Ha sido revelador seguir en los últimos días la cobertura internacional de los medios de comunicación y la actitud de determinados dirigentes políticos e intelectuales. Para aquéllos que quieran conocer el carácter y a qué intereses sirven algunos actores de la vida política y cultural, vale la pena prestar atención a las noticias reciente sobre Cuba e Israel.

La semana pasada, en función de las declaraciones de presidente Lula defendiendo la autodeterminación de la justicia cubana, se organizó una amplia campaña de denuncias contra una supuesta falta de respeto a los derechos humanos en la isla caribeña. Pero no hubo, en los medios más importantes, ni una sola noticia o discurso significativo sobre cómo Israel, nuevo destino del presidente brasileño, trata a sus presos, a sus minorías nacionales y a sus vecinos.

Vayamos a los hechos. En el caso cubano, Orlando Zapata, un supuesto “disidente” en huelga de hambre por mejores condiciones carcelarias, detenido y condenado por delitos comunes, fue atendido en un hospital público por orden del gobierno pero no resistió y falleció. Nadie ha formulado acusaciones de tortura o ejecución extra legal. A lo sumo hubo insinuaciones de opositores sobre un retardo en la atención médica, aunque es posible imaginar el escándalo que se habría armado en el caso de que el prisionero hubiese sido alimentado por la fuerza.

Aún no teniendo la menor evidencia de que la muerte del disidente, lamentada por el propio presidente Raúl Castro, hubiera sido provocada por el Estado, los principales medios y agencias de noticias se lanzaron contra Cuba con el puñal entre los dientes. Y después continuaron el Parlamento Europeo y el gobierno estadounidense amenazando al país con nuevas sanciones económicas.

La industria del martirio

Otro opositor, Guillermo Fariñas, en cuya biografía se combinan muchos actos delictivos y alguna militancia anticomunista, aprovechó el momento de conmoción para declararse también en ayuno, apareciendo demacrado en fotografías que dieron vuelta al mundo, protestando contra la situación en los presidios cubanos y exigiendo la libertad de los presos políticos. Así, rápidamente, se convirtió en el mascarón de proa de una industria del martirio que con mucha frecuencia ponen en marcha los enemigos de la revolución cubana.

El gobierno le ofreció un permiso para emigrar a España para recuperarse allí, pero Fariñas, que no está preso y hace su huelga de hambre en su casa, rechazó la oferta. Sus apoyos políticos, conscientes de que la Constitución cubana determina la absoluta libertad individual para someterse o no a un tratamiento médico, lo incitaron a intensificar su sacrificio, ya que no le atenderán por la fuerza hasta que su colapso convierta en imperativa su hospitalización. Porque, ¿de que le sirve Fariñas vivo a la oposición?

El presidente Lula hizo público, en su estilo, su rechazo al chantaje contra el gobierno cubano. Quizás su actitud habría sido diferente, aunque de manera discreta, si hubiera tenido la evidencia de que la situación de Zapata o de Fariñas habían sido el resultado de actitudes inhumanas o arbitrarias de las autoridades.

Para ir al fondo del asunto, compárese la actitud de los disidentes con una hipotética revuelta de delincuentes comunes brasileños. Después de todo no se puede considerar a nadie inocente o injustamente condenado porque así se autoproclame o porque se exponga como víctima por medio de gestos dramáticos.

El silencio de los medios

Sin pruebas categóricas de que un gobierno constitucional violó normas internacionales, es razonable que el presidente de otro país guíe sus actitudes basado en el principio de la autodeterminación de las naciones en el manejo de sus asuntos internos. El presidente brasileño actuó con la misma prudencia con respecto a Israel, país al que llegó el pasado día 14, a pesar de la abundante evidencia que compromete a los sionistas con la violación de derechos humanos.

Pero las palabras de Lula en relación con Cuba y su silencio sobre el gobierno israelí se trataron de manera notablemente diferente. En el primer caso, los apóstoles de la democracia occidental no han perdonado la negativa del presidente de Brasil a unirse a la ofensiva contra La Habana y a legitimar el uso de los derechos humanos contra un país soberano. En el segundo caso aceptaron respetuosamente el silencio presidencial.

