El miércoles 12 de mayo, José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba en el Parlamento español una serie de medidas anticrisis que incluían: congelación de las pensiones de los jubilados, bajada de salarios a los funcionarios, restricciones en los pagos de las ayudas a ancianos y enfermos, y en el uso de los medicamentos; y el fin de su oferta estrella de las elecciones: el cheque-bebé (una medida por la cual quien engendrara un hijo o lo adoptara, fuese cual fuese su salario o posición económica, recibiría automáticamente un aguinaldo de dos mil quinientos euros). Como colofón, auguró también el presidente un notable recorte de las inversiones en obra pública, y –esto ya fuera de discurso- filtró a la prensa la caducidad de los cuatrocientos euros mensuales que el Estado concede a los parados de largo alcance. En cinco minutos, dinamitaba su retórica de presidente de los derechos sociales. Apartaba de un manotazo a los caníbales del liberalismo, y se sentaba él a la mesa para comerse a los débiles con un apetito más que notable.

Una semana antes había declarado que jamás tomaría ninguna medida que implicara recortes sociales. “Por razones ideológicas”, dijo. Pero, la ideología es una materia moldeable, y, entre tanto, había viajado a Bruselas y se había encontrado con las larguísimas caras de los jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo que le habían dicho que se buscara otra nueva retórica (el lenguaje que entiende el mercado) y que, a partir de ese instante, la economía de su país ya no iba a dirigirla él, porque había mostrado una incapacidad manifiesta. El propio Obama le telefoneó unas horas antes de su intervención parlamentaria, al parecer preocupado por la situación española. Desde ambas orillas del océano, se nos enviaba a los españoles el mensaje de que no somos un país soberano, sino intervenido; que somos algo parecido a lo que fue Marruecos para España a principios del pasado siglo: un protectorado (nos lo temíamos desde el mismo día que entramos en el euro; o aún antes, cuando empezó a llegarnos una lluvia de millones para que desmantelásemos nuestra modesta economía productiva). El presidente que, hace tres años, se preció de haber adelantado en PIB a Italia y amenazaba a Sarkozy con que pronto dejaría a sus espaldas a Francia, se tragaba amargamente sus palabras. No le quedaba más remedio que acudir al Parlamento español a dar cuenta de la nueva situación en esa lengua comprensible para los mercados: como han dicho algunos periódicos, se hacía su propia enmienda a la totalidad, o lo que, en la mecánica parlamentaria española, se llama su propia moción de censura. Mientras hablaba, tenía la triste cara de los suicidas.

En pocos minutos se venía abajo todo el armazón ideológico sobre el que se ha sostenido durante seis años esta variante contemporánea de la socialdemocracia, que se ha creído a salvo de los avatares económicos, gracias a una estrategia por la cual los problemas de la vida cotidiana se retiran de la escena pública y son sustituidos –en una cuidada estrategia- por la juguetería de lo que algunos han definido como Cultural War: es decir, por la puesta en primer plano de conflictos más o menos intrascendentes, amortizados, silenciados u olvidados, y cuya dramática escenificación le ha servido para mantener la ficción de una política progresista; de que hay una diferencia esencial entre democristianos y socialdemócratas, obviando que el meollo del progresismo tiene que ver, sobre todo, con la forma en que uno se gana el pan de cada día (y si puede ganárselo o no), y con la estrategia con que se reparte la gran tarta nacional entre los ciudadanos. El prestidigitador Zapatero ha conseguido ocultar durante años esa primacía de lo económico, gracias a que, en España, la lista de conflictos que pueden extraerse de la guardarropía y sacarse a escena es numerosa: clericales contra laicos; abortistas contra antiabortistas; españolistas contra nacionalistas; defensores de la negociación con ETA y partidarios de la mano dura; ecologistas contra negacionistas; partidarios de los trasvases de agua contra partidarios del caudal natural de los ríos; machistas contra feministas y homófobos; e incluso, y sobre todo -sí, setenta años después-, herederos de las víctimas de la guerra civil contra herederos del franquismo. Si a ello añadimos el manejo político de los tiempos judiciales en los escándalos de corrupción que afectan al partido de la oposición, el despacho en el Palacio de la Moncloa parecía asegurado durante unos cuantos años. Como le dijo Zapatero en vísperas electorales a un locutor amigo, y recogió un micrófono indiscreto: “A nosotros nos conviene tensionar”. Según los cálculos del líder socialdemócrata, en medio de este agitado guirigay nacional, podía seguir caminando sobre las turbias aguas de la economía sin mojarse ni las zapatillas: sólo faltaba que Europa se recuperase en un par de años, es decir, en vísperas de las próximas elecciones españolas: el tapón español flotaría de nuevo sobre el mar de riqueza continental y él podría seguir presentándose como adalid del progresismo.

