Un golpe de estado constitucional acaba de consolidarse en Puerto Rico.

Tras un año de que el actual gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP, partido que busca la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos), intentara y lograra exitosamente la toma de varias instituciones que sostienen el gobierno democrático de Puerto Rico, un ambiente de hostilidad seguido por temerarias acciones retadoras de la paz pública, han desembocado en acciones violentas y agresivas del actual gobierno, tanto contra los partidos de oposición, como del movimiento estudiantil organizado, los sindicatos, la prensa, así como de todos los sectores de la sociedad civil puertorriqueña.

Esta toma del control constitucional procede de la Rama Legislativa bajo la autoridad del Senador Lcdo. Thomas Rivera Schatz, apoyada por el gobierno central bajo el mando del Secretario de la Gobernación, el Lcdo. Marcos Rodríguez Ema, con el obvio propósito de tener a su disposición y sin disputa, el control de todos los organismos rectores judiciales, universitarios, económicos y civiles. Ante este panorama, el actual Gobernador, Lcdo. Luis Fortuño, funciona sin voluntad, sin opinión y sin presencia ni responsabilidad pública.

Con el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, el pretendido control de los medios de comunicación, entre muchos otros, se atenta contra la genuina participación del pueblo puertorriqueño en todos los procesos democráticos protegidos por su Carta de Derechos.

Los incidentes comenzaron con el despido de más 20,000 empleados públicos con el pretexto de aliviar el gigantismo gubernamental y resolver el gravísimo déficit fiscal del país. Esta decisión ha provocado el caos económico, ha empeorado la prestación de servicios públicos y ha provocado la desesperanza en todas las familias puertorriqueñas. De la misma forma se instauró una grave persecución contra los institutos artísticos del país, estrangulando sus presupuestos y de esta manera evitar la propagación del arte como disidencia. Mientras el Gobierno favorecía con contratos de cantidades obscenas, a cientos de asesores, contratistas, y cabilderos asociados a su partido.

Continuaron los ataques con el nombramiento al Tribunal Supremo de cuatro Jueces afiliados y militantes al partido del poder logrando con ello la mayoría a favor del gobierno de todas las decisiones que por votación individual se hicieran en ese foro. Luego continuó con la eliminación y represión de la participación estudiantil en los procesos universitarios, la supresión de derechos de exención de matricula de atletas, artistas, entre otros, mientras obligó a los estudiantes de los 11 recintos universitarios del estado a declarar una Huelga que duró 60 días. Los estudiantes en Huelga lograron negociar a través de un tribunal de primera instancia, sin embargo, los referidos compromisos fueron invalidados por el Secretario de la Gobernación quien dijo que los acuerdos “no valen el papel en que están escritos”.

Este hecho precedió a la acción del gobierno central y del Senado de proponer un proyecto de Ley, aprobado en cuestión de horas, para aumentar cuatro miembros más a la Junta de Síndicos. Dichos miembros son incondicionales del partido en el poder. Los estudiantes universitarios de la universidad del estado, cuya vasta mayoría dependen de la beca de estudios federal, se enfrentan a una cuota anual recurrente de $800 dólares. Cuota que no pueden pagar y que se negarán a pagar obligados nuevamente a la consecuente Huelga. De esta manera, la administración central de la UPR arriesga la acreditación de la Universidad y podrá privatizar sus activos. En esta misma dirección, el Gobierno de Puerto Rico venderá los terrenos donde se ubica la zona del llamado “Karso” del Noroeste, que recoge un tercio de los abastos de agua de todo el país, para entregarlo a manos privadas que construirán un expreso de peaje sobre la referida zona, rica ecológicamente.

Pasando por alto muchos otros acontecimientos, el Presupuesto del país fue aprobado, junto con innumerables leyes que favorecen la privatización, la descolegiación profesional, así como la repartición de fondos públicos a manos privadas sin tomar en cuenta las necesarias y obligadas vistas públicas de participación ciudadana, y apagando los micrófonos de las bancas del Partido de Oposición de manera despótica.

Los incidentes lograron un punto climático cuando esta pasada semana, el FBI (Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos) arresta por cargos de soborno, venta de influencias y otros a un senador del PNP, el senador Héctor Martínez, mano derecha del Senador Rivera Schatz. Una pugna pública salta a las noticias entre Rivera Schatz y este cuerpo federal castrense, en defensa de la supuesta inocencia del senador Martínez, quien ha sido asociado al narcotráfico y quien fuera grabado en medio de su acto de soborno. Como último de los muchos incidentes de violencia y temeridad del Presidente Senatorial, se censuró mediante la fuerza la entrada de los periodistas a las sesiones del Senado, privando al pueblo puertorriqueño de la discusión que se realizó sobre el presupuesto del país. Los incidentes llegaron a la violencia verbal y física entre senadores, y han elevado la indignación del país a un punto insostenible de ansiedad y rabia.

El Lcdo. Thomas Rivera Schatz ha tomado virtual control del país con sus actitudes tiránicas y fascistas, y no se descarta que desde sus mismas gradas se inicien esta semana procesos de persecución y violencia contra otros sectores del país, apoyados por el Secretario de la Gobernación de Puerto Rico.

Son las 5:00 de la tarde del día 30 de junio de 2010, grupos de estudiantes, profesores y ciudadanos pidieron entrada a la Casa de las Leyes y fueron golpeados y torturados por la Polícia, hay numerosos heridos, mientras se moviliza la Guardia Nacional hacia el Capitolio. Choques violentos se esparcen por toda la zona del Parlamento y las represiones continúan.

Este control de facto del poder político en la Nación Puertorriqueña viola todos los más elementales principios de la democracia y del gobierno participativo, por lo que enteramos al mundo de la actual situación de violencia contenida que existe en nuestro pueblo y que está a punto de estallar contra estos dos políticos que han tomado por asalto el poder del país. Aún cuando en Puerto Rico no existen las condiciones para un levantamiento armado popular por la obvia desigualdad de las fuerzas en pugna, una revolución de afirmación cultural y estudiantil comienza a tomar las calles y a rescatar los espacios robados por los autores de este golpe.

Exhortamos a todos los medios de comunicación del mundo a que den noticia de la actual situación de la Nación Puertorriqueña y solicitamos por ende su completa solidaridad.

* Redactado por Roberto Ramos-Perea, dramaturgo puertorriqueño. (Con la activa colaboración, comentarios y apoyo de más de un centenar de ciudadanos puertorriqueños.)

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