Mi?rcoles, 25 de agosto de 2010

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Los movimientos sociales vieron a 16 de sus l?deres asesinados en 2009



Al igual que sus compa?eros del comit? ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), Luis Lara est? amenazado de muerte. Cuando comenz? a trabajar en el movimiento popular, a finales de los a?os ochenta, el primer regalo que le hicieron sus adversarios fue asesinar a su hijo de 12 a?os. Posteriormente secuestraron, torturaron e intentaron matar a una hija de 19 a?os que hoy vive en el extranjero. "Aqu? siempre ha habido grupos paramilitares, sicarios", constata Lara, secretario general del sindicato.

La Unidad de Protecci?n a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua) registr? 353 agresiones a este colectivo en 2009, lo que lo convierte ese a?o en el m?s violento de esa d?cada para los activistas: hubo 16 defensores de derechos humanos asesinados. La impunidad que existe en el pa?s un ?ndice de entre el 95% y el 99%, seg?n la Comisi?n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lleva a que casi ning?n caso sea resuelto.

"Hay grupos clandestinos responsables de las masacres y el subdesarrollo de nuestro pa?s. Y est?n siempre, est? el gobierno que est?", afirma Lara. "Existe un se?or que gobierna pero nunca da la cara, nunca se somete a elecciones y se mantiene de manera permanente en el poder. Se llama Gobierno Paralelo", abunda el dirigente sindical. El Gobierno Paralelo est? integrado "por algunos grandes empresarios y finqueros, algunos generales, algunos pol?ticos de alto nivel y otros que incluso est?n en el propio Ejecutivo. Tienen relaciones con el narcotr?fico, con la polic?a, con el Ministerio P?blico, con jueces, con diputados... est?n en todo", explica.

"La oligarqu?a guatemalteca, en alianza con otros sectores, es de las m?s voraces que hay en Am?rica Latina", afirma Simona Yagenova, coordinadora del ?rea de movimientos sociales de Flacso. Y Erenia Vanegas, de Udefegua, confirma que muchos finqueros [terratenientes] o empresarios hacen uso de sicarios.

La existencia de estructuras paralelas qued? en evidencia el pasado junio, cuando el jurista espa?ol Carlos Castresana, al frente de la Cicig, dimiti? de su cargo en protesta por el nombramiento como fiscal general de Conrado Reyes, a quien Castresana vincul? con abogados y estructuras paralelas del crimen organizado. Reyes fue finalmente cesado por la Corte Constitucional.

Uno de los sectores donde m?s fuerza est?n cobrando los movimientos sociales es en su oposici?n a las actividades mineras en Guatemala.

Las organizaciones populares denuncian que lo ?nico que la miner?a deja en el pa?s es deterioro ambiental, problemas de salud y divisiones comunitarias. A cambio, su aportaci?n al desarrollo del pa?s es muy baja: las empresas del sector pagan al erario p?blico s?lo un 1% de regal?as, muy por debajo del promedio mundial en este concepto. La baja carga fiscal dificulta que el Gobierno pueda dar respuesta a las inmensas necesidades de Guatemala, donde m?s de la mitad de la poblaci?n es pobre.

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Metales pesados en la sangre

En Guatemala hay vigentes 409 licencias: 136 de exploraci?n y 273 de explotaci?n. Hay actividad minera en 20 de los 22 departamentos del pa?s. En varios departamentos se han hecho consultas comunitarias sobre las operaciones y el "no a la miner?a" ha sido, con pocas excepciones, la respuesta. Pero el Gobierno ha hecho o?dos sordos a la voluntad popular.

Las organizaciones m?s radicales reclaman el cese inmediato de toda actividad minera hasta que se realicen los estudios ambientales y de salud convenientes.

Dos organismos internacionales han reforzado recientemente a los movimientos sociales que combaten la miner?a. El pasado mayo, la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) orden? a Guatemala que suspenda las actividades de la mina Marlin la m?s grande del pa?s, que extrae oro y plata y que tome medidas para descontaminar las fuentes de agua de las 18 comunidades afectadas por las actividades de la mina.

El tribunal tom? estas medidas cautelares, mientras adopta una decisi?n final, con el objetivo de garantizar "la vida e integridad de los habitantes de estos municipios".

Investigadores de la Universidad de Michigan detectaron niveles m?s elevados de metales pesados en la sangre y orina de personas pr?ximas a la mina que en la de personas que viven lejos, aunque los metales no alcanzaban niveles t?xicos. El Gobierno niega que la mina afecte a la salud humana pero ha acatado la medida cautelar de la CIDH. La Procuradur?a General de la Naci?n orden? a principios de agosto iniciar "la suspensi?n temporal de la actividad" de Marlin .

Adem?s, la Organizaci?n Internacional del Trabajo inst? recientemente a Guatemala a suspender las operaciones mineras de la compa??a nacional Cementos Progreso y la de Marlin. Alegan que no se ha realizado la consulta previa a las comunidades ind?genas afectadas, como exige un convenio de la OIT.

En pa?ses como Bolivia se han dado procesos de renegociaci?n sobre las industrias extractivas. Pero las organizaciones guatemaltecas ven improbable un proceso similar. "La renegociaci?n es complicada porque el sistema pol?tico de Guatemala est? manejado. Es cooptado, por no decir comprado, por esos poderes econ?micos que quieren dejar el statu quo de rep?blica bananera, con un Estado lo m?s d?bil posible, para pagar los menos impuestos posibles", opina Roberto C?ceres, de la Asociaci?n de ONG de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Mientras, los activistas siguen sufriendo la violencia. La esperanza de las organizaciones sociales radica en la Cicig. "Entregamos [a Castresana] una lista de los asesinatos", explica Luis Lara. "Si se aclarara siquiera el asesinato de un dirigente popular, se ver?a que se est?n investigando estos hechos. Eso nos ayudar?a mucho", concluye.

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Fuente: http://www.publico.es/internacional/333249/militancia/social/costar/vida/guatemala



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Tags: vida, Guatemala, Público, sicarios, grupos, derechos humanos, Udefegua

Publicado por blasapisguncuevas @ 3:13  | Centroam?rica
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