Si hay algo que debe quedar meridianamente claro, a base de la experiencia habida durante los primeros siete meses del gobierno de Barack Obama, más allá de la retórica democrática, éste ha optado en última instancia por presidir el proyecto imperialista estadounidense.

La tradición imperial estadounidense siempre se ha revestido, en el fondo, con ropajes democráticos. Es la ya notoria política del garrote y la zanahoria, por un lado hablando suavemente y, por otro lado, esgrimiendo el garrote. Sus invasiones, ocupaciones o agresiones militares siempre se han hecho en nombre de la libertad, sea la del pueblo que es víctima de la acometida o la del pueblo estadounidense. De ahí, por ejemplo, la expansión de la guerra en Afganistán, los ataques aéreos sobre el territorio soberano de Pakistán, las ejecuciones extrajudiciales de enemigos, la pretensión de justificar la detención indefinida de presos sin garantías del debido proceso de ley o la esencial continuidad de la guerra y sus propósitos expoliadores de los recursos naturales en Irak. Incluso, en los casos de las operaciones militares en Irak, Afganistán y Pakistán, se sigue justificando las muertes de civiles inocentes como “daños colaterales”.

La política exterior del gobierno de Obama ha sido esencialmente la misma seguida bajo la segunda administración de George W. Bush, sugiere el prominente intelectual estadounidense Noam Chomsky: “Es una continuación de las mismas políticas…No hay indicación alguna de que Obama vaya a cambiar estas políticas. De hecho en algunas instancias él ha tomado una posición más agresiva, como con Afganistán y Pakistán”. Y añade: “Se reducirán el número de violaciones más extremas a la ley y a la constitución, llevadas a cabo por la Administración Cheney-Bush; como las torturas en Guantánamo o la vigilancia ilegal, pero prácticamente cualquiera de los candidatos, incluso McCain, hubiese hecho lo mismo. Esta administración será menos confrontacional con el resto del mundo, pero va a seguir las mismas políticas”.(1)

Otro ejemplo de la continuidad de las políticas imperiales es la controvertible expansión de la presencia militar estadounidense en Colombia. Ello contrasta marcadamente con la opinión crítica vertida por Obama durante su campaña electoral contra el gobierno colombiano y sus Fuerzas Armadas por sus notorias violaciones a los derechos humanos en el país suramericano.

Apenas, en octubre de 2003, un informe de la Oficina de Contraloría Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) concluyó que el Plan Colombia de lucha contra las drogas no había producido los resultados vaticinados. No sólo no había reducido el problema, sino que la producción de drogas –según confirman datos de la Organización de las Naciones Unidas- se había incrementado, lo que a todas luces hacia imperativo un cambio de estrategia. En fin, el Plan Colombia es un rotundo fracaso. De ahí que el GAO recomendó que se procediera a ponerle fin y pasarle al gobierno colombiano toda la responsabilidad por la continuación de las actividades propias de dicho programa.

Sin embargo, Obama aparece ahora haciendo caso omiso de las recomendaciones del cuerpo fiscalizador estadounidense. Incluso, ha pretendido despachar las legítimas críticas latinoamericanas al oscuro acuerdo que le daría al Pentágono estadounidense acceso a seis bases militares en Colombia, como pura “retórica antiyanqui”. Insiste en que lo único que está haciendo Washington es actualizando el presente acuerdo de seguridad que hay con Colombia.

Las palabras de Obama, sin embargo, chocan no sólo con la experiencia histórica del intervencionismo militar estadounidense en la región sino que también con los juicios informados de expertos en la materia. Por ejemplo, según declaraciones dadas por Joy Olson, directora de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) a la BBC, la presencia de soldados estadounidenses en bases colombianas no es necesaria: “Si EE.UU. lo que quiere hacer son actividades antidrogas y el seguimiento de vuelos con drogas que se dirijan a EE.UU., se puede cumplir esa función sin necesidad de tener derechos de uso de bases”.

De ahí la insistencia de los mandatarios de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, entre otros, en que el controvertible acuerdo Obama-Uribe persigue, en última instancia, la fracturación de los procesos de cambio vividos en la América nuestra en el presente siglo, sobre todo la creciente integración y unión política y económica regional sobre bases independientes de Washington.

