El 1 de marzo los medios amanecieron con una euforia colectiva: la Audiencia Nacional del Reino de España acusa a Venezuela de colaborar con ETA y las FARC.

La semana anterior fueron los derechos humanos, con el informe de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 1 de marzo la Audiencia Nacional del Reino de España y el 2 de marzo el informe del Departamento de Estado estadounidense sobre Control y Estrategia Internacional Antinarcóticos. En una semana al gobierno Venezolano le han colgado informes donde le acusan de violador de derechos humanos, terrorista y narcotraficante, todo un festival de acusaciones que justificaría cualquier cosa contra Chávez.

Ante este acoso, el presidente Chávez afirmó que Venezuela está siendo víctima de un ataque intenso de la derecha internacional que pretende sabotear la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que se concretará el próximo 5 de julio de 2011 en Caracas.

Respecto al caso de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco Núñez dictó un Auto de Procesamiento contra varios supuestos miembros de ETA y de las FARC por colaborar para atentar contra altos cargos colombianos en el Estado español e insinuó que hay indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela.

Este juez, Eloy Velasco Núñez, está estrechamente vinculado al Partido Popular, llegando a ser Director General de Justicia del gobierno de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana. Recordemos que Eduardo Zaplana es de los políticos españoles que más compromiso con “la verdad” ha tenido en la historia de España, sobretodo como portavoz del gobierno durante los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando acusó, sin pruebas, a ETA de ser responsable de los atentados, quizás fue asesorado por su amigo Eloy Velasco.

Entre los grandes logros de la gestión de Eloy Velasco Núñez como director general de Justicia está la edificación de más de 20 nuevos Palacios de Justicia en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. También construyó las Ciudades de la Justicia en las tres capitales, siendo el principal diseñador funcional de la de Valencia que, cuando se inauguró, se convirtió en el edificio judicial más grande de Europa. Impresionante currículum judicial construyendo obras faraónicas y megalómanas en la mejor etapa de la locura y corrupción del ladrillo, boom que nos ha llevado a esta crisis.

La acusación que presenta el Auto de Procesamiento se basa en estos elementos: El caso de Arturo Cubillas del 2006, una especie de traslado en un vehículo acompañado por una persona con un chaleco con un escudo, un sospechoso vehículo escolta con presuntos militares y la famosa supuesta computadora de Raúl Reyes.

El caso del traslado terrestre no merece ni comentar. El Auto no presenta ni una sola prueba ni testimonio al respecto. Parece más un relato producto de una fantasía infantil que un hecho probatorio de un Auto de Procesamiento. En esta disparatada aventura por las selvas venezolanas, menciona la participación de la ciudadana española Remedios García Albert, pero debió de tratarse de una clon porque Remedios García Albert se encontraba de vacaciones en una localidad costera española.

Insiste en el caso de Arturo Cubillas. Un caso de Octubre de 2006 que quedó convenientemente aclarado por aquellas fechas: Cubillas formaba parte del acuerdo entre los gobiernos de Argelia, España y Venezuela de 1989 donde se enviaron a Venezuela 11 personas vinculadas al problema vasco. Desde entonces, no se recibió ninguna solicitud por parte del gobierno español por esta persona. Ingresó en el Ministerio de Agricultura y Tierras como funcionario público en 2006, igual que cualquiera de los millones de funcionarios públicos que hay en Venezuela. Se desató el escándalo mediático en 2006 y ahora, en el 2010, después de más de tres años, sorprendentemente, vuelven con la misma cantinela citándolo como indicio de vínculos del gobierno con ETA. Parece que ni se molestan en leer los acuerdos internacionales y nadie parece que se ocupa de hacerlos leer.

Chávez, refiriéndose a estos acuerdos, afirmó que "Felipe González estaba buscando la paz con la ETA, y fue él quien solicitó que el país aceptara a algunos miembros y líderes de esa organización (...) Eso lo sacan a cada rato para acusarme a mí de que yo apoyo a la ETA".

Posteriormente, el Auto de Procesamiento hace referencia a los correos de la famosa computadora incautada el 1 de marzo de 2010 a Raúl Reyes.

Se ha comentado mucho sobre esta computadora pero conviene recordar, una y otra vez, ya que insisten, que entre las circunstancias en las que presuntamente se obtuvieron los elementos informáticos, a aparte de haberse roto la cadena de custodia, aparecen hechos que necesitan ser investigados: violación del espacio aéreo ecuatoriano, violación territorial, violación a los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial.

Deben investigarse, por tanto, las posibles violaciones al derecho internacional y la Convención de Ginebra. El ejército colombiano no puede decomisar fuera de su jurisdicción. El hecho de que existan estos delitos invalida por completo cualquier tipo de afirmación basada en unas supuestas evidencias incautadas.

Dichos documentos no poseen firma electrónica registrada y, tal como afirma el propio informe de la Interpol, el estudio realizado no prueba la autoría de los documentos. Además, el informe de la Interpol indica que se detectó que se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema en fechas posteriores a la incautación, cuando estos equipos estaban bajo la custodia del ejército colombiano, sin ningún control, y que aparecen miles de documentos con fechas a futuro.

¿Qué clase de juez es éste que admite estas supuestas pruebas viciadas y absolutamente inválidas? ¿Cuál es el propósito de semejante disparate?

Este tipo de acusaciones, tanto por el juez, sin evidencias, como por los medios de comunicación, sin analizar el Auto de Procesamiento, constituyen una inaceptable irresponsabilidad que afecta las relaciones entre tres países: Venezuela, España y Colombia. Este Show nos recuerda demasiado al doloroso espectáculo consecuencia del cuento de las “armas de destrucción masiva” en Irak.

El Presidente Chávez está absolutamente en lo cierto al afirmar que "es una acusación temeraria, irresponsable, y sin una sola prueba. En una computadora uno puede escribir cualquier cosa". Por tanto, "pedir una explicación es un exabrupto, por una irresponsable conclusión a la que llegó un juez español". "No tenemos nada que explicarle a nadie. Éste es un gobierno que no apoya a ningún movimiento terrorista. Lo nuestro es la cooperación, la amistad y el trabajo"

Habló telefónicamente con el Ministro Moratinos, "Moratinos no nos pidió ninguna explicación, sino que aclaró que el señalamiento del juez no tiene nada que ver con el Gobierno español". "Yo le dije, no te preocupes", "Es una jugada más de la extrema derecha europea (...) Yo no tengo intención de dañar las relaciones con España. Estoy interesado en tener las mejores relaciones con todos los países del mundo".

El gobierno español una vez más ha demostrado su debilidad frente a los medios de comunicación y debería, por lo menos, pedir explicaciones a este juez ante su imprudencia temeraria, que pone en peligro las relaciones entre tres países, y tratar de averiguar cuáles son la intenciones detrás de estas extrañas maniobras que no dejan de ser mediáticas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.