La construcción de un monumento para homenajear a los conquistadores españoles en la capital yucateca, no es otra cosa, sino la ratificación de las aspiraciones colonialistas de los políticos del PAN. Su desprecio al pueblo es tan grande que no tienen reparo de cinismo. Develar el monumento el último día de su administración además de ser una clara provocación para la administración municipal entrante, es el reconocimiento de que nunca gobernaron al servicio de las necesidades populares, y sí gobernaron para los intereses privados de la burguesía más conservadora de Yucatán. Por lo tanto, no se puede acusar al PAN de traicionar al pueblo, porque nunca jamás han estado al servicio de él.

A nivel federal el actual régimen panista muestra sus pretensiones de dar un nuevo golpe a los trabajadores mediante la reforma a la Ley federal del Trabajo. En plena crisis global la burguesía mexicana busca la liquidación del contenido progresista de la Ley Federal del Trabajo. Desde la década de los 80s se han realizado modificaciones a la Ley, pero ahora buscan de una vez por todas poner fin a los derechos de los trabajadores y adecuar la legislación laboral a las necesidades del mercado. La iniciativa de Ley promovida por el régimen espurio, representa una amenaza más para los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

La iniciativa “Lozano” dice que ayudara a “Facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos”, en realidad busca reducir la contratación colectiva; facilitar los despidos; legalizar los periodos de prueba sin termino estipulado; no permitir la posibilidad de acceder a puestos laborales mejor remunerados (se elimina el escalafón ciego mediante el cual un trabajador tiene derecho a mejorar sus condiciones en base a su antigüedad); se pretende eliminar el tabulador para flexibilizar las tareas del trabajador en beneficio del patrón; restringir la obligación del patrón para el pago de salarios vencidos. Esta reforma abre la puerta al despido al eliminar el requisito de la firma del trabajador en los proceso de recisión del empleo; excluye la obligación de pago por salarios vencidos superiores a los seis meses con lo cual un trabajador despedido injustamente no recibirá su pago al ser recontratado; se quiere reducir los días de descanso obligatorio al dar la posibilidad de mover la fechas de descanso a criterio del patrón. Se fomenta el trabajo a destajo y de horas extras en beneficio del patrón al señalar que “el trabajador y el patrón podrán convenir el pago por cada hora de prestación de servicios”.

La reforma de Ley pretende aumentar la intensidad del trabajo y posibilitar el cubrir cualquier función a criterio del patrón mediante la flexibilización en el trabajo al decir que “las relaciones de trabajo en la normatividad laboral vigente, están basadas en modelos de producción de la década de los años 30s, lo que generó las llamadas descripciones clásicas de puestos de trabajo, que implican que el trabajador exclusivamente está obligado a realizar las funciones que se establecen expresamente como de su responsabilidad. Esta situación ha tenido como consecuencia dos aspectos negativos: 1) que el trabajador no se involucre en otras actividades de su entorno laboral, lo que propicia que no se desarrolle plenamente, y 2) que el patrón se vea obligado a contratar mayor número de personal para desarrollar tareas que pueden ser cumplidas por un trabajador ya contratado”. La lógica del empresariado se ve con claridad, un trabajador “que no se desarrolle plenamente” es aquel -para los empresarios- que no hace lo que el patrón quiera, se pretende aumentar la explotación al pretender que un trabajador realice doble función laboral, reduciendo la contratación y aumentando la tasa de desempleo.

También la reforma dice que contribuirá a “Fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral”, la realidad es que esta “justicia” emanaría de la voluntad de los patrones, pues la reforma pretende la inexistencia de las huelgas, sindicatos y contratos colectivos, precisamente las armas legales de los trabajadores para defenderse de las injusticas laborales.

Buscan los burgueses debilitar a las organizaciones sindicales, destruir el derecho a huelga violando la autonomía de las organizaciones y trabajadores. La iniciativa establece “incluir el arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga”, con ello el gobierno tendría la posibilidad de declarar inexistente una huelga en cualquier momento ayudando a los patrones.

La reforma busca debilitar la firma de contratos colectivos, al tiempo en que se promueve y diversifica la contratación individual. Por si fuera poco, la reforma de Ley estipula “tipificar como delito la contratación de menores de 14 años, fuera del círculo familiar”, esto haría legal la explotación infantil al reducir la edad laboral de los 18 a los 14 años, además la iniciativa podría permitir la explotación de menores de 14 años dentro del “círculo familiar”.

Estas son muestras del evidente desprecio que el espurio y los ultraconservadores mexicanos sienten contra los trabajadores, tienen la intención de aprobar la reforma lo más pronto posible, pues necesitan cumplir las órdenes del capital extranjero. Pretenden que los trabajadores regresen a laborar en las condiciones del Porfiriato, mientras hacen todo para que nuestro país se convierta en una Colonia más del Imperio de Estados Unidos. Por ello, los trabajadores y los sectores populares requieren oponerse al intento de reforma a la Ley Federal de Trabajo al mismo tiempo en que consolidan sus organizaciones sindicales y sus derechos. No hay que permitir que se cometan más injusticias. Es tiempo de poner fin a la ofensiva conservadora y transitar a un nuevo régimen social.