¿Piensa usted que los halcones del déficit llevan razón en lo que concierne a derechos a tener beneficios, recortes de gasto público y crisis de la deuda? Piénselo otra vez.

Una ola de pánico exige la austeridad fiscal

La crisis de la deuda soberana en Grecia ha disparado una ola de pánico que se traduce en exigencias políticas radicales de disciplina fiscal en toda la Unión Europea por parte de una perversa coalición neoliberal de ideólogos de las finanzas públicas y conservadores "antiestatistas". Los propugnadores de la disciplina fiscal arguyen que la Unión Monetaria Europea (UME) y su divisa común, el euro, no resultarían sostenibles sin la drástica reestructuración de las finanzas públicas en todos los países miembros de la eurozona a través de una combinación de aumentos de impuestos y reducción del déficit mediante austeridad fiscal. Pero los acreedores, el grueso de los cuales son bancos transnacionales, se verán protegidos de cualquier “recorte” en los títulos de deuda soberana de los que son tenedores.

Sin embargo, este tipo de políticas de dura austeridad fiscal en una época en la que la recesión global de 2008 espera todavía la recuperación incrementará aún más el riesgo de una profunda recesión de doble zambullida en 2011 en un mercado dominado por expectativas bajistas [bear market]. Las voces alarmistas de estos halcones del déficit claman por programas de austeridad fiscal especialmente punitivos para los trabajadores de la eurozona, al tiempo que siguen tolerando una abusiva manipulación del mercado financiero que sólo ha de beneficiar a la elite financiera, pasando el sufrimiento al conjunto de la población.

Acreedores bancarios contra asalariados

Los déficits fiscales de la eurozona se reducirán recortando salarios en el sector público, así como beneficios sociales y gastos de subsidio, de modo que los acreedores transnacionales cobrarán todo, mientras se hace la vista gorda frente a la descarada evasión fiscal practicada por los ricos con ingresos no salariales que contribuyen a la pérdida recaudatoria y a los déficits fiscales. La disparidad disfuncional del ingreso y la polarización de la riqueza entre las masas asalariadas y la elite financiera con ingresos derivados de beneficios y ganancias de capital constituyen las causas principales de la sobrecapacidad de la economía. En las últimas décadas, la respuesta neoliberal a la sobrecapacidad consistió en evitar la obvia solución del incremento salarial, aprestándose en cambio a inundar la economía con enormes montañas de deuda de consumo y empresarial que terminó en un tsunami de quiebras de los prestatarios y desembocó en una crisis del crédito global. Ofrecer ahora la misma respuesta a la actual crisis llevará sólo a otra crisis global.

Mientras que los culpables del desplome global de 2008 han sido rescatados con dineros públicos procedentes de futuros impuestos, la crisis de la deuda soberana en todo el planeta se imputa ahora a los inocentes asalariados, supuestamente por recibir unos salarios insosteniblemente altos y unos beneficios sociales excesivos que, o eso se pretende, amenazarían la competitividad de las economías en un régimen de comercio globalizado, concebido para deprimir los salarios por doquiera.

La crisis de la deuda soberana no está causada por el Estado de Bienestar

La furia con que los ricos y los poderosos se aprestan ahora a castigar a unos trabajadores pobres supuestamente causantes del lío choca, por lo pronto, con una muchedumbre de pruebas que muestran que la actual crisis de la deuda soberana no está causada por un gasto social elevado, sino por una súbita caída del ingreso público debida a la recesión económica, causada a su vez por el desplome de unos mercados crediticios dominados por la contabilidad fraudulenta permitida en las finanzas estructuradas, finanzas de las que es exclusiva y directamente responsable la elite financiera.

A través de retorcidos “vehículos de propósitos específicos” (el único propósito específico de los cuales es tratar las ganancias de emisión de deuda como ingresos de ventas, a fin de eliminar pasivo financiero de la contabilidad gubernamental y poder presentar una imagen engañosamente robusta de las finanzas públicas), beneficios fantasma son succionados de la economía general para ir a parar a los bolsillos de financieros atacados de codicia, mientras se empuja a la economía real al desequilibrio, resultando todo en un elevada deuda pública real, imposible de sostener por un insuficiente ingreso agregado de la población trabajadora. Como porción del PIB, los salarios y los beneficios no han dejado de caer en las últimas décadas, mientras que la deuda pública ha ido en aumento. Las instituciones financieras internacionales generan rutinariamente beneficios mayores que el ingreso público de las economías pequeñas.

