La intensa y prolongada campaña difamatoria contra Cuba en torno a la condena de 75 ciudadanos cubanos hallados culpables por los tribunales del delito de mercenarismo por actuar contra su país a cambio de una remuneración de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, ha tenido una nueva prueba de su farisaico origen.

Ocurrió que el subsecretario de Estado estadounidense para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de George W. Bush, Roger Noriega, confesó, en un programa radial, que el entonces Jefe de la Oficina de Intereses de EE.UU. en Cuba, James Cason, tenía instrucciones de su gobierno de provocar la ruptura de las precarias relaciones diplomáticas de Washington y La Habana, establecidas durante el gobierno del demócrata James Carter.

El hecho cobra mayor actualidad por tener lugar pocas horas después de que el gobierno cubano anunciara la liberación de los sancionados que aún estaban cumpliendo sus condenas, a resultas de gestiones de la iglesia católica cubana y el gobierno de España.

En declaraciones hechas en Washington al periodista Roberto Rodríguez Tejera, del programa radial “Lo que otros no dicen”, de Univisión Radio, Noriega expresó que Cason, en aquel entonces, tenía instrucciones del Departamento de Estado de provocar al gobierno de Cuba para que éste le expulsara. En respuesta a la actuación que se pretendía provocar del gobierno cubano, Estados Unidos retiraría su representación en La Habana pidiéndole al Gobierno cubano que hiciera lo mismo con su representación en Washington, precisó Noriega.

Como resultado de esa intensificación de la agresividad que promovió la Oficina de Intereses de los Estados Unidos cuya motivación solo ahora es confesada por quien fuera alto funcionario del Departamento de Estado, se multiplicaron las acciones subversivas y demás actividades ilegales de todo tipo en Cuba.

El gobierno cubano, intuyendo o adivinando las verdaderas intenciones, optó por proceder legalmente contra los delincuentes materiales pagados por la Oficina de Intereses de EE.UU., en vez de expulsar al señor Cason, evidente instigador de lo que ocurría.

Esto último habría convenido a Cason, quien de tal forma cumpliría con éxito la misión encomendada por su gobierno de crear condiciones que favorecieran el cierre de las Oficinas de Intereses de los Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington.

Fue así que, ante la complejidad y gravedad de la situación, las autoridades cubanas, cumpliendo su obligación de salvaguardar la seguridad nacional, procedieron a ejecutar, entre otras medidas defensivas y preventivas, la detención y puesta a disposición de los tribunales, con todas las garantías procesales y penales que otorga la Ley, de varias decenas de individuos. A 75 de ellos les resultó probado, mediante evidencias materiales que no pudieron ser objetadas por sus abogados defensores, el delito de mercenarismo previsto por la legislación cubana vigente.

Todos servían, con mayor o menor grado de responsabilidad penal, a la representación diplomática de Estados Unidos en La Habana y cobraban por tales servicios.

A la campaña mediática y diplomática contra Cuba en torno al caso, que ha costado a los contribuyentes estadounidenses miles de millones de dólares en 7 años, se le agregaron una serie de “sub-campañas”, como la de las Damas de Blanco (utilizando a familiares de los sancionados) y la de los huelguistas de hambre en las prisiones (que incluyó el fallecimiento de un preso común, reclutado en prisión en función de la operación publicitaria).

El caso de los 75, cuyos protagonistas eran exclusivamente individuos cubanos reclutados por Washington para servir a sus intereses -y no otros-, fue utilizado para instrumentar acciones diplomáticas contra la Isla en terceros países, como los de la Unión Europea. El prestigio de la diplomacia del viejo continente ha sufrido con ello, por la evidencia de su subordinación a Estados Unidos.

La prensa globalizada al servicio de la superpotencia ha ignorado o silenciado en todo momento –incluso ahora- la condición de mercenarios de los convictos, culpables de un delito condenado universalmente por toda nación soberana y toda persona honesta.

Su excarcelación tampoco ha sido del agrado de los beneficiarios de la “industria del odio” que administra la ultra derecha de cubanos radicados en el sur del estado de la Florida, porque nota que se le acaba el tiempo, sin más “héroes” que los demasiado conocidos, como el terrorista Posada Carriles y los congresistas batistianos, cada vez más desacreditados y más desconectados de la realidad cubana.

A escala global, el acto de manumisión de los 75 también deja inconformes a quienes han podido, gracias a la campaña contra Cuba en su torno, mamar de la teta de Washington sin sacrificar a cambio nada más que sus conciencias y la dignidad de sus naciones.

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