El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado parte de las escuchas acordadas judicialmente en el caso Gurtel. En este procedimiento penal se persigue una red de corrupción en la que estaban implicados tanto empresarios como militantes y cargos públicos del Partido Popular. La justicia española siempre se ha caracterizado por ser muy escrupulosa y garantista con los derechos de los imputados pertenecientes a la clase burguesa.

Un antecedente de esta resolución judicial, fue la sentencia del Tribunal Supremo en el “caso Naseiro” . En aquél asunto, una simple infracción en el reparto de la investigación entre los Jueces de Instrucción anulaba todo el procedimiento y, en virtud de la teoría del "fruto del árbol envenenado", se absolvía a todos los imputados que eran destacados militantes del Partido Popular.

En aquel procedimiento pudimos conocer que un joven Eduardo Zaplana estaba en la política para comprarse un buen coche, y otro, Vicente Sanz estaba en la política para hacerse rico. El archivo de aquella causa penal fue un espaldarazo para sus respectivas carreras políticas. Estas declaraciones y participar en negocios ilícitos aprovechándose de su condición de autoridades públicas no fue un osbtáculo, todo lo contrario. Zaplana, tras presidir la Comunidad Valenciana, llegó a ser Ministro del gobierno de Aznar, pese a que durante su gobierno en Valencia se pagaron comisiones ilegales (que al parecer cobró su chofer) por la construcción del parque ruinoso Terra Mítica (otro procedimiento penal que se encuentra empantanado y del que también se han anulado una parte del mismo). Vicente Sanz ha sido muchos años Secretario General de la televisión autonómica valenciana, se ha hecho rico y acaba de ser sido procesado por varios delitos contra la libertad sexual de tres de sus empleadas.

Tras la anulación de parte de las pruebas del caso Gurtel, los abogados de los imputados y los medios de derecha dan por acabado este proceso penal, pues no podrán utilizarse las escuchas en el juicio, con la consecuencia de que no podrán probarse los delitos y, por ende, se deberán absolver a los procesados. Parecida estrategia está utilizando el ex-presidente y ex-ministro Jaume Mata que está siendo investigado por otros delitos de corrupción.

Todos tenemos el convencimiento moral de que los procesados en el “Caso Naseiro” se cometieron muchos y graves delitos que quedaron impunes por la aplicación estricta de los derechos de los procesados. Similar situación puede llegar a darse en los casos de la Red Gürtel y Jaume Matas.

El problema surge cuando la jurisprudencia garantista emanada de causas contra banqueros, políticos de derecha y empresarios no se extiende al resto de la ciudadanía. Por ejemplo, es un escándalo de carácter internacional cómo unas “pruebas” obtenidas con violación del derecho internacional y de gentes, sin intervención judicial y manipuladas por el ejercito que más violaciones de derechos humanos ha cometido, sirva por medio de un auto de procesamiento de un juez vinculado con el Partido Popular para "acreditar" la relación de ETA con las FARC y con Venezuela. Con la agravante de que en base a estos archivos informáticos se ha procesado a la cooperante Remedios García y acusada de graves delitos, cuyo único “pecado” ha sido ayudar a una persona enferma. En el muy improbable caso que se diese válidez jurídica a los documentos filtrados a la prensa de supuesto ordenador de Raul Reyes, tampoco probarían esa, deseada por algunos complicidad entre ETA y el Gobierno democrático venezolano.

Y es que los jueces son humanos. Unos no quieren verse en la tesitura de Juzgar a personas poderosas, como ha ocurrido en Valencia donde dos Magistrados han hecho auténticos juegos malabares jurídicos para evitar ver a “un más que amigo”, el presidente de la Generalitat Francisco Camps, sentado en el banquillo de los acusados.

Otros, como es el caso de Eloy Velasco, confunde los deseos con la realidad. No hay nada que más le gustaría que ser “el Juez” que descubra el nexo entre el “terrorismo internacional” y el revolucionario gobierno venezolano, sólo hay que leer su “famoso” auto. Para hacer realidad sus fantasías judiciales no importa ni la legalidad ni la verosimilitud de las pruebas.

En conclusión, la elite gobernante tiene muy interiorizado que la justicia penal es algo propio de los pobres y revolucionarios. Solo se apela al estado de derecho cuando a ellos les conviene y los derechos humanos son propiedad de ellos y los opositores cubanos. Una lástima que muchos jueces sean cómplices de estas tropelías.

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