En Junio del año pasado la legislación del Estado de Arizona en materia de control de armas fue considerablemente relajada. La gobernadora republicana Jan Brewer, impulsora de la cacería a todos aquellos sospechosos de haber incurrido en el delito de “portación de cara” (léase: personas con rasgos fisonómicos que se alejan del modelo “WASP”: blanco, anglosajón y protestante, es decir, lo que en Estados Unidos se conoce como “latinos”), promulgó una iniciativa de la legislatura de ese Estado, apoyada fuertemente por el poderosísimo lobby de la Asociación Nacional del Rifle, derogando una vieja ley estatal que obligaba a los poseedores de armas a obtener un permiso para llevar un arma oculta. Gracias a este “avance libertario y democrático” ahora cualquier persona mayor de 21 años puede portar un arma oculta entre sus ropas, en su automóvil, o donde sea, sin necesidad de obtener una licencia previa. La legislación vigente, de todos modos, era ya sumamente permisiva porque permitía a cualquier ciudadano mayor de 18 años, sin antecedentes penales, comprar o poseer un rifle o una escopeta. Para adquirir una pistola la ley se “endurecía” y el eventual comprador debía demostrar ser mayor de 21 años. La anterior gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, actual Secretaria de Seguridad Nacional de la Administración Obama, había vetado numerosos intentos de eliminar la licencia para portar armas ocultas. Derrotada por la derecha troglodita republicana, su sucesora corrigió de inmediato tamaño error.

La actual legislación, una obra maestra del terror, autoriza a quienes lo deseen a circular armados por la vía pública con tal de que su arma no se exhiba: pueden entrar a cualquier sitio, salvo un consultorio médico o una oficina empresarial. Se puede ingresar armado al recinto de la legislatura estadual y a cualquier oficina pública del Estado de Arizona. También a restaurantes y bares, a condición de que el individuo armado no consuma alcohol, algo que dependerá exclusivamente de su propia voluntad pues ni el cantinero ni el mesero están autorizados a preguntarle a quien ordena una bebida alcohólica si lleva un arma oculta entre sus ropas. Las escuelas públicas no son excepción a esta regla: sólo que quienes porten armas deberán llevarlas descargadas y dejarlas en su automóvil mientras se lleva o recoge a un niño. Lo paradójico del caso es que algunas víctimas de la reciente masacre de Houston, como la congresista Gabrielle Giffords, aprobaron estas medidas, amparadas en una sesgada interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en el respeto a los valores tradicionales de Arizona y, en general, del Lejano Oeste. Quien sí lo pagó con su vida, aparte de otros inocentes, entre ellos una niña de 9 años, fue el juez federal John M. Roll, quien había sentenciado la inconstitucionalidad de cualquier decisión del gobierno federal que obligara a los estados a llevar a cabo revisiones de antecedentes penales antes de vender un arma de fuego.

Una perlita indicativa de la gravedad de la crisis política que existe en la ejemplar democracia del Norte la ofrece el hecho de que no haya sido otro que el sheriff del condado de Pima, Clarence W. Dupnik, quien haya aportado un grano de cordura al criticar las leyes vigentes en Arizona y las iniciativas de algunos legisladores del Estado que, como respuesta a la masacre perpetrada en Virginia Tech (Abril 2007, ocasionando 32 muertos) habían propuesto nada menos que permitir a estudiantes y maestros portar armas en colegios y universidades. Contrariamente a las enseñanzas de la filosofía política, que supone que jueces y legisladores deben ser personas sensatas, iluminadas por la sabiduría y bendecidas por la templanza, estos personajes públicos de Arizona -y, me arriesgaría a decir, en la mayoría de los estados de la Unión- son energúmenos merecedores de un profundo tratamiento de rehabilitación psiquiátrica antes de concenarlos al ostracismo vitalicio. Cabe preguntarse: en la tragedia de Tucson, ¿quién es el loco? ¿El que vació su cargador matando a tantos inocentes o quienes estampan el sello de legalidad a tanta locura?

Pese a todo esto, los publicistas de la derecha insisten en que nada hay de malo en la sociedad estadounidense, que sus leyes son justas y sabias, y que no hay causalidad social que actúe como desencadenante de la tragedia de Tucson. El sistema es maravilloso, lo que fallan son algunos individuos. Si un afroestadounidense como Obama llegó a ser presidente –una fenomenal tentativa de reanimar al ya difunto Sueño Americano- el que se quedó en el gueto y vive del narcotráfico o la mendicidad es por sus vicios, su holgazanería y su irresponsabilidad. Las víctimas del sistema se convierten, en ese discurso, en victimarios. En línea con esta interpretación uno de esos publicistas, Howard Fineman, escribió días atrás en el The Huffington Post que “Las muertes no fueron provocadas por la política, por ideologías o por partidismo. Por lo que sabemos hasta ahora, los actos fueron cometidos por un loco que evidentemente estaba divorciado de la realidad, así como del debate público”. Un debate público que, para hacerlo más ameno, tiene como protagonistas a una gran cantidad de sujetos armados hasta los dientes. Pero con sus armas ocultas, eso sí.

 

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