Pocas personas recuerdan ahora que durante muchos meses después del fin de la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918, se mantuvo en todo su rigor el bloqueo de Alemania, cuya población ya estaba al borde de la inanición. Las autoridades alemanes preveían para la primavera siguiente un aumento de un 50% en la tasa de mortalidad infantil. En una memoria posterior, John Maynard Keynes atribuyó la prolongación del castigo a los civiles a una causa inherente en la burocracia. El bloqueo se había convertido en un instrumento muy perfeccionado. Su creación había tardado cuatro años y era el mejor logro de Whitehall [metónimo para el gobierno administrativo británico, N. del T.]; había evocado las cualidades de los ingleses en su máxima sutileza. Sus autores habían llegado a quererlo por sí solo; incluía algunas mejoras recientes, que se desperdiciarían con su fin; era muy complicado, y una vasta organización había establecido un interés creado. Los expertos informaron, por lo tanto, de que era nuestro único instrumento para imponer a Alemania nuestros términos para la paz, y que una vez suspendido sería muy difícil volver a imponerlo.

Finalmente se levantó la prohibición de importaciones de alimentos (por miedo a promover el bolchevismo) antes de que Alemania aceptara las condiciones punitivas del tratado de Versalles, pero los bloqueos han conservado su popularidad como un arma utilizada por las potencias fuertes contra las débiles. En la mayor parte de los casos no han sido efectivos para lograr su propósito declarado, la notable excepción son las sanciones impuestas renuentemente por los gobiernos occidentales como reacción a la presión popular contra el régimen sudafricano del apartheid. Más a menudo constituyen un ejercicio de carácter vengativo, como en el caso del embargo estadounidense sobre Vietnam y Camboya después de la guerra de Indochina, o el bloqueo de Gaza por Israel con la intención expresa de “poner a dieta a la población”.

Los múltiples desastres infligidos a Iraq desde la invasión anglo-estadounidense de 2003 han tendido a dejar en segundo plano la “guerra invisible” letalmente efectiva librada contra civiles iraquíes entre agosto de 1990 y mayo de 2003, con la plena autorización de las Naciones Unidas y la incansable atención de los gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña. Como ejemplo de una crueldad cuidadosamente urdida, esta historia presenta un parecido cercano al ejercicio de Gran Bretaña sobre Alemania. En ambos casos, las sanciones se mantuvieron después de que su propósito original –la derrota militar de la nación bloqueada– se había logrado, y en ambos casos apuntaban a civiles mientras dejaban a sus gobernantes relativamente indemnes. Los que implementaban los bloqueos argüían vehementemente que su suspensión significaría una inversión de la victoria en el campo de batalla y la vuelta de la potencia derrotada a sus actitudes belicosas.

Incluso en esa ocasión las sanciones contra Iraq causaron sólo un comentario público esporádico, e incluso se prestó menos atención a las maniobras burocráticas en Washington, siempre con la anuente ayuda de Londres, que aseguraron las muertes de medio millón de niños, entre otras consecuencias. En su excelente libro, Joy Gordon las enumera en horripilante detalle, mientras suministra un riguroso examen de las coartadas y excusas presentadas por los partidarios de las sanciones en esos días y desde entonces: el sufrimiento se debía enteramente a la obstinación de Sadam Hussein; los suministros de alimentos y medicinas estaban disponibles pero eran retenidos por el régimen en función de los intereses de su propaganda; el programa de Alimentos por Petróleo era corrupto y permitía que Sadam evadiera el impacto de las sanciones, etc.

El fundamento legal de la campaña se basaba en la Resolución 661 del Consejo de Seguridad, aprobada en agosto de 1990 poco después de la invasión de Kuwait por Sadam. Ésta prohibía a todos los Estados miembros de la ONU que comerciaran con Iraq: la prohibición incluía crucialmente todas las compras de petróleo. Para no dejar nada al azar, EE.UU. ofreció honorarios de ayuda económica antes de la votación a países empobrecidos como Etiopia y Zaire, que entonces servían como miembros temporales del Consejo de Seguridad. Después de votar contra la resolución, se informó de modo tajante al embajador yemení en la ONU que: “Ese será el voto de ‘no’ más costoso que usted haya jamás emitido”. Tres días más tarde, EE.UU. canceló todo el programa de ayuda para su país.

