Definitivamente, “tomar” el poder del Estado es más fácil que refundarlo. De ello da testimonio inequívoco el destino de las revoluciones rusa y china, dos de los más grandes acontecimientos históricos del pasado siglo veinte.

Desde su estadocentrismo, con su llamada “democracia popular” timoneada por elites burocráticas, ambas ignoraron que la revolución es permanente o no es revolución, es decir, que de lo que se trata en última instancia es de la refundación del tiempo histórico. Y la refundación no anida, en última instancia, en el cálculo económico del capital, sino que en la constitución de un nuevo orden civilizatorio arraigado en lo común y, como tal, portador de unos nuevos fines éticos como palanca del desarrollo y el bienestar, como bien advirtió el Che Guevara.

La constitución de una nueva hegemonía sólo es posible a partir de la construcción de una nueva sociedad. He ahí el eje de cualquier proceso revolucionario, la transformación de las relaciones de orden vital, y no la mera apropiación del aparato estatal.

La historia contemporánea nos ha demostrado fehacientemente que el Estado actual, de talante principalmente liberal-capitalista, es una telaraña de relaciones sociales y de poder en función del apuntalamiento permanente de los intereses del mercado. Como tal se estructura como un dispositivo de mando desde arriba, burocrático y profundamente desconfiado de la autodeterminación concreta de los pueblos. De ahí que no se trata, en última instancia, de “tomar” el poder del Estado, recomponerlo con caras y políticas diferentes, sino de refundarlo, desde abajo, encarnándolo en toda la sociedad: el soberano popular.

La reflexión anterior viene a propósito de las genuinas inquietudes suscitadas por diversas contradicciones que han irrumpido en el seno de los procesos de cambio revolucionario que se viven en Bolivia y Ecuador. Se trata, por ejemplo, de los conflictos recientes en el Potosí boliviano y la Amazonia ecuatoriana, lo que reflejan serias diferencias en torno a lo que algunos señalan como la pervivencia en sus respectivos gobiernos de cierto ilusionismo desarrollista y extractivista, propio del modelo colonial de acumulación impuesto por el capitalismo.

Al enfrentarse también a lo que entienden es la continuidad de un modelo estadocéntrico de gobernabilidad, las comunidades indígenas exigen ser consultadas, ser parte indispensable de la decisión en torno a las extracción de recursos naturales que yacen en el subsuelo de sus territorios, como lo requiere, por ejemplo, las nuevas constituciones en sus respectivos países.

Según explica Immanuel Wallerstein en un reciente artículo suyo titulado “Contradicciones en la izquierda latinoamericana” (www.rebelión.org, 21 de agosto de 2010): “ Los movimientos indigenistas han tratado de conseguir un mayor control sobre sus propios recursos y una mejora de las relaciones no sólo con los actores no nacionales, sino también con sus propios gobiernos nacionales. En general, afirman que su objetivo no es el crecimiento económico, sino llegar a un acuerdo con la Pachamama, o madre tierra. Aseguran que no buscan una mayor utilización de los recursos, sino un uso mucho más sensato que respete el equilibrio ecológico: persiguen el denominado buen vivir ” .

Asimismo, el reconocido periodista uruguayo Raúl Zibechi advierte en otro artículo reciente, sugestivamente titulado “El Estado contra los pueblos indios”, que están surgiendo “las primeras grietas” en dichos procesos de cambio a partir de “una potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen por qué aceptar el marco del Estado-nación” como pivote de la aspirada refundación. En el fondo, puntualiza, se trata de una cuestión de soberanía.

En una conferencia magistral ofrecida en abril pasado, en Mayagüez, en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, el filósofo político boliviano, Luis Tapia Mealla advirtió que se estaba viviendo en su país un proceso de “desbordamiento de la política en relación al Estado”. La rebelión plurinacional y popular que culminó en el ascenso a la presidencia de Evo Morales no es esencialmente estatalista, sino que propende más bien hacia formas más comunitarias de mando político. Incluso, señaló que existen culturas y naciones dentro de Bolivia que no tienen una noción del Estado como parte de su modo de pensar o de vivir. El rasgo central de su modo particular de gobernanza es la asamblea comunitaria. Concluyó Tapia que, además, el Artículo 2 de la actual Constitución del Estado Plurinacional, Multicultural y Comunitario prácticamente “anula al Estado”, pues reconoce la libre determinación de las naciones, pueblos y comunidades.

Por otra parte, en una muy pertinente obra recién publicada titulada “Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del Sur” (IIDS, Lima, 2010), nos explica el reputado sociólogo jurídico portugués Boaventura de Sousa Santos, que en el caso del presidente Rafael Correa en Ecuador, “hay una sola manera de pertenecer a la nación: ser ciudadano; por eso hay un solo concepto de nación: el concepto liberal, republicano. Para los indígenas hay dos conceptos de nación, el liberal y el etnocultural; por ello mismo hay maneras distintas de pertenecer a la nación, como ciudadanos y como pueblos”.