A pesar de las distorsiones propagandísticas, el problema de la deuda soberana no ha sido causado por el elevado coste del Estado de Bienestar; ha sido causado por unos mercados financieros desregulados, permitidos por los gobiernos con objeto de tomar prestadas enormes sumas a cuenta de futuros ingresos de las empresas del sector público, sin que constaran como pasivo en la contabilidad pública. Las finanzas estructuradas suministraban liquidez a los gobiernos que en ellas participaban, al tiempo que quedaban ocultas las deudas soberanas que habrían de honrarse en el futuro. Pero el grueso del dinero prestado fue a parar a los bolsillos de los negociadores de la privatización del sector público, mientras que las deudas quedaron para el conjunto de la sociedad. Una buena parte de la riqueza nacional se transfiere de la economía nacional a los especuladores internacionales a través de la manipulación legalizada posibilitada por la desregulada globalización de los mercados financieros. Es una nueva forma de imperialismo financiero sintético practicado contra las economías débiles a través de un esquema de movimientos cortos contra las monedas y los títulos de las naciones vulnerables.

La austeridad fiscal pondrá en peligro la existencia de la Unión Europea

Además, esas punitivas soluciones de austeridad fiscal harán insostenible a la UE como sobrestructura política a causa de la violenta oposición popular que suscitará en los países miembros. La síntesis centrista de la “tercera vía” entre el capitalismo de libre mercado y el Estado de Bienestar socialdemócrata ha forjado las condiciones de posibilidad de la presente crisis de la deuda soberana. El fundamentalismo de mercado ha sido desenmascarado por los malhadados pero predecibles acontecimientos que ayudó a crear como un fracaso tan desorbitante como espectacular. El costo exorbitante de este fracaso espectacular del fundamentalismo de mercado se cargará sobre las inocentes espaldas de los pobres que trabajan.

Hay robustos indicios de que los votantes de países con sistemas políticos democráticos multipartidistas han sufrido un lavado de cerebro que les induce a creer que el capitalismo de libre mercado con mínimas intervenciones públicas es la única vía a la prosperidad. Los votantes han sido subliminalmente condicionados para adquirir una ideología antiestatista en flagrante contradicción con sus exigencias de generosas redes de seguridad socioeconómica, que sólo el Estado puede proporcionar.

Cuando en la vida social el incauto débil resulta convencido por el retorcido fuerte de que el Estado es el problema, y no la solución, los débiles quedan atrapados en un clima político que permite la destrucción de su único protector institucional, puesto que la función existencial del gobierno, con independencia de su color político y económico, es proteger al débil del fuerte.

La no interferencia del gobierno que significan la desregulación y la privatización del sector público lleva a la ley de la selva en unos mercados libres bajo los que la función económica del financieramente débil es servir de carnaza al financieramente fuerte. Históricamente, el Estado evoluciona en la civilización para que las masas débiles puedan resistir a la opresión de la elite fuerte. Por eso los fuertes en la vida social siempre buscan abatir a los gobiernos populares.

El precio de salvar el euro puede ser la disolución de la Unión Europea

El intento de salvar el valor cambiario del euro del colapso con que lo amenaza la deuda soberana agregada de los Estados miembros de la eurozona a través de una política de austeridad fiscal coordinada de todos los Estados miembros –de tradiciones socioeconómicas y de condiciones muy distintas— tendrá que pagar el precio de una creciente divergencia entre los países miembros y la Unión Europea. Los gobiernos de los países miembros se irán separando de la Unión por la acción de fuerzas nacionalistas centrífugas generadas por las distintas y divergentes políticas interiores. El sentimiento popular contra una austeridad fiscal local pretendidamente impuesta para preservar la Unión Europea se esparcirá como fuego incontrolado en esta crisis de deuda soberana de la Unión Europea.

Pero un debilitamiento de la convergencia hacia la plena integración de los Estados nacionales europeos no hará sino prolongar la vulnerabilidad estructural del euro como moneda común sin estructura política unificadora, condenándolo a seguir siendo una moneda multiestatal de alto riesgo político. Esta contradicción interna es el talón de Aquiles del euro, que es la moneda legal de una unión monetaria sin unión política.

Tiempo político tormentoso para los políticos responsables de esas políticas

Un tiempo político tomentoso está golpeando ya a los dirigentes centristas de varios países, al hacérseles responsables de las medidas de austeridad que ahora se ven forzados a aplicar para sacar a sus economías de una deuda soberana insostenible.

A fin de conseguir en 2013 llegar a cumplir los criterios de convergencia en el euro de la Unión Monetaria Europea tal como se establecieron en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), a fines del año fiscal precedente, la proporción del déficit público anual con respecto al PIB no debe exceder el 3%, y la deuda pública bruta no puede ser superior al 60% del PIB. Eso significa que los gobiernos de la eurozona necesitan recortar drásticamente sus déficits presupuestarios en unos 400.000 millones de euros. Esa gigantesca suma se sacará primordialmente, y durante las décadas, de los bolsillos de los funcionarios, de los pensionistas, de los desempleados y de los indigentes de la Unión Europea.

