Los problemas crediticios de Grecia han sido, quizá, el ejemplo último más visible de la intensificación de los ataques de grandes bancos a las finanzas públicas de un creciente número de Estados alrededor del mundo. Como recordarán algunos, la crisis por su deuda empezó a principios de diciembre del año anterior. Se acababa de disipar el temor inicial en los mercados mundiales ante la moratoria en el pago de deuda, solicitado por Dubai a sus principales acreedores. Los medios masivos empezaban a reportar que el déficit fiscal griego del último año alcanzaría el 12,7 % del PIB, mientras que la deuda pública habría llegado a 115% del PIB . Al poco tiempo, como señal de desconfianza ante el mayor riesgo de insolvencia representado por aquellos niveles altos de endeudamiento, las tasas de interés de los bonos griegos se dispararon a niveles cercanos al doble del punto de referencia o benchmark (porcentaje de intereses exigido por los inversores para comprar bonos de deuda alemana o Bunds, considerada la inversión más segura en la zona euro), una carga excesivamente pesada, para un país colmado de compromisos de pago prontos por madurar. Como agravante, se estima que solo para este año, Grecia tendrá que refinanciar aproximadamente 54 mil millones de euros de su deuda soberana, 22 mil millones de los cuales en los meses de abril y mayo. Reciclar tal cantidad de deuda a intereses con un margen tan alto por encima del benchmark, significaría sin duda, el colapso de la economía griega –hecho que pondría seriamente en entredicho el futuro de la moneda común, y de la misma UE. Finalmente, después de meses de debate, los ministros de finanzas de la UE reconociendo esta amenaza, aprobaron la promesa de ayuda para la economía griega a intereses más bajos, por un monto de 45 billones de euros – 10 billones de los cuales sería aportado por el FMI . Esta intervención, sin embargo, no vino a tiempo para impedir el sufrimiento indebido de muchos ciudadanos que no serán rescatados por esta medida de ayuda europea.

 

Para atraer nuevamente la ‘confianza’ de los inversores (i.e., su afán de retornos exponenciales a sus inversiones), el gobierno griego anunció el mes pasado, recortes presupuestarios enormes (mayoritariamente afectando a los trabajadores del sector público), una medida para alargar en 2 años (de 61 a 63) la edad de jubilación, y aumentos de impuestos, en un paquete de austeridad fiscal calculado en 4,8 mil millones de euros, o cerca del 2% del PIB. A pesar de este guiño a los carteles crediticios, para desgracia de los pensionados, ahorrantes y trabajadores griegos, no se calmaron los temores (¿avaricia?) de los financistas. Como era de esperar, al poco tiempo los ministros de finanzas de la UE exigieron más recortes y mayor austeridad . Parecía que poco importaba el enorme costo a los ciudadanos que implicarían las medidas ya aprobadas –algunos han estimado que la tasa de desempleo aumentaría al 15 %, impulsando un decrecimiento del PIB en aproximadamente un 7.5% para los años que duren las medidas macroeconómicas draconianas. Algunos, incluso, llamaron a que Grecia pusiera algunas partes de su territorio (las islas tan codiciadas como destino turístico por los europeos nor-occidentales) a responder por sus préstamos en riesgo de incumplimiento. Lo decisivo, resulta ahora evidente, era salvaguardar las inversiones (i.e., los inversionistas, que olvidan que cualquier inversión trae riesgos) en deuda Griega.

 

Al ver los detalles de este particular caso, quedan pocas dudas sobre la cada vez mayor supeditación de la soberanía del Estado-nación, a la soberanía del sector financiero internacional. Los niveles altos de endeudamiento de los países semi-periféricos y periféricos –en gran parte diseñados para ser destinatarios de las exportaciones de las potencias industriales, como lo son Alemania y Francia en la UE— son aprovechados por los grandes oligopolios de crédito internacional para disciplinar fiscalmente a poblaciones enteras –sin mayor responsabilidad por la inadecuada administración de las finanzas públicas, por cúpulas políticas altamente corruptas en sus países. Esta imposición de desinversión, por su parte, inhibe el potencial productivo de la fuerza de trabajo, en perfecta capacidad de llevar a cabo actividades económicas necesarias y vitales para el bienestar público, pero necesitada de apoyo institucional. Igualmente, pende sobre países como Grecia (es decir, la mayoría del mundo) la amenaza de sanciones (boicots) a sus exportaciones vía la OMC, y guerras especulativas (currency warfare) contra sus monedas, si por alguna razón ejercieran su derecho soberano a generar crédito propio –cómo han hecho todas las potencias exportadoras en el momento histórico de su industrialización. El trato dado hasta el momento al gobierno y a la ciudadanía griega, muestra que si quieren mantenerse exentos de los mecanismos de sanciones a sus actividades económicas, deberán cumplir con su papel de 1) clientes vitalicios del crédito de los bancos internacionales, y 2) consumidores perennes de importaciones provenientes de las potencias exportadoras.

 

Ahora bien, la agenda internacional de los bancos por mantener un orden fiscal artificialmente estricto en los países no invitados al G-8 y al más amplio G-20 (que incluye Brasil, China, la India, entre otros) tiene límites de viabilidad. Las políticas fiscales y monetarias de países semi- o no industrializados, según los lineamientos impuestos por aquellos grupos de potencias, han comprometido seriamente sus finanzas. Cuando los no G-8/G-20 son forzados a dirigir más de sus ingresos a pagos de intereses por deudas pretéritas –como es el caso griego--, queda menos para estimular actividades productivas que generan mayor recaudación fiscal. Es decir, la implementación de los recortes de gastos públicos estrangula la dinámica económica sana, aumenta los déficits presupuestarios, y lleva indubitablemente a intensificaciones de recesiones. Mientras tanto, es práctica común en las potencias económicas mundiales en tiempos de crisis, la inversión pública deficitaria. Persistir en aquella vía de recortes, en cambio, representa una condena a la masificación del desempleo y a la intensificación de la pobreza, que su vez generan mucha presión al contrato social. Es por esta razón, que no sorprendió demasiado la inicial oposición del presidente del Banco Central Europeo, J.-C. Trichet, a que el FMI tomara las riendas en el diseño e implementación del plan de rescate para Grecia (i.e., para los acreedores de Grecia).

 

Con la aprobación del paquete de rescate europeo para Grecia, con un limitado rol del FMI (y su temido modus operandi), los burócratas del sector financiero europeo no solo han rescatado al euro, y a los bancos franceses y alemanes tenedores de los bonos griegos; han reconocido que la vía frontal y acelerada de la expoliación del fisco público, por las grandes instituciones crediticias europeas, amenaza la continuidad misma del bloque de naciones. No haber intervenido con el plan de ayuda habría significado un paso contundente en la vía al retorno del peonaje de deuda al continente europeo (dados los altísimos intereses a los que Grecia hubiera tenido que refinanciar su deuda). Aun con el rescate, no es seguro que tal cosa logre ser evitada. Pareciera que la soberanía del Estado-nación está en la mira de los financistas internacionales, porque resulta quizá el mayor impedimento a su proyecto neo-oligárquico.

 

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