No es fácil reconstruir el estado del proceso de privatización del Canal de Isabel II debido al secretismo que está rodeando el proceso. En abril del 2010 el Canal contrató cuatro consultoras (BBVA, TINSA, Rothschid y Cuatrecasas) para estudiar los aspectos financieros, económicos, patrimoniales y de asistencia jurídica a la privatización. Los informes ya han sido entregados, pero su contenido todavía no ha sido transmitido al Consejo de Administración, como sería preceptivo. A falta de información oficial, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el Presidente del Canal y Vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González –aparentemente el gran impulsor de todo el proceso– han enviado sendos mensajes a través de la prensa en otoño 2010 advirtiendo que la privatización podría completarse en mayo del 2011, presumiblemente después de las elecciones autonómicas.

A 160 años de su fundación, el Canal de Isabel II es un ejemplo de gestión razonablemente eficiente de una empresa pública. La empresa ha producido un beneficio (después de impuestos) de 98,5 millones de euros en 2009, y preveía un resultado neto de 61 millones en 2010. Destinó el 0,8% de su presupuesto de 2007 (740 millones de euros en 2008) a proyectos de I+D+i, y la previsión era que alcanzara el 1,5% en 2010. Algunos de estos proyectos, junto a las campañas de concienciación ciudadana, han producido importantes resultados medioambientales, como la disminución en más del 30% del consumo individual entre 1991 y 2010, y del 13% en los últimos cuatro años.

Sin embargo, el modelo de gestión del Canal está lejos de ser transparente e inspirado por su función de servicio público. El Canal es la cabeza visible de un conglomerado multinacional de 35 sociedades anónimas. Entre ellas destaca el grupo empresarial Inasa, cuya matriz es la corporación Canal Extensia propiedad al 75% del Canal de Isabel II. Inasa ha sido muy activa en los procesos de privatización de los servicios de agua y saneamiento en Colombia y otros países de Latinoamérica, y sus filiales se han caracterizado por la vulneración de los derechos de las poblaciones indígenas, la violación de los derechos laborales y sindicales, y un aumento de hasta diez veces en las tarifas de agua para los estratos sociales más necesitado, como se denunció en el Tribunal Permanente de los Pueblos en su ultima sesión en Madrid.

Oposición al proyecto

La Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2008 incluyó dos artículos que prevén la transformación del Canal en una sociedad anónima. La Comunidad de Madrid justifica la privatización con el argumento de que no puede permitirse desembolsar los 4.000 millones de euros requeridos para la adaptación de las infraestructuras a la Directiva Europea Marco del Agua y para la construcción de dos nuevos embalses. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Tajo nunca ha expresado la necesidad de estos nuevos embalses, y, aunque se tuvieran que afrontar inversiones de esta magnitud, el Canal de Isabel II podría sin dificultades conseguir financiación, gracias a su tamaño (740 millones de euros de ingresos en 2008) y solvencia.

Desde que las primeras noticias sobre el proceso de privatización del Canal de Isabel II se hicieron públicas, un amplio espectro de movimientos sociales y ciudadanos se ha unido a la plantilla del Canal para expresar su oposición al proceso. La oposición se basa en que las privatizaciones de las empresas públicas de agua y saneamiento en grandes capitales de países europeos siempre han mermado la universalidad de acceso a este recurso básico y las condiciones laborales de los trabajadores del sistema urbano de aguas.

Por poner un ejemplo, el sistema de privatización propuesto por la Comunidad de Madrid es idéntico al que se puso en marcha en la ciudad de Berlín en al año 1999, con Veolia y RWE repartiéndose el 49,9% de las acciones del antiguo proveedor público. Desde entonces los precios del agua han subido del 23%, la plantilla se ha reducido en más del 15%, y la calidad del agua ha empeorado sensiblemente. En Francia, un país donde el 80% de la población está atendida por operadores privados, los servicios cuestan el 44% más que los públicos. Por ello, la municipalidad de Paris remunicipalizó en 2010 la gestión del servicio debido a la subida de los precios y las deficiencias en el mantenimiento de la red. Desde entonces, los precios están estabilizados a un euro por metro cúbico, mientras que en el área suburbana, el llamado “Gran París”, la empresa Veolia cobra 2,93 euros por m3.

Movimientos y asociaciones unidos en la plataforma en contra de la privatización del Canal de Isabel II alertan de que la privatización conllevará el empeoramiento de la calidad del servicio, la disminución de las inversiones en infraestructuras, y el abandono de las medidas de ahorro y de salvaguarda del entorno, además de quitar los ingresos que las arcas públicas reciben de una empresa solvente. Los 2.200 trabajadores del Canal creen que la privatización repercutirá en la calidad y la estabilidad de sus empleos y han organizado cuarto movilizaciones entre noviembre de 2008 y enero de 2010.