En enero, en el municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, una mujer y su hija de 9 meses murieron al pisar una mina antipersonal; la mujer estaba embarazada de 5 meses. En junio, en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño, 3 niños varones de 12, 14 y 16 años de edad murieron al activar accidentalmente una mina antipersonal. En julio, en el departamento de Bolívar, tres niños sufrieron heridas de gravedad, entre ellos una niña de 9 años que perdió una pierna.”

Párrafo 39. “Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses, en el período que se examina 5 niñas y 3 niños fueron víctimas de actos de violencia sexual presuntamente cometidos por las Fuerzas Militares, y 18 niñas y 1 niño de actos supuestamente cometidos por miembros de la Policía Nacional. También se ha reunido información sobre el caso de dos soldados que presuntamente violaron a una mujer y a su sobrina de 13 años en el departamento de Antioquia en noviembre de 2008.

Párrafo 42. “Los niños continúan siendo víctimas de las desapariciones forzadas. Desde 2006, la Fiscalía General ha encontrado en sepulturas clandestinas los cadáveres de 109 niños, casi todos ellos víctimas de los grupos paramilitares. La Fiscalía General está investigando también 1.636 casos de niños desaparecidos desde 2000, 187 de ellos en 2008.

Párrafo 48. “Las restricciones del acceso humanitario debido a las actividades de las partes en el conflicto ponen en peligro la prestación de asistencia humanitaria y los niños sufren las consecuencias. La presencia de minas antipersonal y de municiones sin detonar no solo dificulta enormemente la circulación de la población, sino también el acceso de los agentes humanitarios a ella.”

Párrafo 49. “En el período que se examina también se han producido ataques contra el personal humanitario. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, los ataques contra misiones médicas aumentaron de 23 en 2007 a 35 en 2008.”

Párrafo 50. “Los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y las Fuerzas Militares de Colombia también limitan el acceso humanitario y el abastecimiento de artículos de primera necesidad.”

Párrafo 51. “También se recibió información sobre las restricciones de acceso a determinadas aldeas o municipios impuestas por las Fuerzas Militares, incluidas las relativas a la circulación de personas y de artículos como alimentos, medicamentos y combustible, como parte de la estrategia de lucha contra los grupos armados ilegales. Por ejemplo, desde enero de 2008, las Fuerzas Militares limitan el paso de artículos de primera necesidad a varias aldeas del término municipal de El Dovio, departamento del Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo confirmó que en mayo de 2008 se habían impuesto restricciones similares en el departamento de Vaupés.”

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desea recordar a los Miembros del Consejo de Seguridad que ha sido el Gobierno de la República de Colombia el que, de forma flagrante, ha concretado amenazas a la paz y la seguridad internacionales en abierta contradicción con el principio del derecho internacional, contenido en el numeral 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Ello ocurrió cuando en marzo de 2008 ejecutó una incursión armada en el territorio de la República del Ecuador violando la integridad territorial de esa nación hermana.

Esta acción ilegal puso de relieve la política belicista promovida por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, la cual ha hecho de la noción del ataque preventivo -promovida por el ex Presidente George W. Bush-, parte fundamental de su doctrina de seguridad y defensa.

La agresión militar colombiana contra la República del Ecuador fue condenada por los países de la región, entre ellos, la República Bolivariana de Venezuela, al constatarse la violación flagrante de normas y principios del derecho internacional; así como la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada “Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. La denuncia ecuatoriana sobre la violación de la soberanía e integridad territorial quedó recogida en el Documento S/2008/146del Consejo de Seguridad.

El rechazo unánime a dicha incursión militar obligó al Presidente Uribe, en un acto de contrición público y oficial en el marco de la XX Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de marzo de 2008, a comprometerse a que su país no volvería a llevar adelante una acción militar guerrerista contra país alguno del continente americano, pronunciamiento éste del cual los miembros de ese mecanismo tomaron nota de las plenas disculpas que el Jefe de Estado colombiano ofreció al Gobierno y al pueblo del Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, perpetrada por fuerzas militares de Colombia.

El clima de confianza en la región que se había venido restableciendo tras los arreglos alcanzados en la XX Cumbre del Grupo de Río se ha visto afectado luego de los anuncios y posterior firma del “Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad” Colombia y los Estados Unidos, sobre el establecimiento de siete bases militares estadounidenses en territorio colombiano. El anunciado despliegue de fuerzas estadounidenses en Colombia en el marco de ese acuerdo de cooperación ha generado preocupación entre los miembros de la UNASUR, los cuales, de manera legítima, han advertido sobre los riesgos y amenazas que las mismas plantean para la paz, estabilidad y equilibrio militar de la región.

Sobre la base de una lógica perversa, el Presidente Álvaro Uribe y su equipo de gobierno, pretenden trasladar sus responsabilidades en el manejo del conflicto armado a otros Estados vecinos, como Venezuela, el cual como se ha señalado es víctima de las actividades del narcotráfico, paramilitarismo, sicariato y secuestro, generadas por la intensificación de las hostilidades con grupos armados al interior del territorio colombiano.