Irónicamente, las sanciones contra Iraq fueron populares al principio entre gente de mente liberal porque parecían ofrecer una alternativa a la guerra. A medida que la determinación del gobierno de Bush de ir a la guerra se hizo más evidente, el que se diera “tiempo para que surtieran efecto” las sanciones se convirtió en un grito unificador para el partido de la paz. Después de todo, las sanciones económicas habían puesto de rodillas al régimen del apartheid sin derramamiento de sangre o un sufrimiento notable de la población: ¿por qué no utilizarlas contra Sadam Hussein?

Menos publicitadas fueron las severas sanciones de EE.UU. contra Camboya, motivadas por poco más que el despecho por la derrota de los jemeres rojos por el régimen con la ayuda vietnamita. Casualmente se estaban reduciendo en 1990 después de revelaciones embarazosas del continuo apoyo estadounidense a los jemeres rojos.

La guerra, cuando tuvo lugar, se dirigió tanto contra la economía de Iraq como contra su ejército en Kuwait. Características clave de la campaña de bombardeo tenían el propósito –como me explicó más tarde su principal planificador, el coronel John Warden de la fuerza aérea de EE.UU.– de destruir los ‘nodos críticos’ que permitían que Iraq funcionara como una sociedad industrial moderna. La fuerza aérea había soñado con poder hacer algo semejante desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y Warden pensó que la introducción de “bombas inteligentes” con guías de precisión ahora la convertían en una proposición práctica. Las centrales de energía eléctrica de Iraq, sus centros de telecomunicaciones, refinerías de petróleo, plantas de tratamiento de aguas usadas y otras infraestructuras claves, fueron destruidas o fuertemente dañadas. Warden, recuerdo, estaba irritado porque el bombardeo adicional a su plan original había restado brillo al impacto de su ataque quirúrgico contra los pilares que apoyaban la sociedad iraquí moderna.

Sorprendentemente, gran parte del daño se reparó un año después del fin de la guerra después de una campaña nacional presentada como “el contraataque”. Yo había visitado la central eléctrica al-Dora al borde de Bagdad en 1991 y encontré un montón de metal torcido. Siete meses después descubrí que la mitad de la central estaba de nuevo funcionando. La sala de control, totalmente demolida por bombas aliadas, había sido rehabilitada totalmente, con la combinación de color pastel preferida por sus diseñadores italianos originales. Mirando de cerca los diales del panel de control pude ver que los números se habían pintado concienzudamente con un pincel delgado. Si este programa de reconstrucción hubiese podido utilizar los miles de millones de dólares que otrora provenían de las ventas de petróleo, Iraq habría podido volver rápidamente a su condición de preguerra. Pero el contraataque se realizó con reparaciones improvisadas y repuestos tomados de otras máquinas. A medida que persistía el bloqueo, el deterioro de la infraestructura fue incesante.

El primer indicio de que el bloqueo continuaría a pesar de que Iraq había sido expulsado de Kuwait vino en una observación casual de Bush en una información de prensa del 16 de abril de 1991. No habría relaciones normales con Iraq, dijo, hasta que “Sadam Hussein se vaya”: “Continuaremos con las sanciones económicas”. Oficialmente, EE.UU. había hecho constar su compromiso de que las sanciones se levantarían una vez que Kuwait hubiera sido compensado por el daño sufrido durante seis meses de ocupación y una vez que se confirmara que Iraq ya no poseía “armas de destrucción masiva” o la capacidad para producirlas. Se creó una organización especial de inspección de la ONU, Unscom, dirigida por el diplomático sueco Rolf Ekeus, un veterano de las negociaciones de control de armas. Pero en caso de que alguien no hubiera comprendido el punto principal de la declaración de Bush, su consejero nacional de seguridad adjunto, Robert Gates (actual secretario de defensa de Obama), lo dijo llanamente unas pocas semanas después: “Sadam está desacreditado y no puede redimirse. Su dirigencia nunca será aceptada por la comunidad mundial. Por ello", siguió diciendo Gates, “los iraquíes tendrán que pagar el precio mientras él continúe en el poder. Todas las sanciones posibles se mantendrán hasta que se haya ido”.

A pesar de esta confirmación explícita de que la justificación oficial de las sanciones era irrelevante, la supuesta negativa de Sadam a entregar su arsenal mortífero fue blandida por los partidarios de las sanciones cada vez que el precio que pagaban los iraquíes atraía la atención del mundo exterior. Y aunque Bush y Gates afirmaban que Sadam, no sus armas, era el verdadero objetivo de las sanciones, funcionarios en la central de la CIA en Langley me aseguraron en esos días que un derrocamiento del dictador por una población desesperada por las sanciones era “la alternativa menos probable”. El empobrecimiento de Iraq –para no hablar de la exclusión de su petróleo del mercado global en beneficio de los precios del petróleo– no era un medio hacia un objetivo: era el objetivo.

