En Gran Bretaña, la coalición gobernante presenta “la enorme deuda pública de Gran Bretaña” como la causa de que se deban llevar a cabo estas políticas, con el fin de calmar la supuesta desconfianza de los mercados financieros. Tal argumento se repite en Alemania, en Francia, en España (incluyendo Catalunya), en Grecia, en Portugal, en Irlanda, y en una larga lista de países de la Unión Europea.

La limitada credibilidad de este argumento en el caso británico la ha denunciado Martin Wolf, columnista del Financial Times, que ha desmontado uno por uno los argumentos que el nuevo gobierno británico presentó como justificación de las políticas de austeridad. En primer lugar, la deuda pública como porcentaje del PIB es en Gran Bretaña muy semejante a la que ha tenido históricamente: ni mayor, ni menor. En segundo lugar, no parece que haya ansiedad por parte de los mercados financieros acerca de la posibilidad de que el gobierno británico no pueda pagar la deuda. Los bonos públicos se venden con gran facilidad. Los intereses de los bonos públicos a diez años son sólo de un 3% y han permanecido constantes después del cambio de gobierno. Tal como señala Martin Wolf, David Cameron y su aliado Nick Clegg están utilizando los mercados financieros para llevar a cabo cambios que deseaban hacer.

Las medidas tomadas por el gobierno británico tienen como objetivo desmantelar el estado del bienestar británico mediante las siguientes intervenciones. Una es la eliminación del principio de la universalidad de los derechos sociales y laborales. Un principio de la socialdemocracia, sobre el cual se estableció el estado del bienestar en Europa, era el principio de universalidad, es decir, que los derechos de acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a las escuelas de infancia, a los servicios de dependencia, a la vivienda social, a las transferencias públicas (como pensiones y ayudas a las familias), eran derechos universales (derechos de ciudadanía), que beneficiaban a todas las clases sociales, independientemente de su ubicación social y de su nivel de renta. El principio de “a cada cual según su necesidad y de cada cual según su habilidad” era un principio fundamental de las distintas sensibilidades socialistas en democracia, llamáranse como quisieran. El derecho era igual para todos y el pago predominantemente se hacía a través de la gravación fiscal progresiva. La fortaleza y la popularidad del estado del bienestar estaban basadas en este principio que estaba en el eje de la Europa Social. Era resultado de una alianza de clases, entre la clase trabajadora y la clase media, estableciendo un estado del bienestar de elevada calidad, donde las clases medias se encontraran cómodas.

Pues bien, esto es lo que los conservadores y liberales (en realidad neoliberales) quieren destruir, privando de tal universalidad a aquellos que –dicen ellos- se lo pueden pagar. El argumento de que es injusto que una persona de renta alta y renta media alta reciba ayudas o servicios públicos en momentos de austeridad es el argumento que utilizan y llega a parecer lógico y razonable. Así, en Gran Bretaña familias con niños por encima de cierto nivel de renta no recibirán los pagos por niño que reciben ahora. Y en España, conservadores y neoliberales están proponiendo que los pensionistas por encima de cierto nivel de renta no deberían tener los medicamentos gratuitos. La consecuencia de ello es que se elimina el principio de universalidad y, con ello, se abre la posibilidad de que el nivel de renta que separa aquellos que tienen derechos contra aquellos que no los tienen vaya reduciéndose más y más hasta llegar un momento en que el estado del bienestar se transforma en un estado para los pobres, es decir, un estado asistencial. Y esta es la estrategia de Cameron, de Rajoy y de Artur Mas para desmantelar el estado del bienestar: transformar el estado del bienestar universal en estado asistencial.

Esta conversión conlleva también la privatización del estado del bienestar, para lo cual se da autonomía financiera a los centros sanitarios públicos, por ejemplo, para aumentar sus ingresos mediante la contratación con las mutuas privadas, para conseguir privilegios para pacientes de tales mutuas. Un tanto semejante ocurre con las escuelas públicas, a las cuales se les permite que puedan contratar sus servicios a instituciones privadas con el fin de conseguir fondos. Una persona que ha denunciado estas políticas en la Gran Bretaña es el nuevo responsable en temas económicos del Partido Laborista, Alan Johnson, el único miembro del gobierno laborista en la sombra, por cierto, que no tiene educación universitaria. (Huérfano a los 12 años, vivió en una vivienda pública con su hermana. No fue a la escuela más allá de sus 15 años, habiendo trabajado como cartero y con los sindicatos desde entonces). ¿Por qué no hay más Johnsons en las direcciones de los partidos de izquierda? La gran mayoría de la dirección del partido laborista son, como Ed Miliband, licenciados en políticas, en filosofía y en economía de las universidades más prestigiosas de Gran Bretaña. Y éste es un problema que explica, en parte, la transformación del Partido Laborista (New Labour) en un partido socioliberal que había ya iniciado, en parte, tales cambios en el estado del bienestar. En realidad, muchas de las políticas que la coalición conservadora-liberal ha expandido las iniciaron los gobiernos laboristas anteriores. La impopularidad de esta reforma entre sus bases electorales explica su espectacular descenso electoral.

SEMEJANZAS CON ESPAÑA

Algo semejante está ocurriendo en España, donde las políticas de austeridad del gobierno PSOE están causando un gran declive de su popularidad entre sus bases electorales, dando pie a la posible victoria de las derechas, que irán más allá en sus recortes sociales para destruir el estado del bienestar. Si el debate político se centra en el tamaño de los recortes, en quién recorta menos y quién recorta más, la derrota de las izquierdas gobernantes es casi inevitable, ofreciéndole en bandeja la victoria electoral a las derechas.

Una última observación. Se está presentando el declive del apoyo popular al gobierno Zapatero como consecuencia de que tal gobierno no se explica bien, lo cual me parece un argumento poco creíble. En realidad, se ha explicado muy bien, con gran apoyo de los medios, la mayoría de los cuales (de persuasión conservadora y liberal) apoyan tales políticas. No es el mensajero, sino el mensaje el que, con razón, es impopular. El creciente distanciamiento de las direcciones de los partidos gobernantes (de tradición socialdemócrata) de sus bases populares las hace vulnerables a ser seducidos por la estructura del poder y su sabiduría convencional.

rCR