Dada la creciente represión que se ha dado en los últimos diez años y de la negación absoluta del Estado de “hacer nada malo” del gobierno anterior me parecía importante visitar, para discutir con los grupos de Derechos Humanos, lo que sucede en región de la Araucanía. Viajé específicamente a ver la realidad de los presos políticos mapuche. Lucía Sepúlveda, con su “periodismo innovador” identificó a unos 100 presos antes de que el Gobierno chileno en Ginebra diera su Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos humanos de la ONU por las conocidas violaciones de los derechos humanos del pueblo mapuche. 77 recomendaciones se habían hecho al Gobierno chileno. Pero escuché allí a su embajador Droguett decir que había “4 presos con ley antiterrorista” y que los mapuche presos, al igual que lo dicho por Lagos y Bachelet, “eran todos delincuentes”. Fui a visitar los detenidos mapuche, en sus cárceles como parte de un trabajo de derechos humanos.

Conversando con los detenidos mismos, con sus familias y observando las condiciones en que viven los presos conocí otra realidad. La prensa y televisión del Estado, al igual que los poderes que piden y se benefician de la situación de violencia hablan de terroristas. Los mapuche y organismos internacionales hablan de derechos violados y de demandas legítimas. Los terroristas no poseen armas y son los que tienen el monopolio de los muertos. Los que dicen defender la paz ciudadana tienen el monopolio de las armas, causan todos los muertos… impunemente. Sabía que la represión era dura y que el gobierno de Lagos la había vuelto a renovar. Militarizó y criminalizó de modo irresponsable las demandas mapuche, sin nada que reflejara su pretendida condición de progresista, humanista o defensor del medio ambiente como él mismo gusta presentarse. Quise entonces confirmar si era cierto o no que el Estado intentaba “hacer algo bueno”, por sus estructuras y su sistema legal... No lo encontré.

Traté de conocer la realidad carcelaria, entender las situaciones procesales y cómo las viven los mapuche. Fui a ver a los presos políticos mapuche (ppm) y entender sus huelgas de hambre y sus razones. También la forma despectiva y la soberbia con las que habían sido tratadas. Era febrero, antes del terremoto.

Confirmé la pobreza impuesta a un pueblo entero. Ví condiciones de vida incompatibles con la quimera estatal y de los sectores pudientes de que “somos un país desarrollado”. “Chile es un país pujante, moderno, democrático” se dice. Los mapuche rurales, con su dignidad de pueblo originario, viven arrinconados en las poquísimas tierras que les han dejado: 6% de las originarias. No pueden siquiera alimentarse... y migran. Su ingreso no llega al 50% del salario mínimo local. Es decir, muchos viven por debajo de un dólar por persona por día. Los mercados a los que van los tratan mal, los carabineros les violentan por su “ilegalidad” (“Siempre falta un papel o en sello” que justifica que les quiten a menudo sus productos) Los estudiantes viven pobremente y sus hogares estudiantiles, “por ser posibles líderes terroristas” son constantemente acosados, sus pertenencias, computadores, libros, etc, son destruidos.

Las cárceles de El Manzano de Concepción, de Lebu, Angol, Chol-Chol (para menores), Temuco (para hombres y mujeres) me enseñaron que la situación no era mala… Es peor. Hay una paz de mentira y una guerra sucia de verdad contra el pueblo mapuche.