Al visitar Iraq en ese primer verano de sanciones de posguerra, encontré una población conmocionada por el desastre que la estaba reduciendo a un estándar de vida del Tercer Mundo. Las casas de subasta de Bagdad estaban repletas de reliquias de familia y muebles de las clases medias, vendidos en un esfuerzo desesperado por sobrellevar la inflación. En el enclave de la clase media superior de Mansur, vi una multitud frenética de amas de casa que se apresuraba a buscar suministros de alimentos distribuidos por la obra benéfica estadounidense Catholic Relief Services. Doctores, en su mayoría formados en Gran Bretaña, mostraban sus dispensarios vacíos. Por todas partes la gente preguntaba cuándo se levantarían las sanciones, suponiendo que en el peor de los casos durarían sólo unos meses (una creencia compartida inicialmente por Sadam). La idea de que seguirían en vigor diez años después era inimaginable.

Los médicos no deberían haber tenido motivos de preocupación. La resolución 661 prohibía la venta o el suministro de cualesquiera bienes a Iraq (o a Kuwait cuando aún estaba bajo control iraquí) con la excepción explícita de “suministros con el objeto estricto de propósitos médicos, y, en circunstancias humanitarias, alimentos”. Sin embargo, cada ítem específico que Iraq trataba de importar, incluyendo alimentos y medicinas, tenía que ser aprobado por el “Comité 661”, creado con este propósito y dotado de personal por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. El comité se reunía en secreto y apenas publicaba alguna información sobre sus actos. Gracias al fin de la Unión Soviética, EE.UU. dominaba la ONU, y la utilizaba para suministrar un manto de legitimidad a sus acciones unilaterales.

El propósito declarado del Comité 661 era considerar y autorizar excepciones a las sanciones pero, como explica Gordon, su verdadera función era denegar la importación de hasta los suministros más inocuos sobre la base de que podrían, teóricamente, utilizarse en la producción de armas de destrucción masiva. Una cláusula ingeniosa permitía que cualquier miembro del comité postergara cualquier productocuya aprobación se había solicitado. Por lo tanto, aunque otros miembros, incluso una mayoría, hubieran deseado acelerar el envío de bienes a Iraq, EE.UU. y su siempre dispuesto socio británico podían bloquear –y lo hicieron– todo lo que quisieran con la más débil excusa. Como medio para reducir un Estado que era próspero a una condición pre-industrial y mantenerlo en ella, este sistema habría provocado la envidia de los burócratas del bloqueo ridiculizados por Keynes. Por lo tanto, a comienzos de los años noventa, EE.UU. bloqueó, entre otras cosas, sal, pipas de agua, bicicletas para niños, materiales utilizados para producir pañales, equipos para procesar leche en polvo y tejido para hacer vestimentas. La lista se extendió posteriormente para que incluyera interruptores, enchufes, marcos de ventanas, azulejos y pintura. En 1991, los representantes de EE.UU. argumentaron vigorosamente contra el permiso para que Iraq importara leche en polvo sobre la base de que no cubría una necesidad humanitaria. Más adelante los diplomáticos argumentaron sumisamente que un pedido de vacunas para niños, consideradas “sospechosas” por expertos en armas en Washington, debía rechazarse.

Durante todo el período de sanciones, EE.UU. frustró los intentos de Iraq de importar bombas necesarias para las plantas de tratamiento de agua del Tigris, que se había convertido en una alcantarilla abierta gracias a la destrucción de las plantas de tratamiento. El cloro, vital para tratar un suministro contaminado de agua, se prohibió sobre la base de que podría utilizarse como arma química. Las consecuencias de todo esto fueron visibles en las salas pediátricas. Cada año aumentaba la cantidad de niños que morían antes de llegar a su primer cumpleaños, de uno por cada 30 en 1990 a uno por cada ocho siete años después. Especialistas de la salud estaban de acuerdo en que se debía al agua contaminada: los niños eran especialmente susceptibles a sufrir gastroenteritis y cólera causadas por agua sucia.

Si el objetivo de un embargo de semejante amplitud había sido ciertamente el derrocamiento del dictador, sus perpetradores podrían haber considerado el hecho de que estaba teniendo el efecto contrario. Sadam, cuya invasión de Kuwait había llevado al desastre, podía ahora culpar a las potencias extranjeras como fuente del sufrimiento de los iraquíes. Mientras los ahorros y los ingresos de la gente disminuían debido a la inflación rampante y al desempleo generalizado, llegó a depender cada vez más de las raciones, por escasas que fueran, distribuidas por el eficiente aparato gubernamental de Sadam. Debido a la escasez de las medicinas y al deterioro de los hospitales, los iraquíes llegaron a creer que casi cualquier enfermedad podría ser curable si no fuera por las sanciones. En el campo, los aldeanos conservaban frecuentemente radiografías polvorientas por si las sanciones terminaban un día y podrían encontrar una cura.

