En Italia la polémica no ha prendido. La historia de los vínculos entre ETA y las FARC, y los asuntos relacionados con el derecho de asilo, son demasiado complicados de explicar (¿o de entender?) para los aguerridos corresponsales en América Latina de nuestros grandes periódicos. Pero en España y en el área grancolombiana no se habla de otra cosa desde hace un par de semanas, hasta el extremo de que el mismísimo presidente colombiano Álvaro Uribe ha tenido que pararle los pies a Mariano Rajoy (el sucesor de José María Aznar en la dirección del PP), que había ido a Bogotá prácticamente a declarar la guerra a Venezuela (pensando que podía utilizar a la antigua colonia para hacer propaganda interna).

Rajoy, después de entrevistarse con Uribe en el Palacio de Nariño, ha tenido que bajar el tono, con el rabo entre las piernas, y se ha cubierto de vergüenza con su respaldo incondicional a Uribe al declarar públicamente que en Colombia no se violan los derechos humanos.

Todo empezó cuando el juez Eloy Velasco, un magistrado español muy escorado a la derecha, en un auto que se refería a un caso de colaboración entre la ETA vasca y las FARC colombianas, incluía como quien no quiere la cosa un par de renglones que decían textualmente: «Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA». Ahí queda eso: sin más explicaciones, documentos o pruebas. Una simple gota de veneno salpicada con la ayuda del ordenador mágico de Raúl Reyes (el dirigente de las FARC abatido en Ecuador), pero suficiente para llenar páginas y páginas en Madrid: Chávez protege a ETA.

Más allá de la falta total de pruebas y de que ni siquiera se entiende cuál es la acusación concreta contra el gobierno venezolano, la historia real es un poco distinta. Tiene que ver con la «doctrina Mitterrand» que, en el caso de ETA, no concedía la extradición a España pero, en vez de dar asilo en Francia a sus refugiados (como a los miembros italianos de las Brigadas Rojas), prefería mandarlos a América Latina. Las metas preferidas para el asilo eran el Méjico priísta y la Venezuela de Carlos Andrés Pérez (sí, el mismo), pero en los últimos treinta años los etarras se desperdigaron por varios países, como Colombia, Panamá o Uruguay.

Una vez en América hubo algunos que se retiraron, mientras que otros siguieron haciendo política, a veces armada, como en el caso de las FARC; en algún caso se abrió una causa criminal contra ellos, pero en general pocos gobiernos respondieron a la petición española de extradición. Ciñéndonos a Venezuela, el diario de la derecha monárquica española ABC, desde finales de los años ochenta, denunció continuamente la presencia de militantes y dirigentes de ETA en Caracas y llegó incluso a publicar las direcciones de algunos de ellos. No pasó nada, es más, Carlos Andrés Pérez (destituido más tarde por corrupción, pero sobre todo autor de la matanza del Caracazo y hoy, casi nonagenario, héroe de la prensa de derechas antichavista, empezando por El País de Madrid) se las arregló como pudo para facilitarles la estancia a los miembros de ETA. En una ocasión tres diputados de AD (el partido socialdemócrata de CAP) hicieron de escudos humanos para impedir que la policía ejecutase una orden de captura contra la esposa de un militante de ETA que no se había presentado al control mensual preceptivo. ¿Alguien ha leído algún artículo en el que se acuse a Pérez de terrorista? ¿De cómplice de ETA? Yo no.

La situación cambia con Chávez. Cambia en ambos sentidos. Por una parte, la retórica revolucionaria chavista da pie a toda clase de acusaciones. ¿Recuerdan el ridículo mapa de Lucio Caracciolo en Limes con una América Latina pintada de verde, porque con Chávez había caído en poder de al-Qaida? ¿Recuerdan el ordenador mágico de Raúl Reyes? Para los medios dominantes toda acusación contra Chávez es válida; cualquier día le acusan también de ser, como Ugo Tognazzi, el jefe de las Brigadas Rojas.^*

En realidad, el gobierno bolivariano colabora con España en la extradición de culpables de delitos de sangre. Ya sucedió en el caso de Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, cuya extradición a España incluso le valió a Chávez el reproche de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que le acusó de haberse precipitado. En otro caso, hace siete años, a petición de España, se negó la ciudadanía a cuatro etarras que estaban a punto de obtenerla. Pero una cosa es negar la ciudadanía y otra extraditar al país de los GAL (los escuadrones de la muerte del gobierno socialista de Felipe González, autores de unos cuarenta asesinatos), y aunque la retórica antiterrorista española preferiría deportaciones masivas, en estos casos se impone la prudencia.

Más espinoso, y crucial en la polémica, es el caso de Arturo Cubillas, destacado dirigente de ETA y responsable de las relaciones con las FARC. Cubillas vive en Venezuela desde 1989, asilado no sólo por Carlos Andrés Pérez sino también por el democristiano Rafael Caldera. Cubillas es ciudadano venezolano desde hace tiempo, y el estado venezolano, desde mucho antes de Chávez, aplica el principio de no extraditar a ciudadanos de este país aunque estén naturalizados. Hoy este principio está sancionado por el artículo 69 de la Constitución Bolivariana; antes lo recogía el Código Penal.

¿Se puede acusar a Chávez de colaborar con ETA y las FARC porque no vulnera la Constitución extraditando a Cubillas? Ya sabemos que los medios están desatados contra él, pero, si hablamos seriamente, el argumento no se sostiene.

En resumen: ¿protege Chávez a ETA? Si mantener unos asilos políticos concedidos desde hace más de 20 años significa proteger a ETA, lo hace. Pero seguramente ningún gobernante venezolano ha colaborado tanto con España como Chávez, que lo ha hecho mucho más que los socialdemócratas y democristianos en los años ochenta y noventa. La acogida venezolana a un centenar de militantes de ETA, muchos de ellos implicados en delitos de sangre, fue un favor que el país suramericano hizo a Francia y España bastantes años atrás, mucho antes de que Chávez llegara a la presidencia, para resolver un espinoso asunto político. No eran los únicos favores que hacían los gobiernos venezolanos. Mucho más importantes eran los económicos, que dejaban el territorio nacional a merced de la rapacidad de las multinacionales españolas. Hoy, con Chávez, estas empresas ya no pueden maniobrar a su antojo, lo cual enfurece a los gobiernos españoles.

En los últimos años España no se ha privado de acosar por todos los medios al gobierno venezolano, elegido democráticamente: desde el respaldo de José María Aznar al golpe de estado del 11 de abril de 2002 (¿cuándo será procesado por terrorismo?) hasta el poco real exabrupto de Juan Carlos, incapaz de escuchar civilizadamente las críticas de unos presidentes elegidos por el voto popular, pasando por una continua, mezquina e infundada campaña mediática de demonización del gobierno venezolano, que tiene pocos precedentes en el mundo.

La farfulla de Mariano Rajoy en Bogotá revela cuán presuntuosos son los argumentos ibéricos en su ya viejo intento de aislar por todos los medios al gobierno de Caracas, elegido democráticamente.

* Alusión a un número cómico del actor, que en 1979 se fotografió como jefe de las Brigadas Rojas, esposado y flanqueado por falsos policías, en falsas portadas de periódicos (N.T.).

Fuente: http://www.gennarocarotenuto.it/12706-eta-e-hugo-chvez-quello-che-i-giornali-non-dicono/