¿Qué pasa con La justicia? Los fiscales, el Ministerio Público, la ley antiterrorista, la “Justicia Militar” tienen bien ganada su (mala) fama. Detenciones arbitrarias, montajes con violencia, testigos protegidos que son fabricados y sobornados, detenidos eternizados y procesos absolutamente inmorales. El juicio de Kenny Sánchez, Elena Varela y Sergio Reyes mostró de que todo era montaje. Por ley debía hacerse en 6 meses: se hizo en dos años. Ineficiente. Y se hizo con mala fe y abuso. Participación descontrolada de la ANI (Agencia nacional de inteligencia) que practica espionaje de la población y de potenciales opositores. Esta “inteligencia” se conoce en este país con tristes memorias y se la aplica a los ppm. Jóvenes -a menudo son jóvenes- son detenidos para montar acusaciones contra líderes. Vi presos que fueron detenidos ebrios y sacando una botella de pisco que fueron usados: se les hizo firmar, ebrios aún, acusaciones contra un líder mapuche ya sobreseído en dos ocasiones por crímenes que nunca probaron. Acusaciones originales obtenidas bajo tortura. Es el caso de Héctor Llaitul, trabajador social que tuvo apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Asistentes Sociales. Fue liberado en varias oportunidades “pero hay que meterlo preso a todo precio” ¹ y ahora tienen otros testigos. Si los testigos “no cooperan” son ellos mismos criminalizados y detenidos como coautores de causas que ni conocían. Así esperan en la cárcel 53 presos sin juicios, algunos ya por varios años. Todos son imputados con suficientes acusaciones que permiten tenerlos presos por muchísimo tiempo. Además, si son liberados, los vuelven a detener bajo ley antiterrorista nuevamente, el mismo día, o después, a pocos metros de la cárcel o en sus casas y el ciclo vuelve a empezar. Los mapuche no tienen derechos simples: un menor que va a saber de su padre detenido ilegalmente el día anterior es brutalmente golpeado por el GOPE. Hay evidencia de video. La semana pasada dicen que los carabineros fueron acusados por la Justicia Militar JM (la justicia civil sistemáticamente se declara incompetente -¡y vaya que sí lo es!) Todo parecía un sueño. Pero a los pocos días ya estaban libres ². Los padres de un niño torturado y amenazado de ser lanzado desde un helicóptero presentan una querella… nuevamente la justicia se declara incompetentes y la pasan a la JM. Es decir, el criminal se juzga a sí mismo. Todos son sobreseídos. Matías Catrileo, estudiante asesinado por la espalda con arma y carabinero identificado… la sentencia final es remitida y queda en “firmar una vez al mes”. Y aquí no ha pasado nada. Con Jaime Mendoza Collío todo va en el mismo camino. Alex Lemun no es diferente. El niño José Huenulao, golpeado y raptado en Puerto Montt. Hoy desaparecido: los carabineros responsables son conocidos pero intocables. 70 niños mapuche sufren violencia por parte de los sistemas policiales y esperan justicia… Los detalles han sido enviados a los cuerpos de Justicia y Derechos Humanos Internacionales ³. El caso del menor Leonardo Quijón, que recibió un escopetazo a quemarropa y fue llevado desde Ercilla a Santiago por sus padres y declarado por los carabineros “que no tenían nada contra él” cuando se temía por su suerte (tuvo una parada cardiaca en el hospital), termina siendo detenido violentamente, tomado por la Justicia Militar y ahora detenido en un tétrico centro para menores de Chol-Chol. Lo visité allí. Tiene daño importante que va a hipotecar su vida. Le han anunciado que será condenado a 10 años y un día… ⁴ Fernando Lira, de la ONG Liberar, junto con los Longkos han denunciado ante UNICEF la forzada clandestinidad de un menor de 16 años, Patricio Queipul Millanao, integrante de la comunidad mapuche Autónoma Temucuicui, Comuna de Ercilla. Patricio es perseguido por carabineros. Recientemente, un joven de 22 años es condenado por el Fiscal Militar, Coronel Ricardo Vidal Garrido, con sentencia, a 10 años y un día (¡pena efectiva sin beneficios!) por un crimen que nunca se cometió y menos por él. La condena se hace sin el imputado y sin abogado defensor presentes. Este joven lleva dos años detenido sin juicio. Muchos presos denuncian que sus familiares son amenazados, hostigados. Niños de 5 años que no son aceptados en las escuelas. Esposas cuyos trabajos ganados por concurso son amenazadas con expulsión del servicio público por “ser miembros de familias terroristas” (a las que nunca les han podido demostrar serlo&hellip La abogado Karina Riquelme de Temuco presentó hace cuatro días un recurso de protección para los niños de la comunidad Mateo Ñiripil, en la comuna de Lautaro, del sector Muco Bajo, región de Lautaro: los niños son hostigados por la policía y amedrentados “para que delaten a sus padres” que apoyan las demandas de restitución de tierras y respeto a su cultura y familias. Exigen algunos políticos de mentes paranoicas que los presos políticos mapuche deben ser separados, cambiados de ciudades para que no planeen el terrorismo que le atribuyen. ¿Es esto justicia, democracia o respeto a los niños, a las familias?