Casi todo el tiempo, los que supervisaban el bloqueo pudieron realizar su tarea sin enfrentarse a reproches públicos. De vez en cuando una información en la prensa desde Bagdad destacaba el inmenso desastre a cámara lenta en Iraq, pero en su mayoría la conciencia del mundo, y especialmente la del público estadounidense, no se inquietó. Funcionarios del gobierno se tranquilizaban diciendo que cualquier penuria era enteramente por culpa de Sadam, y que en todo caso los informes sobre sufrimientos civiles eran deliberadamente exagerados por el régimen iraquí. Como me dijo, con toda sinceridad, en aquel entonces un funcionario estadounidense con un papel clave en las inspecciones de armas de Unscom: “Los que que informan sobre todos esos bebés moribundos son cuidadosamente orientados por el gobierno hacia ciertos hospitales”. A pesar de resmas de estadísticas de mortalidad infantil recolectas por diversas fuentes exteriores, como la Organización Mundial de la Salud, fue imposible convencerlo de lo contrario.

Muy ocasionalmente aparecía un rayo de verdad. En 1996, el corresponsal de 60 Minutes, Lesley Stahl, entrevistó a Madeleine Albright, entonces embajadora de EE.UU. en la ONU. Albright sostuvo que las sanciones habían demostrado su valor porque Sadam había hecho algunas admisiones sobre sus programas de armas y había reconocido la independencia de Kuwait (lo hizo en 1991, directamente después de la guerra). Cuando le preguntaron si esto valía la muerte de medio millón de niños, Albright respondió: “Pensamos que el precio vale la pena”. Años más tarde, como señala Gordon, Albright todavía “trataba de explicar que no hubiera podido responder más efectivamente a lo que describió como ‘nuestro problema de relaciones públicas’”. Sus intentos de justificar la política encontraron su eco en otros partidarios de las sanciones, como el funcionario del Departamento de Estado citado por Gordon que sostuvo que “EE.UU. está realizando un bien público, pero fracasó en la tarea de vender la idea a otros países”.

En el primer año de sanciones, la ONU ofreció que permitiría que Iraq vendiera una cantidad limitada de petróleo bajo condiciones estrictas. Sadam lo rechazó sobre la base de que infringía la soberanía de Iraq, pero cinco años más tarde aceptó una oferta mejorada que permitía que Iraq vendiera su petróleo y utilizara los ingresos, bajo supervisión de la ONU, para comprar alimentos y algunos otros requerimientos esenciales. Según los términos del programa, gran parte del dinero fue inmediatamente desviado para pagar lo que algunos críticos llamaron pedidos “inverosímilmente elevados” de compensación de daños por la invasión de 1990 de Kuwait y los costes de inspecciones de Unscom y otros costes administrativos de la ONU en Iraq. Aunque el arreglo permitió algunas mejoras en los estándares de vida, no hubo ningún cambio fundamental: el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, informó en noviembre de 1997 de que, a pesar del programa, un 31% de los niños menores de cinco años todavía sufrían desnutrición, los suministros de agua potable y medicinas eran “demasiado inadecuados” y la infraestructura sanitaria sufría un “deterioro excepcionalmente serio”.

A los iraquíes les fue posible extraer una cierta ventaja pecuniaria del programa de Petróleo por Alimentos gracias a sobornos de comerciantes petroleros a los que favorecían con adjudicaciones, así como de compañías, como comerciantes en trigo, a los cuales compraban suministros. En 2004, mientras Iraq se desintegraba, el “escándalo de Petróleo por Alimentos”, se publicitó con mucho alboroto en la prensa de EE.UU. como “el mayor robo de la historia”. El Congreso, que había mantenido un silencio casi total durante los años de sanciones, estalló ahora con denuncias del fraude y del engaño del dictador caído, que, con la presunta complicidad de la ONU, había sido supuestamente la causa directa de tantas muertes.