A decir verdad, no sólo los articulistas y políticos de derecha tuvieron ese comportamiento hipócrita. Porque de la misma manera se comportaron algunos parlamentarios y blogueros considerados progresistas pero temerosos de enfrentarse al poderoso monopolio de los medios de comunicación y dispuestos a pagar el peaje de la demagogia para lograr un éxito personal, aun a costa de renunciar a cualquier reflexión crítica sobre los hechos en cuestión.

Un observador imparcial advertiría fácilmente que, al contrario de los sucesos de Cuba, en los que el resultado fatal fue consecuencia de las decisiones individuales de las propias víctimas, los que se refieren a Israel son consecuencias de una política deliberada de sus instituciones gubernamentales.

El sionismo y los derechos humanos

El Estado sionista es uno de los países con mayor número de presos políticos del mundo, con cerca de 11.000 prisioneros incluyendo a niños y, en su mayoría, sin que hayan tenido un juicio. Más de 800.000 palestinos han sido encarcelados desde 1948. Aproximadamente el 25% de los palestinos que permanecen en los territorios ocupados por el ejército israelí han estado en la cárcel en algún momento. Las detenciones han afectado asimismo a los dirigentes palestinos: 39 diputados y 9 ministros han sido secuestrados desde junio de 2006.

En ese país la tortura está legitimada por una sentencia de la Corte Suprema que autorizó el uso de “técnicas dolorosas para el interrogatorio de prisioneros bajo custodia del gobierno”. Nada de esto ni siquiera se ha insinuado contra Cuba, tampoco por parte de organizaciones que no tienen la más mínima simpatía por su régimen político.

Pero las violaciones de los derechos humanos en Israel no se limitan al tema carcelario, que sólo es una parte de la política de agresión contra el pueblo palestino. La resolución 181 de las Naciones Unidas, que creó el Estado de Israel en 1947, disponía que la nueva nación tendría un 56% de los territorios coloniales británicos sobre la ribera occidental del río Jordán, mientras que el restante 44% se destinaría a la construcción de un Estado del pueblo palestino, que antes de esa resolución ocupaba el 98% del área objeto de esa partición. El régimen sionista, violador reiterado de las leyes y acuerdos internacionales, controla hoy más del 78% del antiguo Mandato Británico si se excluye la parte ocupada por Jordania.

Más de 750.000 palestinos fueron expulsados de su país desde entonces. Israel demolió más de 20.000 casas de ciudadanos no judíos entre 1967 y 2009. Además Israel está construyendo, desde 2004, un muro de 700 Km. de longitud que aislará a 160.000 familias palestinas y controla más del 85% de los recursos hídricos de las áreas que corresponden a la actual Autoridad Palestina.

Por lo menos 600 puestos de control fueron instalados por el ejército israelí dentro de las ciudades palestinas. Las leyes aprobadas por el parlamento sionista impiden la reunificación de las familias que viven en diferentes municipios, además de incentivar los asentamientos judíos más allá de las fronteras internacionalmente reconocidas.

Doble moral

Ésas son algunas de las características que definen el sistema sionista de apartheid, en el que los derechos soberanos del pueblo palestino están limitados a verdaderos bantustanes, como en la antigua y racista Sudáfrica. El resultado de este panorama es una escalada represiva cada vez más brutal promovida como política de Estado.

Sin embargo los principales medios de comunicación guardan silencio ante estos hechos. También permanecen mudos los líderes políticos conservadores. Y tampoco se oye nada de algunas personas, presumiblemente progresistas, siempre dispuestas a apuntar con el dedo acusador a la revolución cubana.

Quizás porque los derechos humanos sólo provocan indignación a esta gente hipócrita cuando la supuesta violación de esos derechos humanos se vuelve contra las voces de la civilización judeocristiana, de la democracia liberal, del libre mercado y del anticomunismo. No le faltó razón al presidente Lula cuando reaccionó enérgicamente contra el cinismo de los ataques al gobierno de La Habana.

Breno Altman es periodista y director editorial del Sitio Web Opera Mundi (www.operamundi.com.br)