Grecia fue forzada a adoptar el pasado 11 de mayo un plan de austeridad para reducir su déficit presupuestario en 30.000 millones de euros en los próximos 3 años mediante recortes de salarios, de beneficios asistenciales, de subsidios y de pensiones, liquidando programas sociales e incrementando el IVA.

El 26 de mayo, España anunciaba recortes de 80.000 millones de euros en su presupuesto fiscal, la liquidación de 13.000 puestos de trabajo en los servicios públicos, la reducción en un 5% del salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones. El cheque-bebé de 2.500 euros a los padres, pensado para revertir las tendencias demográficas negativas, será suspendido.

Portugal ha congelado las contrataciones y los salarios en la función pública y aprobado un incremento del IVA, a fin de recortar 20.000 millones de euros de su déficit presupuestario.

El gobierno italiano ha tomado medidas que resultarán en recortes de 24.000 millones de euros de aquí a 2012. Incluyen una reducción de puestos de trabajo en la función pública, recortes salariales, incremento de la edad de jubilación y recortes en el sistema de asistencia sanitaria.

Francia planea reducir su déficit presupuestario de un 8% a un 3% del PIB de aquí a 2013. Para conseguirlo, se propone aplazar la edad de jubilación de los empleados públicos, recortar las ayudas a la vivienda, los subsidios de desempleo y las subvenciones a los museos, así como el ahorro de un 10% de los costes administrativos.

El gobierno alemán decidirá medidas concretas de austeridad el 6 y el 7 de junio. [1] La llamada “cláusula de la deuda”, anclada en la Ley Fundamental federal alemana, impone una reducción de 60.000 millones de nueva deuda de aquí a 2016. Entre las muchas medidas en discusión están los recortes en programas sociales para familias, infancia, bienestar y discapacitados, así como en anualidades y pensiones.

Retrasar la edad de jubilación, contraproducente

La Comisión de la UE sugiere que la edad de jubilación en Europa debería seguir creciendo constantemente. Eso monta tanto como asegurar que en el futuro no podrá gastarse en jubilaciones más de un tercio de la vida adulta de una persona. A largo plazo, eso significaría elevar la edad de jubilación a 70 años. Lo que añadirá presión a los jóvenes en vías de entrar en el mercado de trabajo en las próximas dos décadas, puesto que que quedarán menos plazas libres a resultas de la jubilación de los que trabajan.

El nuevo gobierno conservador de centroderecha en Gran Bretaña anunció recortes presupuestarios inmediatos de 7.200 millones de libras esterlinas, lo que incluía una congelación de nuevas incorporaciones a la función pública. El nuevo primer ministro, David Cameron, dijo que el déficit presupuestario británico se recortaría en los próximos cuatro años en 100.000 millones de libras. Eso incluye la eliminación de 300.000 puestos de trabajo en la función pública y la congelación de los salarios públicos.

Para millones de trabajadores y de recién licenciados, las medidas que se acaban de adoptar significan un incremento de los niveles de desempleo y de pobreza. En particular, la pobreza de la tercera edad volverá a ser un fenómeno masivo en Europa. No quedará nada del Estado de Bienestar de postguerra. Un estudio realizado en los EEUU por los investigadores del Carnegie Endowment for International Peace concluye que “los Estados de Bienestar levantados en toda Europa desde los años 40 del siglo pasado con el objetivo de erradicar el malestar popular y mitigar las tensiones que pudieran llevar a otra guerra continental” son “incosteables”. Lo que no se dice en el estudio es que sólo sería incosteable, si se sigue tolerando la disparidad de ingresos y la polarización de la riqueza. En una economía con sobrecapacidades, la gente puede costear lo que produce, si el sistema no priva a la mayoría de su derecho a la riqueza por ellos creada para transferirla a una minoría con poder de control. La revolución puede venir de la mano de la política o de la mano de la violencia.

Una crisis derivada de la mala distribución del ingreso y de la riqueza

En un régimen de dinero fiduciario, es responsabilidad del banco central asegurar una oferta adecuada de dinero. Los déficits fiscales presupuestarios que se usan para justificar el desmantelamiento del Estado de Bienestar son el resultado de la mala distribución sistemática del ingreso y de la riqueza: se sacan de las clases bajas que trabajan realmente para transferirlos a una cúspide que se limita a trabajos de manipulación.