Gordon pone todo esto en contexto. “Bajo el programa de Petróleo por Alimentos, el gobierno iraquí se llevó cerca de un 10% de contratos de importación y durante poco tiempo recibió pagos ilícitos por ventas de petróleo. Las dos cosas combinadas ascendieron a unos 2.000 millones de dólares… En contraste, en 14 meses de ocupación, la autoridad de ocupación dirigida por EE.UU. extrajo fondos por 18.000 millones de dólares” –dinero obtenido con la venta de petróleo, que desapareció con poco o ningún control y sin ninguna ventaja discernible para el pueblo iraquí. Sadam podrá haber derrochado millones en palacios de mármol (construidos rápido y mal, como descubrieron los subsiguientes ocupantes militares de EE.UU.), pero su codicia palideció en comparación con la de sus sucesores.

El estrangulamiento económico de Iraq se justificó sobre la base de la supuesta posesión de armas nucleares, químicas o biológicas por Sadam. Año tras año, los inspectores de la ONU recorrieron Iraq en busca de evidencias de la existencia de esas ADM. Pero después de 1991, el primer año de inspecciones, cuando fue detectada y destruida la infraestructura del programa de armas nucleares de Iraq, nunca se volvió a encontrar nada más. Ante los antecedentes de Sadam en la negación de la existencia de su proyecto nuclear (su arsenal químico era bien conocido; lo había utilizado ampliamente en la guerra Irán-Iraq, con aprobación de EE.UU.) los inspectores tuvieron buenos motivos para sospechar, por lo menos hasta agosto de 1995. Fue cuando Hussein Kamel, yerno de Sadam y ex supervisor de sus programas de armas, desertó repentinamente a Jordania, donde fue interrogado por la CIA, MI6 y Unscom. En esas entrevistas dejó perfectamente claro que todo el arsenal de ADM se había destruido en 1991, una confesión que sus interlocutores, incluidos los inspectores de la ONU, hicieron lo posible por ocultar al mundo exterior.

A pesar de todo, a comienzos de 1997, Rolf Ekeus había concluido, como me dijo muchos años después, que debía informar al Consejo de Seguridad de que Irán no poseía armas de destrucción masiva y que por lo tanto cumplía con las resoluciones del Consejo, con la excepción de unos pocos puntos. Se sentía obligado a recomendar que las sanciones se levantaran. Los informes sobre sus intenciones hicieron que cundiera el pánico en el gobierno de Clinton. El fin de las sanciones expondría a Clinton a ataques republicanos por dejar que Sadam saliera del atolladero. El problema se solucionó, me explicó Exeus, haciendo que Madeleine Albright, recién instalada como secretaria de Estado, declarara en un discurso público el 26 de marzo de 1997 que “no estamos de acuerdo con las naciones que argumentan que las sanciones se deberían levantar si Iraq cumple con sus obligaciones respecto a las armas de destrucción masiva”. El resultado previsible fue que Sadam vio que tenía poco sentido seguir cooperando con los inspectores. Esto provocó una serie creciente de confrontaciones entre el equipo de Unscom y funcionarios de la seguridad iraquí, que terminó con la expulsión de los inspectores, afirmaciones de que Sadam “se negaba a desarmarse” y, finalmente, a la guerra.

Denis Halliday, el coordinador humanitario de la ONU para Iraq, quien renunció en 1998 en protesta por lo que calificó de régimen “genocida” de sanciones, describió entonces sus peores efectos sobre la sociedad iraquí. Toda una generación de jóvenes había crecido aislada del mundo exterior. Los comparó, ominosamente, con los huérfanos de la guerra rusa en Afganistán,que luego formaron los talibanes. “Lo que debería preocupar es la posibilidad de que por lo menos se desarrolle más pensamiento fundamentalista islámico”, advirtió Halliday. “No se comprende bien que es una posible derivación del régimen de sanciones. Estamos impulsando a la gente a adoptar posiciones extremas”. Ésta fue la sociedad a la que los ejércitos de EE.UU. y Gran Bretaña se enfrentaron en 2003: empobrecida, extremista y colérica. Mientras cuenta las pérdidas que ha sufrido por bombas al borde de la ruta y ataques suicidas, Occidente debería reflexionar cuidadosamente antes de volver a desplegar una vez más el “instrumento perfecto” de un bloqueo.

Andrew Cockburn escribe sobre temas de seguridad nacional y otros relacionados. Su libro más reciente es: “Rumsfeld: His Rise, Fall and Catastrophic Legacy” Es coproductor de “American Casino,” el largometraje documental sobre el actual colapso financiero. Para contactos, diríjase a amcockburn@gmail.com.

London Review of Books, 22 de julio de 2010. Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions de Joy Gordon Harvard, 359 pp, £29.95, abril de 2010, ISBN 978 0 674 03571 3

Fuente: http://www.lrb.co.uk/v32/n14/andrew-cockburn/worth-it

rCR