El Plan Colombia forma parte desde sus inicios de una estrategia regional que fue diseñada por el Departamento de Defensa durante la presidencia de Bill Clinton. A partir de ésta se procedió a la instalación de una red de bases militares, con Colombia como su foco central, y cuyo fin último es la guerra de contrainsurgencia en la región. Bajo Clintón se fue desdibujando la diferencia operacional entre la lucha contra las drogas y las actividades de contrainsurgencia. La red incluía, entre otras instalaciones, las bases de Roosevelt Roads (Puerto Rico), Manta (Ecuador), Comalpa (El Salvador), Reina Beatriz (Aruba), Hato Rey (Curazao), Guantánamo (Cuba) y Soto Cano (Honduras). En esta última opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, adscrita al Comando Sur. A éstas habría que sumar la base de Mariscal Estigarribia (Paraguay). Ya en el 2008, esta red de dispositivos de intervención fue reforzada con el relanzamiento de la Cuarta Flota de la Marina de Guerra estadounidense para patrullar los mares alrededor de la América nuestra, sobre todo ante la pérdida de su base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico.

El nuevo siglo trajo algunas inesperadas amenazas a la estrategia regional del Pentágono, sobre todo ante el progresivo giro a la izquierda que se ha vivido en la región. En particular, el gobierno del Presidente Rafael Correa decidió no renovar el contrato para la permanencia de la base estadounidense en Manta, donde luego de varios años de la presencia militar yanqui allí ésta se ha convertido en el principal puerto de exportación de la droga en dicho país. A esto se le sumó la propuesta hecha por el presidente hondureño Manuel Zelaya para convertir la base de Estados Unidos en Soto Cano en un aeropuerto comercial, hecho éste que explica las complicidades que van saliendo a la luz entre el gobierno de Washington y los protagonistas del golpe contra Zelaya.

Precisamente, si hay algo que evidencia el caso del golpe en Honduras es la puesta en marcha de una estrategia de reversión de los cambios que se han ido produciendo en la América nuestra. A ello hay que añadir el Plan Mérida y la implantación desde México de una estrategia de seguridad dirigida más específica contra los procesos de cambio en la América Central, así como para apuntalar a un aliado percibido crecientemente como Estado fallido.

Según el sociólogo estadounidense James Petras, bajo el gobierno de Obama se implanta “una política de reforzamiento, de revertir los avances” de la izquierda en la región. La actual escalada militarista de Obama pretende intimidar a los gobiernos de la América nuestra y debilitar el apoyo a los procesos de cambio. Abunda Petras: “Todo la política exterior está controlada desde el Consejo de Seguridad Nacional. Esta presente Obama, la CIA y el Pentágono. Esta política de militarización en Colombia es de revertir el progreso en América Latina, de reprimir los movimientos sociales, particularmente con la crisis económica”.(2)

Sin embargo, los hechos hablan con mayor contundencia que las palabras. En una clara refutación al ropaje retórico usado por Obama en relación a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, se ha dado a conocer la denuncia contenida en un informe que circula en Washington que advierte, según fuentes del Ejército de Estados Unidos, sobre la creación de una especie de “Cartel del Comando Sur”. Esta seria imputación surge a raíz de varios incidentes de conocimiento público que han evidenciado la participación de instructores militares y paramilitares estadounidenses con el narcotráfico colombiano. Aún así, Obama se alinea con la estrategia imperial de reposicionar el Comando Sur como eje de su política exterior hacia la región. Aún así, refuerza su alianza con el gobierno derechista de Álvaro Uribe, no empece su notoria reputación represiva.

En fin, la nueva era prometida por Obama en las relaciones entre Estados Unidos y Nuestra América, va quedando sólo en palabras. La realidad nos dice que muy lejos del respeto prometido a la soberanía de nuestros pueblos, lo que persigue el nuevo mandatario estadounidense es, en el fondo, la misma hegemonía imperial de siempre. Que nadie se haga de ilusiones: Obama ha optado finalmente por gobernar como presidente del imperio.
-----------------------------------------------------------------
Notas:
(1) Miguel Vera, “Entrevista a Noam Chomsky: La política exterior de Obama será como la segunda administración Bush”, www.rebelion.org , 11 de agosto de 2009.
(2)Sara Leukos, “Entrevista con James Petras: Obama en Colombia, una política neo-militarista”, www.rebelion.org , 18 de agosto de 2009.

 

El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño “Claridad”.