Desde finales de los 70 y durante un cuarto de siglo, tanto los gobiernos de derecha como los de centroizquierda han venido reduciendo los impuestos al ingreso y a la propiedad de los ricos, deprimiendo los salarios sirviéndose del desempleo estructural como herramienta para combatir la inflación y abdicando de la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de la justicia económica.

La nueva coalición ve el concepto de un salario vital como cosa utópica. Los salarios se determinarían conforme a su utilidad marginal al rendimiento del capital en los mercados desregulados, y no por la ley económica de la gestión de la demanda en una economía moderna caracterizada por la sobrecapacidad y los ciclos económicos, cuyas fases recesivas han llegado a hacerse prácticamente continuas. El descontento popular se encara con incrementos insostenibles de la deuda pública. Tales son las causas principales de la crisis de la deuda soberana, no el sobreconsumo de la población trabajadora pobre.

La crisis de la deuda pública ha sido causada por los rescates bancarios

La deuda pública se ha disparado drásticamente en los dos últimos años por los billones que los gobiernos, dirigidos políticamente por fundamentalistas del libre mercado, bombearon a los bancos en peligro para evitar un colapso generado por la especulación de propietarios de títulos en mercados desregulados. Cifras recientemente publicadas por la Bundesbank alemana muestran que en 2008 y 2009 cerca del 53% de la deuda pública nueva alemana se usó para el rescate de instituciones financieras en problemas. La deuda pública nueva total creció en esos dos años unos 183.000 millones de euros; los costes que entrañó sostener a las instituciones financieras en problemas montaron 98.000 millones de euros.

Unos dirigentes sindicales convertidos en mamporreros del neoliberalismo

Para promover sus medidas de austeridad contra la población trabajadora pobre, la elite financiera dominante reclutó como mamporreros a los socialdemócratas y a los sindicatos. En los países PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) son, salvo en Italia, gobiernos de corte socialdemócrata los que imponen las medidas de austeridad; en Gran Bretaña, Francia y Alemania, los socialdemócratas están tan desacreditados por las medidas de recortes que tomaron en su día, que los frutos políticos los han cosechado ahora los partidos de derecha. En todos los casos, los socialdemócratas no dejan el menor resquicio a la duda, y apoyan los recortes diciéndo a la gente que “no hay alternativa”.

Los dirigentes sindicales se han apuntado de grado a la desacreditada TINA (“No Hay Otra Alternativa”, por sus siglas en inglés) de la teoría económica vudú de Reagan y Thatcher, colaborando con gobiernos empresarialmente controlados para lanzar una guerra financiera contra el mundo del trabajo. Las manifestaciones y huelgas contra las medidas de austeridad se han visto todas suprimidas por la policía armada, con la violencia y las muertes resultantes mediáticamente presentadas como otras tantas razones por las que las protestas de los trabajadores deben cesar.

Sin embargo, el mundo del trabajo organizado tiene la obligación moral y funcional de forzar cambios estructurales en este sistema económico disfuncional, en vez de seguir como víctima pasiva en la nueva era de la servidumbre impuesta a escala planetaria a los trabajadores. Entre tanto, un movimiento populista conservador que se llama a sí mismo TEA Party (Partido del TÉ, o partido del “Ya Basta de Impuestos”, TEA, por sus siglas en inglés) [2] está ganando apoyo popular y podría transformarse fácilmente en una fuerza política de corte fascista. Huelga decir que la retórica del Partido del TÉ, más allá de la protesta contra los incrementos de impuestos, constituye una protesta contra la perspectiva de que el dinero fiscalmente recaudado se gaste en los pobres, en vez de en el rescate de la errática elite financiera. A menos que el movimiento obrero organizado tome las riendas de la reforma, el paquete de estabilización de la Unión Europea, rayano en el billón de dólares, terminará en fracaso.

NOTAS T.:

[1] El paquete de austeridad del gobierno alemán fue presentado unos pocos días después de que se escribiera este artículo: para ver la noticia, pulse aquí.

[2] “Tax Enough Already”: el autor juega aquí con el nombre del movimiento populista de extrema derecha que con este nombre se extendido en los EEUU de Obama. Para un análisis en profundidad de ese movimiento y sus antecendentes históricos, véase en SinPermiso: “La tradición populista en los EEUU y la extravagante evolución del Tea Party”, escrito por Steve Fraser y Joshua Freeman (http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3326).

Henry C.K. Liu es un reconocido analista económico y político que escribe regularmente en Asia Times. Es consejero del Roosevelt Institute norteamericano, y forma parte del equipo rector de la revista New Deal 2.0.

Traducción para www.sinpermiso.info: Miguel de Puñoenrostro


Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3401 

rCR