Los reportajes sobre la quiebra económica de Venezuela vuelven a producir titulares porque la economía del país se contrajo el año pasado (como la inmensa mayoría de las occidentales), padece escaseces de suministro eléctrico y el valor de la moneda ha caído bruscamente hace poco en el mercado negro.

 

En una noticia que tiene un tono más parecido al de un editorial, The Washington Post informa de que Venezuela «está atenazada por la crisis económica» y que «los años de intervención estatal en la economía están imponiendo un peaje atroz a las empresas privadas».

Hay un hecho importante que casi nunca se menciona en los reportajes sobre Venezuela, pues no encaja con la narración que se hace de un país que ha gastado con desenfreno durante los años de expansión y para el que, como Grecia, pronto llegará el momento de la verdad. Se trata del de la deuda pública, cifrada en la actualidad aproximadamente en el 20% del PIB. Dicho de otro modo, incluso cuando triplicaba el gasto real per cápita, incrementaba el acceso a la atención sanitaria y la educación y prestaba o concedía miles de millones de dólares a otros países latinoamericanos, Venezuela redujo la carga de la deuda durante la escalada de precios del petróleo. La deuda pública de Venezuela se redujo desde el 47,5% del PIB en el año 2003 hasta el 13,8% en 2008. En 2009, cuando la economía se contrajo, la deuda pública repuntó hasta el 19,9% del PIB. Aun cuando contabilizáramos la deuda de PDVSA, la empresa petrolífera estatal, la deuda pública del país alcanzaría el 26% del PIB. La fracción exterior de esa deuda es inferior a la mitad del total.

Comparemos los datos con los de Grecia, donde la deuda pública asciende al 115% del PIB y actualmente se prevé que ascienda en 2013 al 149%. (La media de la Unión Europea gira en torno al 79%.)

Dado que la deuda pública y exterior del gobierno de Venezuela es muy baja, la idea de que el país se dispone a sufrir una «crisis económica» es, sencillamente, errónea. Con el precio del barril de petróleo situado en unos 80 dólares, Venezuela goza de un considerable superávit en la balanza por cuenta corriente y dispone de un nivel de reservas saludables. Además, el gobierno puede suscribir préstamos internacionales cuando sea necesario; el mes pasado China aceptó prestar 20.000 millones de dólares a Venezuela en concepto de anticipo sobre futuras ventas de petróleo.

Sin embargo, al país se le siguen presentando retos económicos importantes, algunos de los cuales se han agravado por causa de decisiones equivocadas en el ámbito de la política macroeconómica. El año pasado la economía se contrajo un 3,3%. La prensa internacional tiene dificultades para comprender este hecho, pero el problema era que la política fiscal del gobierno era demasiado conservadora; recortó el gasto cuando la economía se deslizaba hacia la recesión. Fue un error, pero esperemos que el gobierno invierta la tendencia rápidamente con la expansión de la inversión pública que tiene prevista para este año, que incluye destinar 6.000 millones de dólares para la producción de energía.

El error económico más grave a largo plazo del gobierno ha sido mantener una tasa de intercambio monetario fija y sobrevaluada. Aunque el gobierno devaluó la moneda en enero haciéndo pasar el cambio con el dólar de 2,15 a 4,3 para casi todas las transacciones oficiales en el exterior, la moneda sigue sobrevaluada. La tasa a la que se cambia en el mercado negro se sitúa en más de 1 a 7 con respecto al dólar.

Una moneda sobrevaluada (que abarata artificialmente las importaciones y encarece las exportaciones del país) perjudica a los sectores venezolanos que comercian con bienes exportables ajenos al petróleo e impide diversificar la economía en otros ámbitos. Peor aún, la elevada tasa de inflación del país (del 28% con respecto al año pasado, y en un promedio del 21% con respecto a los últimos siete años) sobrevalúa aún más la moneda cada año en términos reales. (La prensa también ha malinterpretado este problema; la inflación es demasiado elevada, pero el principal deterioro que causa a la economía no se deriva del propio incremento de los precios, sino de que produce una sobrevaluación creciente del tipo de cambio real.)

Pero Venezuela no se encuentra en la situación de Grecia ; ni de Portugal, Irlanda o España. Ni de Letonia o Estonia. Los cuatro primeros países mantienen una moneda sobrevaluada (en su caso, el euro) y desarrollan unas medidas fiscales que siguen la corriente del ciclo económico (por ejemplo, reducción del déficit) y agravan la recesión que atraviesan y/o ralentizan su recuperación. No pueden ejercer ningún control sobre la política monetaria, que está en manos del Banco Central Europeo. Los dos últimos se encuentran en una situación similar mientras sigan manteniendo sus monedas vinculadas al euro, y en los dos últimos años han reducido su producción entre 6 y 8 veces más que la de Venezuela.

Por el contrario, Venezuela controla sus políticas monetarias, fiscales y de comercio exterior. Puede aplicar medidas fiscales y monetarias expansionistas para estimular la economía, así como las relativas a la tasa de intercambio; dejando que la moneda flote. Una variabilidad controlada o «sucia» (en la que el gobierno no establece un objetivo concreto para la tasa de intercambio, sino que interviene cuando es necesario para preservar su estabilidad) sería mucho más adecuada para la economía venezolana que la actual tasa de intercambio fija. El gobierno podría situar la tasa de intercambio a un nivel competitivo y no tener que despilfarrar muchos dólares, como hace en la actualidad, tratando de reducir la brecha entre la tasa oficial y la del mercado negro. Aunque había predicciones (como siempre, exageradas) de que la reciente devaluación de la moneda dispararía la inflación, no sucedió así; seguramente porque la mayor parte de las transacciones de divisas se realizan de todas formas en el mercado negro.

Venezuela está bien posicionada para solventar sus actuales problemas macroeconómicos y favorecer una expansión económica sólida, como la que vivió entre 2003 y 2008. El país no se encuentra ante una crisis, sino más bien ante un dilema político.

* Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (Centro de Investigación Económica y Política) de Washington, D.C. Se doctoró en economía en la Universidad de Michigan. Ha escrito numerosos artículos de investigación sobre política económica, especialmente relacionados con Latinoamérica y con la política económica internacional. Es presidente de Just Foreign Policy (Sólo política exterior) y, junto a Dean Baker, coautor del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000). Este artículo se publicó por primera vez en The Guardian el 6 de mayo de 2010 y ha sido reproducido en CEPR mediante una licencia de Creative Commons. Véase también , Mark Weisbrot, «Venezuela Needs an Economic Development Strategy» (en MRZine , el 16 de abril de 2010)

Fuente: http://mrzine.monthlyreview.org/2010/weisbrot070510.html

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