Durante varias horas, la sala plena de la Corte Constitucional debatió el 11 de agosto el acuerdo que permite a militares gringos el uso de siete bases militares y concluyó la sesión sin llegar a una decisión. Aunque todavía falta la intervención de dos magistrados, tres fuentes de despachos diferentes dijeron a La Silla Vacía que ya existe una clara mayoría para tumbar este acuerdo entre Colombia y Estados Unidos.

La mayoría de magistrados votarían a favor de la ponencia de Jorge Iván Palacio, que propone declarar inexequible el acuerdo y diferir los efectos de esa declaratoria hasta junio del próximo año. Palacio coincide con los argumentos esgrimidos en un concepto no obligatorio del Consejo de Estado.

Como lo explicó en su momento este medio, el acuerdo firmado entre ambos países es bastante elástico y deja varios temas para desarrollar posteriormente. A diferencia del Acuerdo de Manta (que cuando se venció dio origen al de Colombia) que específicaba exactamente por dónde podían volar los aviones, este acuerdo no dice nada al respecto. Tampoco dice el Acuerdo nada sobre los topes de los militares estadounidenses con presencia en Colombia. Y frente a la inmunidad, los estadounidenses lograron su cometido, que era proteger a todo su personal –civil y militar- frente a cualquier falla disciplinaria o crimen cometido en Colombia, sin importar que estos no hayan sido cometidos como parte del servicio. Los únicos que podrán ser juzgados por la justicia colombiana son los contratistas militares. En materia tributaria, quedaron exentos incluso los cónyuges. Y también en materia de visas, incluidos los civiles. Hasta, de hacer cola en los aeropuertos, que además podrán ser utilizados en el futuro según acuerden las partes.

El debate en la sala plena ha girado alrededor de dos puntos. El primero, es si el Acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2009 entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos es un tratado internacional o es simplemente un ‘acuerdo simplificado’ que desarrolla un tratado internacional.

La diferencia es importante porque si se considera que es un tratado internacional, entonces ha debido presentarse al Congreso para su aprobación, un paso que el gobierno de Álvaro Uribe se ahorró. Si es un ‘acuerdo simplificado’, que se limita a desarrollar un tratado internacional como un decreto desarrolla una ley, este procedimiento no sería necesario.

La jurisprudencia de la Corte es clara en que no importa cómo se llame al acuerdo, si incorpora nuevas y trascendentales obligaciones para el Estado se trata de un tratado internacional. Y se considera que son nuevas si no están contempladas en el Tratado Internacional ‘madre’ o si exceden las obligaciones establecidas allí.

El gobierno de Uribe argumentó ante la Corte que este acuerdo es simplificado porque desarrolla múltiples acuerdos de cooperación con Estados Unidos.

El problema es que esos acuerdos previos invocados por el Gobierno que tendrían algo que ver con el uso de las bases militares tampoco pasaron por el Congreso, es decir, tampoco eran tratados internacionales. Y hay un consenso en que no se puede suscribir un acuerdo simplificado con base en otro acuerdo simplificado.

El Plan Colombia II, firmado durante el gobierno de Uribe, por ejemplo, fue ‘un memorando de entendimiento para una relación estratégica de seguridad’. Se trató de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Defensa y el Pentágono, firmado por el ex Canciller Fernando Araújo y el ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos con el ex embajador de Estados Unidos William Wood.

Aprovechando que hacia menos de seis meses había ocurrido el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, y en plena efervescencia de la guerra contra el terrorismo, Uribe logró que Estados Unidos ampliara el Plan Colombia firmado por Andrés Pastrana como un convenio administrativo binacional. En el nuevo acuerdo, se levantaron las restricciones que tenía el inicial en cuanto a sólo realizar operaciones antinarcóticos para ampliarlo a la lucha anti-insurgente. Es decir, que se podía atacar a la guerrilla así no estuviera cuidando un cultivo de coca.

En un principio, se entendió que el acuerdo para permitir el uso de las bases militares era un ‘desarrollo’ del Plan Colombia. Pero el Plan Colombia nunca fue un tratado internacional ni pasó por el Congreso.

Colombia y Estados Unidos sí han firmado convenios internacionales y tratados multilaterales antidrogas pero la mayoría de magistrados –Mauricio González y Jorge Pretelt son parte de la excepción- han considerado que son demasiado genéricos y que no contemplan obligaciones de tal trascendencia para el Estado colombiano relacionadas con el ejercicio de la soberanía, exenciones ficales, inmunidades penales, incluso a familiares de los militares, como el nuevo acuerdo de las bases.

La minoría alega que la ‘práctica de los Estados’ en la aplicación de los acuerdos de cooperación militar previos los validan como tratados así no hayan pasado por el Congreso. Además, han propuesto interpretar este acuerdo -que para ellos es simplificado- a la luz de los objetivos macro de una relación de cooperación militar de vieja data entre ambos países. Su punto de vista también es que en un mundo globalizado es normal que los tratados sean genéricos y que se desarrollen mediante acuerdos simplificados para ajustarse a las condiciones cambiantes.

El otro punto sobre el que ha girado la discusión es sobre el alcance de la competencia de la Corte para estudiar la demanda: en un extremo, se propuso inhibirse mientras que en el otro se defendió la idea de que la Corte –por eficacia procesal- debería entrar a estudiar la constitucionalidad del contenido del acuerdo, que una vez sea aprobado por el Congreso llegará a la Corte. Pero ninguno de los dos argumentos logró convencer a la mayoría.

Así las cosas, lo que los magistrados tendrán que decidir hoy es si tumban el acuerdo llanamente. O si, como propone el magistrado ponente, lo tumban pero difieren la ejecución de la sentencia hasta junio del próximo año para darle tiempo al nuevo gobierno de renegociar el tratado, presentarlo al Congreso para su aprobación o abstenerse de hacerlo y denunciarlo para que cesen sus efectos.

En cualquiera de los dos casos, el acuerdo de las bases militares, con el que Uribe le mostró los dientes a Chávez y a las Farc, tiene sus horas contadas.

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