Por estos días se cumplen siete años de un intento de desestabilización semejante por parte del gobierno de Bush, finalmente derrotado por la firmeza del pueblo cubano y una ola de solidaridad internacional. Al mismo tiempo que miles de misiles llovían sobre Bagdad y las principales ciudades de Irak como preludio de una ocupación que le ha arrancado un millón de vidas e impuesto inenarrables sufrimientos a la nación árabe, desde Washington se daban los pasos para justificar a renglón seguido una intervención militar en Cuba. El pretexto sería una ola de migrantes ilegales cubanos intentando atravesar el estrecho de La Florida. También como ahora, la Unión Europea hacía el mandado a Washington y se rasgaba las vestiduras por la supuesta violación de los derechos humanos en Cuba, en una actitud colonial, injerencista y mentirosa al igual que la mencionada carta. No hay nada más desvergonzado que acusar al gobierno cubano de torturar o suprimir físicamente a sus opositores puesto que, a diferencia de lo que ocurre con otros muchos países, nunca se ha podido probar un solo caso de ese tipo de prácticas en Cuba.

Volviendo al año 2003, entre el 19 de marzo y el 10 de abril fueron secuestrados y desviados hacia Estados Unidos dos aviones cubanos de pasajeros sin que ese país investigara a los secuestradores ni los sancionara por sus delitos pero sí confiscara las naves. Al mismo tiempo las autoridades cubanas frustraban el secuestro a mano armada de una embarcación y neutralizaban el de una tercera aeronave. En el cénit de la llamada guerra contra el terrorismo secuestrar un avión de pasajeros era un delito grave excepto si el aparato era cubano, entonces se convertía en un acto de heroísmo. En el periodo mencionado los servicios de seguridad de la isla detectaban y neutralizaban 29 intentos de secuestros de aviones y barcos con el objetivo de emigrar al país del norte. Washington, por un lado estimulaba la emigración ilegal de cubanos mediante una frenética campaña apoyada en la singularísima ley que confiere a los nacionales de la isla el derecho a regularizar su situación migratoria no más poner los pies en territorio yanqui. Por el otro, había reducido a la mínima expresión la entrega de visas a cubanos a que lo obliga el convenio migratorio entre los dos países con el fin igualmente de empujarlos a la emigración ilegal. Como colofón, y en el colmo de la hipocresía y el cinismo, el mismo gobierno que realizaba esas acciones amenazaba con que “no toleraría un éxodo masivo de balseros procedentes de Cuba”.