el que ha caído el empleo es el de la construcción. La crisis inmobiliaria ha sido uno de los detonantes, junto a la financiera, de la crisis económica y se ha notado mucho más en la España del ladrillo y el hormigón. Pero se trata de un sector con una tipología de trabajo precario (hasta fin de obra), de empresas pequeñas, casi familiares, y copada prácticamente por trabajadores inmigrantes, en muchos casos sin ningún tipo de legalización. Con esos parámetros es complicada la organización para oponerse a los expedientes en un sector que ha obtenido sumas millonarias de beneficios. Por eso llama la atención las movilizaciones de los trabajadores de la empresa Controlex que se han hecho ver por las calles de Madrid. Desde la Asamblea de Trabajadores nos informan de que en 2008 ya se puso en la calle al 65% de la plantilla mediante la no renovación de los contratos y que ahora pretende un expediente de extinción de empleo para sustituir a los trabajadores por otros con menos sueldo y contratos hasta fin de obra. «Nos han amenazado y llevamos tres meses sin cobrar porque pretenden que sea el Fondo de Garantía Salarial quien se haga cargo de las deudas con los trabajadores. Un fraude para nosotros y una estafa para el erario público», nos comentan desde la Asamblea de Trabajadores.

La automoción comenzó su propia crisis antes de tiempo y ya en SEAT de Barcelona en 2006, la dirección presentó un ERE para 660 trabajadores que se cebaba, precisamente, en sindicalistas ‘díscolos’, mujeres o discapacitados. Ahora es el turno de Nissan que en su planta de Ávila mantiene a la totalidad de los trabajadores en un ERE permanente desde el verano pasado. Tres han sido los expedientes que afectan a sus 654 trabajadores con una suspensión temporal de empleo: el primero de 17 días, el segundo de 46 y el que viven ahora de 154 días, más de la mitad del cómputo anual de horas. En voz de Óscar, del comité de empresa, «el futuro de la planta está en el aire toda vez que la dirección no ha decidido una carga de trabajo para la fábrica abulense. La Ford de Valencia trata de enviar al paro desde mayo a diciembre a 11.000 trabajadores con el 50% del salario, algo ya aprobado por la Generalitat valenciana; Peugeot-Citröen trata de deshacerse de 2.710 trabajadores de su planta de Madrid; O Iveco, que pretende despedir a 1.024 trabajadores de los 2.041 con los que cuenta en Madrid y el resto soportar una suspensión temporal. Esta medida supondría la destrucción de otros 3.000 puestos de trabajo de manera indirecta. En la planta de Barcelona 90 trabajadores, de 238, están avisados de una suspensión temporal.

Los trabajadores de la siderurgia también están siendo afectados por los ERE’s. Recientemente, el Ministerio de Trabajo ha aprobado un Expediente temporal en Arcelor-Mittal para 12.000 trabajadores con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y que se puede ampliar hasta el 1 de junio de 2010, afectando a centros ubicados en 16 comunidades autónomas. Los trabajadores regulados cobrarán el 90% de su sueldo. La empresa es el mayor productor siderúrgico mundial y las razones del expediente están en que en el primer trimestre de 2009 había perdido 819 millones de euros; pero pocos recuerdan que en ese período de 2008 sus beneficios llegaron a 1.582 millones.

ERE's de empresas con beneficios

Telefónica Móviles presentó un ERE antes de su integración en Telefónica de España para 500 trabajadores durante el verano de 2008. La fusión de empresas duplicaba puestos de trabajo y ese era el motivo presentado para un expediente voluntario y dirigido a los de más edad, aceptado por el Ministerio entonces dirigido por Corbacho y en el que se evidenció la posición de fuerza de las multinacionales sobre los gobiernos nacionales, toda vez que el ministro salió a la palestra pública para vociferar que no se admitiría ningún expediente de empresas con beneficios. Un mes después firmó la aceptación del ERE en medio del mayor de los mutismos y que afectó, finalmente, a 400 trabajadores.

En el sector de la alimentación ha sorprendido el expediente presentado por Lácteos Pascual para sus plantas de Lugo y Aranda de Duero y que afecta con la extinción de contrato a 225 empleados de un total de 3000, la mayor parte de la planta gallega. Para la dirección de la empresa, se trata de una «inevitable medida puntual».

Por otro lado, la crisis también está siendo utilizada para recortar más los derechos de los trabajadores y que fueron ganados a pulso durante décadas. La firma de convenios colectivos a la baja es lo común, con reducciones salariales, rupturas de las tablas retributivas, aumento de jornadas, aceptación de contratos esclavistas… todo ello bajo los distintos paraguas de las continuas reformas laborales ratificadas por gobiernos y agentes sociales y la absurda convicción de que para luchar contra el paro la mejor medicina es abaratar el despido.

La clase trabajadora ha sufrido una verdadera ofensiva desde que en 1979 se aprobara el Estatuto de los Trabajadores. Las sucesivas reformas laborales de 1984, 1994, 1997 y 2002 han conseguido desregular las relaciones laborales y facilitar el despido, curiosamente con el pretexto de luchar contra el paro y reducir la temporalidad. La amenaza de una nueva reforma laboral, más bien se debería llamar contrarreforma, pende sobre todos los trabajadores, una vez visto el cariz que tomaron las anteriores. Y cierto, es necesario una reforma, pero de signo contrario, que prohíba los contratos temporales si se quiere reducir la temporalidad y precariedad; y que obligue a la readmisión en los casos de despidos improcedentes tras sentencia judicial si la patronal cree que 45 días por año trabajado es demasiado caro.

La cuerda se aprieta sobre el cuello de la clase trabajadora con la continua amenaza de la reforma de las pensiones y la vigencia de los Pactos de Toledo. Medidas que, en último término, tratarán de reducir las pensiones de jubilación. Un círculo perfecto que comienza con la contratación basura, la destrucción de derechos laborales, la expulsión del mercado laboral de aquellos que han conseguido avances para terminar con jubilaciones precarias.

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