De hecho, desde que se inició la crisis, el enredo ideológico ha permitido que los sindicalistas hayan seguido haciéndose enternecedoras fotos con el presidente del Gobierno mientras las cifras oficiales hablan de cuatro millones seiscientos mil parados, y las reales superan con creces los cinco millones. Los líderes sindicales han apoyado sin fisuras a un gobierno cuyas únicas medidas anticrisis se han sustanciado en la concesión de ayudas a las empresas automovilísticas y en una entrega de decenas de miles de millones a la banca, ejecutada sin ningún control, con la excusa ideológica de que esos millones iban a servir para que las entidades dieran créditos a las familias y a los pequeños empresarios en apuros. Pero la banca, entre tanto, se ha dedicado a comprar firmas extranjeras, a conceder jubilaciones fastuosas a sus directivos y a mostrar unas brillantes cuentas de resultados fin de ejercicio. Los sindicatos (engrasados con donaciones multimillonarias) no han movido un dedo por los que veían desaparecer sus puestos de trabajo, los que perdían sus pisos y los que tenían que cerrar sus empresas. Durante los últimos meses, la única batalla sindical visible –siguiendo la estrategia del Gobierno- ha sido la defensa de un juez que lleva veinticinco años intrigando en política. Zapatero y su Ministra de Economía han podido presumir ante la oposición de paz social en esa línea postmarxista de que la socialdemocracia es la mejor gestora del capitalismo, y que, por lo demás, cuenta con tan buena tradición en España: en los ochenta fue el Gobierno del socialdemócrata Felipe González el encargado de llevar adelante la durísima reconversión industrial que solicitaba el implacable capitalismo europeo; de multiplicar los despidos empresariales hasta elevar el paro a tasas antes nunca imaginadas, de domesticar a varazos a los sindicatos, y de meter al país en la OTAN.

Zapatero ha estado trabajando en sordina a favor de la gran banca y de los especuladores a los que de cara a la galería ataca con demagogia populista: Las vicepresidentas del Gobierno (hay dos) llegaron a amenazar con llevar a la cárcel a quien difundiera bulos acerca de la crisis para beneficiarse. Al parecer, acababan de descubrir que la esencia del capitalismo es la especulación: comprar barato y vender caro. Palabrería. En sus actuaciones, ni una sola referencia a tocar el estatus de unos bancos que, según leo en la prensa, son las entidades europeas que más cobran a sus clientes por servicios y las que menos pagan por rendimientos; bajo su mandato, se ha suprimido el impuesto de patrimonio y no se han gravado los bienes suntuarios, tampoco se ha mirado hacia las sociedades de inversión, esos refugios de grandes fortunas que se conocen con el nombre de SICAV, Sociedades de Inversión de Capital Variable, escondites financieros, para entrar en los cuales hay que contar con un mínimo de 2.300.000 euros, y que cotizan al uno por ciento. El discurso del 12 de mayo, levanta el telón de la retórica y, en escena, aparece la amarga realidad. El excitante ajetreo del dinero. Bambi (así se le conoce a Zapatero, por su discurso buenista) tiene agudos colmillos con los que da dentelladas, incluso a sus ingenuos votantes. Empiezan a oírse las voces de altos cargos del partido socialista que ven su sillón en peligro: no se quejan de que el presidente sea injusto al tomar estas medidas, sino de que los deja sin discurso político ante la derecha. Quieren otro guión que sirva para echar de nuevo la manta por encima de la realidad. Y él mismo ha creído necesario anunciar precipitadamente que pronto llegarán impuestos que gravarán a los que más tienen: a la banca, a la Iglesia, a los ricos (se les llena la boca, salivan al decir la banca, los ricos, la iglesia: cultural war en estado puro). La batidora populista vuelve a girar. A lo mejor queda alguien que se crea algo. No lo sé.

Rafael Chirbes es un escritor español firmemente comprometido con los valores de la democracia republicana y el socialismo. Uno de los más grandes y brillantes cultivadores vivos de la gran tradición realista española de Cervantes, Galdós y Max Aub, Rafael Chirbes es autor de agudos ensayos críticos como El novelista perplejo (2002) y de aclamadas novelas como Minoun (finalista del Premio Herralde en 1988), La larga marcha (Premio de la SWR-Bestenlste alemana), Los viejos amigos (Premio Cálamo del Libro del Año en 2003) y Crematorio (Premio Nacional de la Crítica en 2007, Premio Cálamo Libro del Año en 2007 y Premio Dulce Chacón en 2008).

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3405

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