En las últimas semanas hemos presenciado una serie de hechos que no son lo que aparentan, sino que forman parte de los preparativos de una acción militar de gran envergadura destinada a ponerle término al gobierno constitucional de Venezuela. Como señalamos la semana pasada, Estados Unidos está aplicando su vieja estrategia del Track 1 y el Track 2, que implica derrocar a un gobierno desestabilizándolo hasta provocar su caída en términos “constitucionales o derrocarlo por la fuerza si eso no es posible.

En Venezuela se ha estado aplicando el Track I desde que el presidente Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998 y al asumir la presidencia de la república en 1999 puso en práctica un programa de gobierno que no le gusta ni conviene a Estados Unidos, que ya el año 2002 logró que un grupo de militares lo secuestrara y anunciara que el mandatario había renunciado.

Mientras tanto, Chávez era llevado a un recinto militar desde el cual lo iban a sacar del país en una avioneta con registro estadunidense que, según se informó, era de propiedad del grupo venezolano Cisneros, dueño entonces de Venevisión y de Ediciones América. Cualquier parecido con lo sucedido en Honduras no es casual y en ambos casos las renuncias de los presidentes nunca existieron.

El próximo 26 de septiembre habrá elecciones parlamentarias en Venezuela y el Pentágono y el Departamento de Estado se están moviendo por toda América Latina para crear las condiciones que justifiquen un golpe de estado si la oposición venezolana vuelve a perder los comicios, así como perdió los comicios y referendos realizados los años 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009. El único revés del gobierno venezolano, y relativo, fue el de la reforma constitucional del 2008.

Las encuestas le dan ventaja hasta ahora al gobierno del presidente Chávez para las elecciones parlamentarias de septiembre y Estados Unidos quiere revertir esa situación y, si no puede, hay todo un engranaje militar que sugiere una intervención armada, de lo que es parte lo dicho por el ya ex presidente colombiano Alvaro Uribe sobre la supuesta presencia de guerrilleros de las FARC en Venezuela.

Intervencionismo político latinoamericano

En el intento por lograr que el presidente Chávez pierda esta elección parlamentaria hay sectores políticos latinoamericanos involucrados y dinero estadunidense y europeo. Pero empecemos por la intervención política.

El 26 de junio el diario chileno El Mercurio informó que el lunes 21 de ese mes, habían llegado a ese país 16 dirigentes de la oposición venezolana que pertenecen a la llamada Mesa de Unidad Democrática, para participar en “un programa especial de trabajo”, con personeros de la Concertación de Partidos para la Democracia, que gobernó Chile desde la salida de Pinochet hasta el triunfo del actual presidente, cuyo período de inició en marzo de este año.

Los opositores al gobierno venezolano buscaban que los chilenos les dieran “capacitación”, por las semejanzas que según ellos habría “entre la realidad venezolana y la de Chile de fines de los años 80”, cuando surgió la Concertación, que derrotó al dictador Pinochet en un plebiscito. Los “instructores” fueron altos ex-funcionarios de gobiernos de la Concertación, pertenecientes a los distintos partidos que la integran.

Estuvieron, entre otros, el democristiano Mariano Fernández, último canciller de la presidenta Bachelet y ex-embajador en Estados Unidos; el socialista Enrique Correa, ex Secretario General de Gobierno del ex-presidente Aylwin y Sergio Bitar, dirigente del Partido por la Democracia, quien fue senador, ministro de Educación en el gobierno de Ricardo Lagos y de Obras Públicas en el de Michelle Bachelet. Bitar fue también ministro de Minería del Presidente Allende.

Esto provocó críticas en sectores del partido Socialista en particular, mientras otros concertacionistas se unían a la derecha para cuestionar al presidente venezolano y sus parlamentarios se autodesignaron observadores electorales para septiembre próximo, creando un conflicto que llegó a niveles gubernamentales hasta que el presidente chileno relegó el asunto al parlamento.

El detalle es importante, porque si bien no aparece involucrado José Miguel Insulza, sí lo está su amigo y colaborador en la Secretaría General de la OEA Enrique Correa, al que generalmente designa como observador de ese organismo en las elecciones de la región. Insulza fue responzabilizado por el canciller ecuatoriano de la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, por no haber postergado, como se lo pidió, la sesión en la que Colombia formuló sus cargos.

Dinero y preparativos militares

Como es habitual en estos casos, Estados Unidos destina fuertes cantidades de dólares a financiar sus acciones intervencionistas en otros países. Contra el presidente Allende invirtieron muchos millones, como documentó el congreso estadunidense y en Venezuela están haciendo lo mismo, aunque los concertacionistas chilenos no lo quieran recordar

La Fundación Nacional para la Democracia, NED por sus siglas en inglés, fue creada por Ronald Reagan para legalizar lo que antes se hacía sólo bajo el ropaje de la Agencia Central de Inteligencia. El dinero, que se aprueba en el congreso, se reparte a través de las fundaciones republicana y demócrata, y de organismos empresariales y sindicales del país del norte a sus similares de los países a desestabilizar.

En 1999, la NED repartió en Venezuela un millón 273 mil 408 dólares, según se lee en su página de internet. Pero eso no es lo único que se ha enviado, de acuerdo a un informe del instituto FRIDE de España, también se da financiamiento por medio del Movimiento Mundial para la Democracia, creado por la NED.

A esto se agrega lo que se manda por medio de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, de Estados Unidos;la Freedom House, la Comision Europea y las fundaciones Konrad Adenauer y Friederich Ebert de Alemania, cada una ha girado alrededor de 500 mil euros anuales a los partidos venezolanos de oposición. La embajada de Estados Unidos en Venezuela usa la valija diplomática para otros envíos y todo se lavaba en el mercado paralelo, lo que determinó que el gobierno venezolano dictara una nueva legislación cambiaria.

Si todo esto que hemos descrito no conduce a una derrota electoral del gobierno del presidente Chávez en Septiembre, todo indica que el plan “B” está en marcha. A Costa Rica, el país “sin ejército”, llegarán este año 43 barcos de guerra estadunidenses artillados. En las calles de Panamá ya se encuentran militares estadunidenses uniformados incluso, lo que no se veia desde que se cerraron las bases de EU el año 2000. Dicen que van a combatir el narcotráfico a través de 15 nuevas instalaciones militares.

En Colombia son 13 las bases estadunidenses autorizadas por Uribe. En Perú se acaban de realizar ejercicios navales con participación de diez países sur y centro americanos encabezados por Estados Unidos. ¿Dónde será la guerra?

* Frida Modak, periodista, fue Secretaria de Prensa del Presidente Salvador Allende.

Fuente: http://www.alainet.org/active/40037&lang=es