En mayo de 2011, investigadores mexicanos han descubierto otra fosa clandestina con decenas de cadáveres mutilados, lo que asciende a un total de 40.000 los muertos desde 2006, cuando el gobierno de Calderón anunció su guerra contra el narcotráfico. Con el respaldo de consejeros, agentes y armas, la Casa Blanca ha sido el promotor principal de una guerra que ha diezmado totalmente la sociedad y la economía de México.

Si bien Washington ha sido la fuerza impulsora de la guerra, los bancos de Wall Street han sido el instrumento principal que ha permitido garantizar los beneficios de los cárteles de la droga. Todos los principales bancos de EE.UU. han estado involucrados decisivamente en el blanqueo de cientos de miles de millones de dólares en ganancias de la droga durante la mayor parte de la última década.

El descenso de México a los infiernos ha sido diseñado por las principales instituciones financieras y políticas de EE.UU., cada una apoyando al “otro lado” en una sangrienta guerra total que no perdona a nadie en ningún lugar y ningún momento. Mientras que el Pentágono arma al gobierno mexicano y la Drug Enforcement Agency (DEA) promueve la solución militar, los más grandes bancos de EE.UU. recaudan, blanquean y transfieren cientos de miles de millones de dólares anuales de y a las cuentas de los capos de la droga, para comprar armas modernas, pagar ejércitos privados de asesinos y corromper a políticos y agentes del orden.

El descenso de México a los infiernos

Todos los días se encuentran docenas de cadáveres, si no centenares, en calles y cementerios clandestinos; docenas de personas son asesinadas en sus casas, automóviles, transporte público y oficinas; víctimas desconocidas son secuestradas a centenares y desaparecen; niños en edad escolar, padres, profesores, doctores y empresarios son capturados a plena luz del día y secuestrados para obtener rescate; centenares de miles de trabajadores migrantes son secuestrados, robados, objeto de rescate y asesinados. La policía está atrincherada en sus comisarías; los militares, llegado el caso, asaltan ciudades enteras y matan más civiles que los asesinos. La vida cotidiana consiste en cómo sobrevivir a la cifra diaria de asesinatos; las amenazas están en todas partes, las bandas armadas y las patrullas militares disparan y matan con virtual impunidad. La gente vive en el miedo y la ira.

El Tratado de Libre Comercio: la chispa que incendió el infierno

A finales de la década de 1980, México estaba en crisis, pero el pueblo optó por una salida legal: eligió a un presidente, Cuauhtémoc Cárdenas, y un programa para promover la revitalización económica de la agricultura y la industria nacionales. Las élites mexicanas, encabezadas por Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidieron lo contrario, negaron al electorado su victoria e ignoraron las protestas masivas y pacíficas. Salinas y los presidentes posteriores persiguieron con decisión un tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, el TLCAN, que ha arruinado a millones de agricultores, rancheros y pequeños empresarios mexicanos. Y la ruina condujo a la huída: la emigración. Los movimientos rurales de deudores florecieron y decayeron luego, cooptados o reprimidos. La miseria de la economía legal contrastaba con la riqueza del comercio de la droga y de personas, y su demanda de auxiliares armados bien remunerados. El comienzo de los sindicatos de la droga fue fruto de la riqueza local. En el nuevo milenio, surgieron nuevos movimientos populares y una esperanza electoral: Andrés Manuel López Obrador. Para el año 2006, un vasto movimiento electoral pacífico prometía una reforma sustancial, una base para integrar a millones de jóvenes descontentos. Al mismo tiempo, los cárteles de la droga se alimentaban de la miseria de millones de marginados por las elites que saquean el tesoro público, los bienes raíces, la industria del petróleo, los monopolios de comunicaciones ahora privatizados, y los bancos.

Una vez más, en 2006, millones de personas vieron cómo se les negaba su victoria electoral: la última y mejor esperanza de una transformación pacífica fue frustrada. Calderón robó la elección y procedió a lanzar la "guerra contra el narcotráfico" en cumplimiento de la estrategia de la Casa Blanca.

