En 1986 los trabajadores de la fábrica de retretes POZAL S.A. que formaban parte de un programa de “reinserción laboral” pararon la producción y se encerraron durante casi un mes. Lo que motivó este hecho fue que los materiales con los que trabajaban contenían amianto, y como consecuencia de su manipulación, comenzaron a enfermar uno tras otro. Al cabo de casi un mes de encierro se produjo el violento desalojo en el que murieron dos de ellos. El suceso pareció no importarle a nadie, es mas, no sólo no conmovió el fatídico final, sino que todos los trabajadores que se encontraban en contacto con el mineral maligno ya habían sido juzgados como “inservibles” abocados a morir en una fábrica, que tenia cada día mas beneficios a costa de la vida de unas personas que habían sido engañados vendiéndoles una “nueva oportunidad” en la vida.

El relato es estremecedor, no solo por el fatal desenlace, sino porque se trata de una historia no del todo ficticia que Patxi Irurzun narraba en su novela “Ciudad Retrete” [1] . En los años ochenta, POZAL S.A. podía ser cualquiera de las numerosas fábricas donde se utilizaba amianto, mineral que gozaba de múltiples utilidades en aquella época y era empleado en mas de tres mil productos a pesar de las consecuencias letales tanto en la salud de los trabajadores expuestos como en cualquier otra persona que estuviera en contacto con él.

El amianto en el Estado Español ha sido más conocido por su nombre comercial “Uralita”, filial de la multinacional Eternit, que comenzó a fabricar “fibrocemento” en 1920 utilizado primordialmente como aislante en la construcción y tuberías de agua por sus propiedades ignifugas, aislantes, su larga duración y bajo coste. Desde su extracción hasta la eliminación de los deshechos, pasando por su utilización se liberaban importantes cantidades de fibras que se insertaban en los pulmones de los trabajadores provocando distintos tipos de enfermedades mortales como la asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón.

En el 2002 se prohibió su producción pero se estima que alrededor de 140.000 trabajadores estuvieron expuestos a crisolito o amianto blanco. El índice de mortalidad por amianto se incrementó un 90% en el periodo 1992-2002. Lamentablemente, con la prohibición del amianto no acaba su historia, dado que los cánceres causados por el mineral pueden presentarse hasta 30 y 40 años después de la exposición. Por este motivo la asociación de victimas del amianto AVIDA [2] estima que “hasta el año 2010 se producirían unas 1500 muertes anuales de personas expuestas al amianto entre 1960 y 1975, tasa que aumentará hasta 2300 muertos entre los trabajadores expuestos en 1991”  

Tras estos datos desgarradores, es inevitable preguntarse cómo se ha llegado a esta situación, y mas cuando en 1930 se constataba una relación entre asbestosis y fibras de amianto y ya en 1973 la Organización Mundial de la Salud reconocía que la exposición a amianto causaba mesotelioma y cáncer de pulmón. Es evidente que ha existido un “pacto de silencio” de las empresas, administraciones y mutuas de accidentes de trabajo. Según manifiesta Ángel Cárcoba [3] desde el Departamento Confederal de Salud Laboral de CC.OO., “no se conoce ningún caso donde un médico de empresa o de mutua haya certificado a favor de las victimas”. De igual forma, los trabajadores de la fabrica Fibrocementos de Levante denunciaron que no les daban los resultados de los reconocimientos médicos para ocultar lo que estaba ocurriendo “porque sin enfermedad, no había problema”.

Junto a todo esto, también cabe destacar que para el reconocimiento de la enfermedades profesionales los trabajadores se ven obligados a pasar por procesos judiciales con los costes tanto temporales como económicos que conllevan, y aun así muchas veces sin ningún éxito, encontrándonos actualmente, con una Infra-declaración cada vez mas acuciada de las mismas, ya que si echamos un vistazo a las estadísticas nos damos cuenta que, curiosamente, en el Estado no muere prácticamente ningún trabajador por enfermedad profesional.

Las victimas del amianto han conseguido, tras casi 70 años de “silencio” culminar su lucha, por el momento, en el proceso de Turín donde los principales encausados son los dueños y responsables, de Eternit Suiza y Bélgica, que han dominado la producción de amianto por todo el mundo durante un siglo. Se les acusa de la muerte de 2.619 trabajadores, y se pide un millón de euros de indemnización para cada victima y penas de trece años de cárcel para los máximos responsables de la empresa, ampliable a los principales accionistas.

La lucha contra el amianto no termina aún, todavía quedan cerca de dos millones de toneladas de amianto en edificios, vagones y naves industriales en el Estado español y 150 países donde está permitida su extracción y transformación. Francisco Martínez, trabajador de la fabrica Fibrocementos de Levante señalaba que “el amianto es un bomba del tiempo”, el cronometro esta encendido, la avaricia empresarial nos asedia a todos. Tras encabezar una larga lucha con la que se consiguió la prohibición del amianto, Angel Cárcoba en su alegato “Yo Acuso” [4] realiza un llamamiento para la creación de un Tribunal Penal Internacional del Trabajo“donde comparezcan y se diriman las responsabilidades de quienes convierten el trabajo en lugares de violencia, enfermedad y muerte”.

 Nadine Trabas es socióloga y técnico en prevención en riesgos laborales

[1] Irurzun, P, 2002, Ciudad Retrete, Txalaparta

[2]   http://www.avida.es/

[3] Ángel Cárcoba Alonso es miembro del departamento de Salud Laboral de CC.OO. Presidió el Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre amianto.

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