El objetivo de detener y mantener presos a los potenciales líderes mapuche y usar un aparato ilegítimo y antidemocrático es injustificable. Los costos de abogados son enormes, prohibitivos. Los precios varían. Salvo unos muy “baratos” ($200.000 por caso) otros son muy caros: $5.000.000, inalcanzables para las familias. Al intentar pagar, sus ya modestas condiciones de vida se tornan miserables. El Estado, que se pretende austero, crea cárceles privadas y gasta millares en represión. Se militariza un conflicto fantasma que el mundo indica debe resolverse mediante negociaciones y reparaciones históricas.

Por ejemplo en Temuco todos los presos (13) están bajo ley antiterrorista (más algunos cautelares). El número de causas que les imputan varían de 4 a 14. Eso permite “guardarlos por largo tiempo”. Si un grupo de presos es imputado por la misma causa, el resto de sus causas no son incluidas en esa defensa. Así, si son liberados por una les quedan otras 3, 7, 13 o cuantas quieran los fiscales para mantenerlos presos. Los presos circulan por puertas giratorias, “las pruebas” son aportadas por la ANI. Siguen y persiguen, graban llamadas, controlan correos electrónicos y luego, con esas “evidencias” que serían rechazadas en cualquier parte del mundo por ilegales e ilegítimas, detienen y condenan. Sus acusaciones múltiples son producto de mentes persecutorias de fiscales represivos que aún funcionan “a la antigua”.

Además existen los “huérfanos de abogado”: “No veo a mi abogado hace 8 meses (uno que fue sentenciado sin permitirle asistir a su propio juicio) “Vino hace tiempo pero ya no lo vemos”, dice otro. “No tengo recursos para pagarme abogado”. La existencia de financiamiento solidario está apareciendo pero requiere que los abogados cambien su enfoque ultra liberal. Deberán trabajar con quienes buscan defender los derechos humanos y cooperar entre ellos (en vez de mirar a los presos como a un mercado).

Hay presos “más iguales que otros”: Dada la sobrepoblación carcelaria, los presos mapuche están hacinados en Temuco. En un patio de 2 x 4 metros, se les permite hacer ejercicio, al mismo tiempo a 13 presos mapuche + 20 presos condenados no violentos… Sin embargo, en la misma cárcel hay presos en jaula de oro: a mi inocente pregunta de si tenían duchas con agua caliente me contaron de que los 6 presos acusados de crímenes contra la humanidad, de servicios policiales o militares, tienen dormitorios buenos, TV Cable, duchas con agua caliente, visitas cuando quieran, radio, información, cocina, comida de calidad, etc. Pero hay cárceles donde los presos sólo tienen acceso a servicios higiénicos entre las 9:30h y las 16:00. Durante el resto del tiempo: NADA. Esto porque “no hay espacio, porque no hay personal”, o… ¿porque no hay… digamos, voluntad ni planeamiento para tratarlos como seres humanos? ⁵

