El pensamiento liberal siempre ha utilizado un discurso que enfatiza, en teoría, la defensa de los derechos individuales como razón de su propia existencia. En su versión económica, esta filosofía política utiliza este marco ideológico para promover la supremacía del mercado, en el cual el individuo consumidor supuestamente define las prioridades de la sociedad a través de su consumo. De ahí se deriva –según el credo liberal- la supremacía del mercado sobre el estado. No es pues sorprendente que haya sido el mundo empresarial el que haya promocionado con mayor intensidad el liberalismo, presentándose a si mismo como el gran defensor de las libertades individuales.

La experiencia histórica, sin embargo, muestra que tal tradición liberal raramente ha respetado sus postulados ideológicos de respeto y defensa de las libertades individuales. Es bien conocido que uno de los mayores puntos de referencia del liberalismo, el economista Milton Friedman, apoyó la dictadura del General Pinochet (ver Navarro, “La prensa liberal y Milton Friedman”, en www.vnavarro.org sección economía política). En España conocemos muy bien esta incoherencia liberal. Fue precisamente un portavoz muy visible del liberalismo español, el banquero Juan March, el que, cuando vio sus intereses empresariales afectados por las políticas públicas del gobierno republicano democráticamente elegido, apoyó el golpe militar del año 1936 que instauró una de las dictaduras más crueles y sangrientas que haya conocido Europa en el siglo XX. Según el Profesor Edward Malefakis de la Universidad de Columbia, en Nueva York, investigador del fascismo en Europa, por cada asesinato político que hizo Mussolini, el dictador Franco hizo 30.000. En realidad, la Banca (que era el poder fáctico promotor del liberalismo en España, hecho que continúa hoy) fue el grupo fáctico, liderado por la Banca March, que financió aquel golpe militar. Un tanto semejante ocurrió en Cataluña con otro gran empresario liberal de la industria catalana, Francesc Cambó, el cual apoyó también vivamente el golpe militar cuando vio sus intereses de clase afectados por las políticas públicas del gobierno republicano democráticamente elegido.

Una situación semejante ha ocurrido a raíz del reciente golpe militar en Honduras que depuso a un gobierno democráticamente elegido. Los medios de información liberales españoles explicaron el golpe militar utilizando el mismo argumento que utilizaron los golpistas en Honduras para justificarlo, es decir, la necesidad de impedir que el Presidente Zelaya modificara la Constitución para perpetuarse en el poder. Una voz prominente de este coro liberal ha sido la de Mario Vargas Llosa que como era de prever, en un artículo en El País ("El golpe de las burlas", 12.07.09), aunque crítico en las formas, defendió la destitución del Presidente Zelaya, con los mismos argumentos. Según él, no podía permitirse que Zelaya se perpetuara en el poder. Mario Vargas Llosa, así como la mayoría de medios liberales, añadieron que la destitución de tal mandatario era también una lógica consecuencia de la falta de apoyos al Presidente Zelaya y a su elevada impopularidad, citando encuestas que en otro artículo mostré estar claramente manipuladas ("Las falsedades sobre Honduras", Público, 23.07.09).

El golpe militar en Honduras inició una enorme represión en contra de las fuerzas políticas que apoyaban al Presidente Zelaya, represión que incluyó la disminución sustancial de los derechos políticos y civiles de la población hondureña, con el cierre de medios de información contrarios al nuevo gobierno golpista y persecución de periodistas críticos del nuevo régimen. Otras medidas represivas incluyeron la interrupción del suministro eléctrico a medios no favorables al nuevo régimen, la violenta supresión de manifestaciones a favor del Presidente Zelaya, asesinatos y arresto de líderes de la resistencia frente al gobierno golpista, restricción de movimientos de la población y muchas otras medidas represivas que apenas aparecieron descritas en aquellos medios liberales. Ninguno de ellos (repito, ni uno) denunció aquella represión. Y Mario Vargas Llosa, que se presenta como un gran defensor de los derechos individuales, ha permanecido en un silencio ensordecedor.