El reconocido pensador altermundista, quien también es uno de los fundadores del Foro Social Mundial, entiende que entre los dos conceptos “hay tensiones pero no hay incompatibilidad”. Son parte ineludible del actual “diálogo intercultural”.

Así ocurre con la diferencia en torno al ámbito de las decisiones políticas. En el caso de los indígenas, asegura: “La decisión comunitaria es lo que cuenta y demanda tiempo para poder ser construida”.

El mandatario ecuatoriano, por su parte, no acepta que su gobierno “tenga que pedirle permiso a tal o cual gremio para gobernar”. Tanto Correa como Morales han pretendido demonizar dichas movilizaciones indígenas y descalificar sus reclamos, lo que les ha valido sendas críticas aún al interior de sus propios movimientos gobernantes.

Abunda Santos que hay que entender que: “Para los indígenas… el buen vivir es la producción de la vida, sobre todo de la vida colectiva y, además, la producción de la vida en el sentido más amplio que incluye también a la madre tierra y sus ciclos vitales. El orden económico es también social, político y cultural, y tiene como unidad básica no el individuo, sino la familia y la comunidad”.

“El sentido político de la refundación del Estado –nos dice Santos– deriva del proyecto de país consagrado en la Constitución. Cuando, por ejemplo, las Constituciones de Ecuador y Bolivia consagran el principio del buen vivir (Sumak Kawsay o Suma Qamaña) como paradigma normativo de la ordenación social o económica, o cuando la Constitución de Ecuador consagra los derechos de la naturaleza entendida según la cosmovisión andina de la Pachamama, definen que el proyecto de país debe orientarse por caminos muy distintos de los que conducirán a las economías capitalistas, dependientes, extractivistas y agroexportadores del presente.”

De ahí que existan a su entender tres imperativos que deben encarar los gobiernos de Bolivia y Ecuador ante la contradicción trabada entre ese paradigma normativo del buen vivir y los requerimientos perentorios del desarrollo para atender las necesidades materiales básicas de sus pueblos respectivos:

(1) la desmercantilización de su política económica hacia formas de producción social más comunitarias y populares, con una gobernanza común sobre los recursos estratégicos;

(2) la democratización sin fin y sin límites de todos los procesos de deliberación, desde los gubernamentales hasta los productivos; y

(3) la descolonización que incluye el pleno reconocimiento de las múltiples modos de pensar, producir y vivir que existen en el espacio plurinacional.

Al respecto, Santos cita a la intelectual y activista aimara María Eugenia Choque Quispe, quien resume magistralmente el desafío: “La necesidad de construir el pluralismo parte de la conciencia de que el conflicto es inevitable, por cuanto el problema del pluralismo es en cierto sentido el problema de unos, pero también de los otros. ¿Cómo podemos tolerar al otro si la forma del pensamiento es construida y razonada bajo una sola lógica? Entonces el reto es: ¿qué hacer frente a dos sistemas incompatibles? Por ello la necesidad de puntualizar el debate en la dimensión política dentro de lo que significa la representación y la interculturalidad”.

Bien hace el actual vice ministro de Planificación Estratégica de Bolivia, Raúl Prada Alcoreza, en proponer en un reciente artículo titulado “La alternativa al desarrollo” (www.bolpress.com, 22 de julio de 2010) que en contraposición a las formas pasadas del Estado, está planteada hoy “una transición donde se busca que la maquina estatal sirva como un instrumento de transformación de las multitudes, un instrumento deconstructor de su propio aparataje, de la propia maquinaria liberal y colonial”.

Abunda el ex constituyente boliviano: “Se propone un Estado que cree las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una sociedad libre y comunitaria, autodeterminante y autogestionaria, sustentable y en armonía con la naturaleza. Se trata de un Estado en tránsito y en transición en un proceso que lo lleva a su propia desaparición”.

Ahora bien, lo que está en juego en la actual coyuntura, como bien advierte Oscar Vega Camacho -quien al igual que Tapia Mealla y Prada Alcoreza es integrante destacado del influyente grupo boliviano Comuna- es si el Estado actual, en particular su Ejecutivo, “tendrá la suficiencia y capacidad por sí mismo” para articular esta democracia de lo común, o si, más allá de éste, “lo que estamos asistiendo en las calles y las movilizaciones” es un momento crítico de la transición hacia el Estado Plurinacional que será también potenciado decisivamente por la fuerza social de la acción colectiva.

Refundar el poder significa transformar radicalmente la política. Es la práctica consecuente del principio “mandar obedeciendo”, así como del “vivir bien entre nosotros” como marco de las posibilidades de convivencia social sin las acostumbradas asimetrías de poder propias del capitalismo y el colonialismo. Se trata, en fin, del tránsito histórico de la razón de Estado a la razón de la comunidad, de la soberanía estatal a la soberanía comunitaria.

 

El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño Claridad.