“Presos cautelares”: Otra manera de “paralizar las vidas”. Un ejemplo familiar: La madre, una longko, al ser detenida es golpeada y pierde un embarazo. Luego porque protesta por el daño que se le hizo a ella y a su domicilio y familia, se la acusa de peligrosa: “presa a largo plazo”. El padre, es werken. Sus casas, asaltadas muchas veces, destruidas, quemadas: ahora sin casa. El hijo: ex estudiante de Derecho por sus repetidas detenciones debe dejar los estudios. Ha sido detenido muchas veces: “usan la puerta giratoria”. Tratado con violencia, torturado, golpeado en público en Temuco por carabineros y filmado en videos que recorrieron el mundo. Debe mantenerse “firmando” sin poder estabilizar su vida ni menos volver a estudiar. No hay ninguna intención de reparar los daños a esta familia. Una hija logró asilarse en Suiza ya que también estaba amenazada de cárcel. Ninguno de ellos es criminal pero se les trata como tales.

Al visitar por segunda vez a esta misma familia en la cárcel de mujeres de Temuco, vimos como destruían y contaminaban los alimentos que los familiares llevaban a los presos (hacer hoyos en la hierba mate, té, otros alimentos, sandwiches, pasteles, cortar el pan en pedazos pequeños “todo por razones de seguridad”, nos explican cuando ven que los observamos. Pero para que los observadores “aprendan”, una de las personas del grupo de observadores de derechos humanos, que obviamente vio lo sucedido, fue sometida a un trato vejatorio. La funcionaria Yarela Alarcón, que se había dedicado a revisar la comida llevó a esta observadora y la sometió, la única, a un abusivo y denigrante chequeo corporal imponiéndole sacarse sus calzones, sostén y exponerse. En las visitas a otras cárceles nos trataron bien. Pero no es lo que nos dicen los presos y los familiares de mapuche presos. Las esposas son a menudo vejadas, se les quita la ropa, se las hace ponerse en posiciones inaceptables, se les obliga a hacer esfuerzos defecatorios “para ver si cae el teléfono celular”. “A mi hija de algunos meses, buscando armas u otras cosas, le apretaban la guatita hasta hacerla llorar”, nos dicen. Las mujeres no mapuche, esposas de presos mapuche, dicen que a ellas “no las molestan”. Esto configura un trato discriminatorio, racista por parte de algunos guardias. No de todos pero que le suceda a uno significa ya un grave error. La implementación de los protocolos contra la tortura y otros vejámenes no parece ser parte de la formación del personal de los organismos policiales o de prisiones. Chile se comprometió a hacerlo… pero no lo hace.

Recibí las disculpas del Coronel a cargo de gendarmería de la IX región. Pero se requiere más: que nunca más suceda. El poder que no respeta los derechos de todos y cada uno y se ejerce de modo arbitrario es una vergüenza social. Degrada también al país. Y el que se ejerza como intimidación para los observadores de Derechos Humanos indica que algo se quiere esconder. Chile dice respetar los tratados y no someter a nadie a tratamiento injusto o vejatorio… Pero lo hacen y esto debe ser absolutamente denunciado.

El caso emblemático de Patricia Troncoso: dos veces sobreseída de una causa sin relación alguna con un incendio, fue condenada finalmente y ya lleva 8 años presa. Hizo tres huelgas de hambre para que le dieran los pocos beneficios penales que todos pueden recibir. Durante la última y más prolongada huelga de hambre en 2007-2008, la torturaron psicológica y físicamente: “era asaltada con agujas, con tubos de alimentación, amarrada y aún tengo pesadillas por ello”. Todo en franca violación de los principios de ética médica y humana según los términos de la Asociación Médica Mundial. Ahora cada semana duerme 5 días en la cárcel, adonde va con su hija de 13 meses. Le quedarían a ella e hija 3 años más pero no las dejan beneficiarse de una libertad condicionada. (Lo que sí se permite a delincuentes comunes y de los más duros) Peor, se la amenaza con que “si no se porta bien” –y vaya que es una presa modelo- la vuelven a meter a la cárcel sin beneficios de ningún tipo… La amenazan de que le quitarían a su hija de 13 meses. Haciendo uso de un poder abusivo, fue condenada a que no podrá nunca más ejercer como profesora. ¿Es esto justicia? ¿O es que Chile se cree humano al imponer la ley (que sigue siendo ley de la dictadura) a su antojo? ¿Hasta cuándo señores ministros? Los secretarios de gobierno dicen que “la ley es igual para todos”. En el caso de Patricia Troncoso y los comuneros ellos fueron liberados dos veces… pero quien los acusaba tenía poder: Agustín Figueroa, miembro del Tribunal Constitucional, abogado, rico por herencia de usurpaciones históricas. Colocó testigos encapuchados y pagados: “Su justicia funcionó”.