Esta enorme represión ha alcanzado su máxima expresión en la vuelta a Honduras del Presidente Zelaya. Hay hoy un estado de sitio con una ocupación del país por parte de su propio Ejército. Recordando la situación de Chile durante el golpe del general Pinochet, también un estadio, el estadio de Chochi Sosa está siendo utilizado como campo de detención para los resistentes al regimen. Este estado de sitio es la mejor prueba de la falsedad de los argumentos utilizados tanto por los golpistas hondureños como por Mario Vargas Llosa que subrayaron la supuesta impopularidad del Presidente Zelaya. Si el Presidente Zelaya era tan impopular como ellos indicaron, ¿como explican que el nuevo gobierno golpista haya sido forzado a imponer tanta represión y brutalidad? Y repito la pregunta, si el golpe era tan popular, ¿cómo explican tanta resistencia? En realidad, la historia de América Latina está llena de casos como Honduras. Cuando las oligarquías dominantes (todas ellas muy “liberales&rdquo ven sus intereses afectados por las políticas públicas de un gobierno democráticamente elegido, sacan su Ejército a la calle, iniciando las dictaduras que han dominado aquel continente. Y casi siempre, por cierto, con el apoyo de las voces liberales, supuestamente defensoras de la Constitución (ver mi artículo la "¿Se repite la historia en Latinoamérica?" El Plural, 21.09.2009).

El silencio de estas voces liberales hacia aquella brutal represión, se ha roto ahora, no para condenar la represión, sino para condenar la vuelta de Zelaya a su país del cual es Presidente. Señalan que no tenía que haber vuelto pues ha contribuido a crear las tensiones existentes. Las tensiones sin embargo, han sido creadas por los golpistas que realizaron el golpe y que han rechazado todas las medidas de resolución del conflicto.

El apoyo liberal a Uribe

Esta condena de los liberales hacia Zelaya contrasta con su apoyo al Gobierno Uribe en Colombia, el cual, está intentando cambiar la Constitución para “mantenerse en el poder”. No hay evidencia, por cierto, de que Zelaya intentara mantenerse en el poder, argumento utilizado para explicar (Mario Vargas Llosa) o justificar (los golpistas) el golpe militar. Incluso en el caso de que la encuesta del 28 de junio que Zelaya favoreció (preguntándole a la población si deseaba establecer una Asamblea constituyente) se hubiera podido realizar y la población hubiera favorecido el establecimiento de tal Asamblea, el Presidente Zelaya habría tenido que dejar el cargo en enero de 2010, sustituido por un nuevo presidente. Lo único que podría haber ocurrido, en caso de que la nueva Constitución lo permitiera y Zelaya lo deseara, es que éste podría haberse presentado a las elecciones en un futuro lejano, después de que el mandato del nuevo presidente terminara y cuando la nueva Constitución lo indicara. De ahí que la acusación a Zelaya de perpetuarse en el mandato presidencial sea falsa.

Ahora bien, la que no es falsa es la de Uribe que está moviendo cielo y tierra para mantenerse en el poder. Ahí, sí que el caso es claro y transparente. Lo dice el propio Uribe. Éste quiere cambiar la Constitución para mantenerse en el poder. Y no ha habido ninguna denuncia de Mario Vargas Llosa y otros liberales, como tampoco han denunciado la enorme represión existente en Colombia en contra de las fuerzas políticas pacíficas colombianas que se oponen a su gobierno. En realidad, Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde sistemáticamente se violan más los derechos civiles y políticos de los individuos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha denunciado al gobierno Uribe por la violación sistemática de los derechos sindicales y laborales. Como ha indicado la OIT, Colombia, dirigida por el gobierno Uribe, es el país del mundo donde han sido asesinados más sindicalistas y, por cierto, también más periodistas. Y muchos de estos asesinados se han realizado por la policía política directamente dirigida desde el gobierno de Uribe. Mario Vargas Llosa ha mantenido un silencio también ensordecedor sobre tal represión.

Es más, los paramilitares colombianos, una de las fuerzas más represivas en Latinoamérica (establecidas y apoyadas por Uribe por muchos años), han ayudado al gobierno golpista hondureño en la protección de la oligarquía hondureña, sin que haya sido siquiera noticia en aquellos medios liberales. ¿Se imaginan que hubieran dicho tales medios si tropas del Gobierno Chávez hubieran ido a Honduras en apoyo de los movimientos populares en contra del gobierno golpista? La respuesta hubiera sido histriónica. Estos son ejemplos, no solo de la profunda incoherencia de los supuestos defensores de las libertades individuales, sino de su doble moral, altamente moldeable según sus intereses de clase.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en laUniversidad Pompeu Fabra, y Profesor de Políticas Públicas de The JohnsHopkins University, U.S.A.

(www.vnavarro.org)

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