Como es bien conocido, el Estado colombiano al privilegiar la seguridad de sus áreas urbanas, principalmente las grandes ciudades, abandonó la custodia y protección de sus fronteras, situación ésta que fue aprovechada por los grupos armados para ejercer el control de dichos espacios y, por ende, el desarrollo de actividades criminales con incidencia sobre terceros países.

Este amplio y desproporcionado despliegue militar estadounidense en suelo colombiano intenta justificarse bajo un esfuerzo bilateral de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Estos argumentos son falsos y no disipan las dudas e inquietudes que tienen los países de la región suramericana sobre estas bases militares, percibidas en términos de amenaza debido a la magnitud del programa que se pondrá en práctica con la instalación de equipos para la guerra electrónica, efectivos militares y personal de empresas contratistas de seguridad. El fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos está orientado a proyectar su poder global para disuadir bajo la amenaza de intervenciones militares a países que mantienen una posición crítica en relación con su política imperialista.

Estos lineamientos estratégicos se reiteran en el documento de justificación del financiamiento del proyecto de la Base Militar de Palanquero del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el cual se solicitaron y aprobaron en mayo 2009, 46.000.000 de dólares estadounidenses para construir lo que denomina “Lugar de Cooperación en Seguridad” y mejorar las instalaciones en Palanquero. La partida está incluida en el Capítulo de: “Posicionamiento de Defensa Global”, en el que se explica la estrategia de Estados Unidos a la hora de ubicar personal y bases militares en el extranjero.

El Documento del Programa de Construcción Militar del Departamento de la Fuerza Aérea de los EEUU de mayo de 2009 refiere como Datos de Justificación entregados al Congreso de ese país los siguientes:

“…mejorará la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis, asegurando el acceso regional y la presencia militar estadounidense con un costo bajo. Una presencia también incrementará nuestra capacidad de conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de guerra expedita”.

“…La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Suramérica. (&hellip La intención es utilizar la infraestructura existente al máximo posible, mejorar la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis, y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense con un costo mínimo. Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Suramérica con la excepción de Cabo de Hornos”.

Contrario al discurso que ha promovido Colombia respecto a que la vía militar –incluyendo el acceso irrestricto a bases por parte de militares estadounidenses - conducirá indefectiblemente a la finalización del conflicto armado, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela estima que la intensificación de las operaciones militares generará una situación de mayor violencia armada que potenciará la diáspora colombiana de desplazados hacia muchos países del mundo, en particular, hacia los Estados vecinos.

Las acusaciones contra Venezuela de armamentismo no pueden ser más falaces. Sólo el 1,1% del Producto Interno Bruto de Venezuela se dedica a la modernización de equipos militares, por debajo del promedio regional de 1,7%, y muy significativamente por debajo del 5,7% de Colombia. En contraste , el Gobierno de Venezuela dedicará 45,7% del presupuesto de la Nación para 2010, a la inversión social, a la reducción de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Venezuela ya ha superado la meta del milenio de reducción de la pobreza extrema y, de acuerdo a la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), es el país de la región que ha avanzado más en la reducción de la desigualdad.

Consciente de que la paz de Colombia es la paz de América Latina, tal como lo ha expresado el Presidente Hugo Chávez Frías, el Gobierno venezolano ha reiterado la necesidad de que se llegue a una solución política negociada que conduzca a la superación de este conflicto armado que ha provocado a lo largo de más de cuatro décadas un elevado número de víctimas.

En el marco de su prédica belicista, el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe concibe la seguridad de su país en términos absolutos provocando, en consecuencia, inseguridad sobre los Estados vecinos. El establecimiento de las bases militares estadounidenses en suelo colombiano y la continua asistencia militar que los Estados Unidos ha venido brindando a Colombia desde 2001, ha acentuado los dilemas de seguridad en la región suramericana y creado desequilibrios en la correlación de fuerzas a nivel subregional producto de la carrera armamentista desatada por las autoridades del Palacio de Nariño, con el apoyo del Gobierno estadounidense.

Por tal motivo, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al reiterar una vez más su vocación pacifista y respeto irrestricto a los principios y normas del derecho internacional que rigen las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados, contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y demás instrumentos aplicables , desea significar que continuará atento al desarrollo del conflicto armado que ocurre en la República de Colombia y a las posibles consecuencias que el establecimiento de bases militares extranjeras en ese país ocasione para la seguridad de Venezuela y de la región, tomando las medidas que sean necesarias para salvaguardar, dentro del orden jurídico legítimamente establecido y con total apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la seguridad de la Nación, la paz y el bienestar del pueblo venezolano.

Sobre el particular, señor Presidente, al estimar en virtud de los argumentos expuestos que el conflicto armado colombiano constituye una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales, me permito solicitarle que el mismo forme parte de la agenda de trabajo del Consejo de Seguridad. En igual sentido, m ucho agradeceré se sirva disponer que la presente carta sea distribuida como documento del Consejo de Seguridad.

Sin más a que hacer referencia aprovecho la oportunidad para reiterar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta estima y consideración

NICOLÁS MADURO MOROS

Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores

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