Los abogados de la Defensoría Penal Pública: un sistema que se autojustifica. Pretende ser democrático pero son abogados designados y no de libre elección como sucede en los países democráticos. Los abogados, salvo honrosas y pocas excepciones, son parte del sistema, se coluden con los fiscales y mantienen a los ppm en callejones sin salida. Presos que han denunciado haber sido torturados, denuncian que estos abogados se han reído con los fiscales de “sus defendidos”. Una vez más, Chile imita a los grandes y pretende ser un igual… sin llegar ni cerca.

Inquieta ver que el Presidente actual, durante su campaña electoral aseguró a oficiales de las fuerzas armadas que se terminaría con las persecuciones por crímenes de lesa humanidad. Una seria contradicción con su pretendida defensa de los derechos humanos. En un acto publicitado, lo que puede entenderse como intento de establecer una impunidad preventiva, el Presidente visitó al grupo policial de choque GOPE para garantizarle, horas antes de posibles manifestaciones, “su total respaldo para las acciones que deban tomar” (29 de marzo 2010 – Día del joven combatiente) Inquieta pensar que la “pena de muerte oficiosa” – la “ley de fuga”- sea revivida sin mayores miramientos ⁶. La ausencia de un debido proceso es flagrante. Para intimidar y creerse poderosos, -pero jamás justos-, solicitan penas de 30 a 103 años de cárcel ⁷. Se posterga delinear una política de justicia y terminar con una de represión. Los líderes mapuche ya exigen justicia y democracia. No aceptan, con razón, seguir con las rutinas injustas de siglos. ¿Respetará Chile sus compromisos internacionales, la equidad perdida y por recuperar, el sentido de nación respetuosa de todos y cada uno, el promover la defensa de los recursos nacionales no renovables y el futuro de todos los pueblos que habitan esta rica y expoliada larga faja de tierra? ¿Podrá Chile, después de las décadas de dicta-dura y otras de dicta-blanda, salirse de este estigma social y rectificar los errores y abusos? Llamar a cambiar las leyes actuales por una Constitución democrática participativa es una urgencia. Establecer el derecho de los pueblos originarios y respetarlos es un imperativo ⁸. Eso permitiría terminar con la “historia de la intolerancia” que denunciara José Bengoa en su Historia del pueblo Mapuche.

Si el Estado obedece a los pocos dueños y gobierna para los poderosos sin pensar en la equidad, es porque construye una base represiva y antidemocrática. Si no modifica sus leyes fundamentales es porque usa un sistema legal de represión para ganancia de unos pocos. Si destruye el futuro y el medio ambiente es porque es retrógrado y ciego. Si la educación se basa en ser un negocio y no un derecho y una verdadera inversión para el futuro, es un país que apuesta a la mediocridad. En un Estado de empresarios para empresarios, estamos mal. Es una elección que tanto el gobierno nuevo como los políticos gobernantes de los 20 años anteriores aún deben responder y cambiar. Un país que no respeta a los más excluidos no puede ser un país honrado.

Chile no necesita más de lo mismo.

José Venturell: Profesor Emérito, Universidad de McMaster, Canadá y Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura.

Observaciones hecha durante el período Enero 28 y Abril 27 del año 2010

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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