Probablemente usted ya esté en conocimiento del affaire Assange y Wikileaks. Pero lo que quizás llame su atención es que un colectivo de hackers autodenominados “Anonymus” (conocidos por el hackeo y el ciberataque a Paypal, Visa, etc.) la han emprendido contra Venezuela. Sus razones parecen salidas de un guión de la USAID, los que habitualmente se encargan de elaborar las matrices de opinión pública que tan buen resultado dan en los medios internacionales.

Y es que con ese poder de ubicuidad y de indolencia ante la seguridad que caracteriza al hacker, cuesta creer que esta “gente ordinaria que lucha por la libertad de expersión dentro y fuera de Internet” no pueda investigar, consultar o al menos leer los análisis de la realidad comunicacional venezolana. De hecho, al atentar contra las instituciones de un Gobierno en la Internet se espera al menos una razón válida y pertinente para justificar tal aventura.

Sin embargo, basta dar una lectura somera al “manifiesto” de Anonymus para darse cuenta de la superficialidad de las razones y la debilidad de los argumentos. Intentemos aproximarnos a ello:

A continuación, la declaración de Anonymus:

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Señor Anonymus: Entre los artículos que contempla la Ley Resorte, se encuentra el número 27. En cuestión, es el artículo que toca la Internet:  Impone multas entre 50 y 200 UT a quienes incumplan con las regulaciones impuestas a los medios, incluyendo Internet, que prohiben la difusión de los mensajes que:
1. Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.
2. Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.
3. Constituyan propaganda de Guerra
4. Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.
5. Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.
6. Induzcan al homicidio.
7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Por más que pienso, no puedo entender cómo un artículo que condena el racismo y la xenofobia pueda ser un peligro a los derechos humanos y la libertad de expresión.  Y así con el resto. Lo que sucede, estimado amigo, es que en Venezuela los medios privados de comunicación pertenecen a la oligarquía local y están alineados frontalmente contra el Gobierno Bolivariano. Incitaciones a la rebelión civil, golpes de estado, llamados al magnicidio, racismo político y social, incitaciones al odio y a la violencia, llamamientos a desconocer la ley, todas estas “expresiones” se han dado en la libertad e impunidad más absoluta, aupadas, dirigidas y controladas por medios privados de comunicación. En este blog encontrará mucha información al respecto. Desde odas a linchar ciudadanos, hasta publicar datos personales privados. Todo se vale en esta desgarradora batalla política, que ya es cosa común entre las fracciones políticas que hacen vida en esta tierra. Por tanto, estimo que coincidirá conmigo en que esta ley es al menos, necesaria para mantener la estabilidad en cualquier país.

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El Ministerio Público imputó a Luis Enrique Acosta y a Carmen Cecilia Nares, quienes fueron detenidos el 8 de Julio del 2010 en Ciudad Bolívar(VEN), por estar presuntamente relacionados con la difusión de mensajes masivos (BOT) a través de internet contra el sistema financiero venezolano. No por sus opiniones, no por sus preferencias políticas, no por su libre expresión. Están detenidos por intentar provocar una “corrida financiera” (una masiva concurrencia de clientes que retiran su capital del banco) que desestabilizara el sistema financiero nacional.

Incluso, la Ley Resorte no fue el vehículo jurídico para condenarlos, porque el asunto trasciende lo comunicacional: Fueron apresados por la presunta comisión del delito de difusión de información falsa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 448 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. El referido instrumento legal contempla en dicho artículo que: “Las personas naturales o jurídicas que difundan noticias falsas o empleen otros medios fraudulentos capaces de causar distorsiones al sistema bancario nacional que afecten las condiciones económicas del país, serán penados con prisión de nueve (9) a once (11) años”.

Léalo aquí, Anonymus: http://bit.ly/91Bvxk

____________________________________________________(ORH+)

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Cuando alguien habla de ataque preventivo me da escalofrío. Sobre todo porque se dirige contra una Ley que ni siquiera saben escribir. Pero la advertencia de que no cesarán los ataques me hace pensar en los múltiples ataques (no cibernéticos. En esta parte del mundo, los ataques contra aquellos que nos manifestamos contra la opresión de las élites dominantes y el asfixiamiento moral, social y económico del capitalismo suelen ser mortales) que han sufridos nuestros compañeros en estos años de Revolución Bolivariana, una indignación sorda corre por mis venas. Miles de campesinos asesinados por sicarios de terratenientes, detectives muertos por explosiones en sus vehículos, manifestantes muertos por disparo entre otros muchos ataques a nuestro pueblo no son suficientes para que el mundo sepa que en este proceso político nos jugamos la creación de un modelo que ponga en primer lugar al humano. Pero quizás ustedes no entiendan de lo que hablo, Anonymus del planeta tierra. Quizás sus máquinas, sus códigos y su vida binaria han olvidado que aún hay esperanza de sepultar este sistema. Han olvidado también que en Venezuela se practica una democracia vital  y efectiva, como nunca antes vista en este continente y digno ejemplo para otras naciones que actualmente, sufren los embates de un sistema putrefacto e indolente que se sienta sobre cadáveres.