La estrategia militar intensifica la guerra contra la droga, la crisis bancaria profundiza los vínculos con los traficantes de drogas

La escalada masiva de homicidios y violencia en México se inició con una declaración de "guerra contra la droga" del fraudulentamente electo presidente Calderón, una política impulsada inicialmente por el gobierno de Bush y luego respaldada decididamente por el de Obama-Clinton. Más de 40.000 soldados salieron a las calles, pueblos y barrios, y agredieron violentamente a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes. Los cárteles tomaron represalias, escalando sus ataques armados. La guerra se extendió a todas las principales ciudades y carreteras, los asesinatos se multiplicaron y México se hundió aún más profundamente en un dantesco infierno. El gobierno de Obama se reafirmó en su opción militar a ambos lados de la frontera: más de 500.000 mexicanos inmigrantes fueron capturados y expulsados ​​de EE.UU., y se multiplicaron las patrullas fronterizas. La venta de armas creció de manera exponencial a un lado y otro de la frontera. El mercado estadounidense de productos mexicanos se redujo, ampliando así el número de reclutas potenciales de los cárteles, mientras aumentaba la demanda de armas de gran potencia. La política de la Casa Blanca en materia de droga y armas reforzó el enloquecido ciclo homicida: el gobierno de EE.UU. vendía armas al gobierno de Calderón y la industria privada vendía armas a los cárteles. La demanda estadounidense de droga –y los beneficios derivados de su transporte y venta– siguió siendo la fuerza impulsora de la creciente ola de violencia y desintegración social en México.

Las ganancias de la droga, en su sentido más básico, se realizan a través de la capacidad de blanqueo de fondos y realización de transacciones del sistema bancario de EE.UU. La escala y el alcance de esta alianza entre el cártel de la droga y el citado sistema bancario supera con creces cualquier otra actividad económica del sistema bancario privado estadounidense. Un solo banco –Wachovia– blanqueó 378.300 millones de dólares entre el 1 de mayo 2004 y el 31 de mayo de 2007 (The Guardian, 11.5.2011). Todos los bancos importantes de EE.UU. han sido en un momento u otro socios financieros activos de los criminales cárteles de la droga: Bank of America, Citibank, JP Morgan, así como otros bancos extranjeros que operan en Nueva York, Miami y Los Ángeles.

Mientras la Casa Blanca financia al Estado mexicano para que mate a mexicanos sospechosos de ser traficantes de drogas, el gobierno de EE.UU. sólo multa, con retraso, a los principales cómplices financieros estadounidenses, que ni siquiera van a la cárcel.

El principal organismo del Tesoro de EE.UU. que participa en la investigación de lavado de dinero, la Subsecretaría para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, hace caso omiso de la colaboración de los bancos de EE.UU. con los terroristas de la droga, y concentra casi la totalidad de su personal y recursos en la aplicación de sanciones bancarias contra Irán. Durante siete años, su director, Stuart Levey, prefirió colaborar con Israel en una supuesta guerra contra el terrorismo, con Irán en el punto de mira, que investigar la colaboración de Wachovia con los terroristas mexicanos de la droga que han asesinado a 40.000 mexicanos.

Sin las armas de EE.UU. y sin el entramado financiero del gobierno y los cárteles no habría guerra contra la droga, no habría asesinatos en masa y no habría terrorismo de Estado. Si elimináramos la afluencia de productos agrícolas subsidiados y la compra de cocaína por parte de EE.UU. no habría ni soldados de la droga ni mercados de la drogas por los que luchar y matar.

Los traficantes de droga, los bancos y la Casa Blanca

Si bien los principales bancos de EE.UU. son los motores económicos que permiten que siga en funcionamiento este multimillonario imperio de la droga, la Casa Blanca, el Congreso de EE.UU. y los organismos oficiales de lucha contra la droga son los protectores de base de los bancos. A pesar de la implicación profunda y penetrante de los principales bancos en el blanqueo de miles de millones de dólares en fondos ilícitos, un “acuerdo transaccional judicial” propuesto por la fiscalía de EE.UU. dio como resultado la ausencia de sentencias de cárcel y el arreglo mediante una multa de 50 millones de dólares, menos del 2% de los beneficios de uno de los bancos –Wachovia– en 2009 (The Guardian, 11.5.2011). La DEA y los fiscales federales actuaron bajo la dirección política del poder ejecutivo de EE.UU. Los principales funcionarios económicos de los gobiernos de Bush y Obama –Summers, Geithner, Greenspan, Bernancke, etc.– son todos veteranos socios, asesores y miembros de las principales firmas financieras y bancos implicados en el blanqueo de miles de millones de ganancias de la droga.

El blanqueo de dinero de la droga es una de las fuentes más lucrativas de beneficio de todos los bancos de Wall Street: cobran altas comisiones y prestan a entidades de crédito a tasas de interés muy superiores a lo que pagan –cuando lo hacen– a los narcotraficantes por sus depósitos.

Aún más importante, durante la fase más crítica de la reciente crisis financiera, según manifestó el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia, Antonio María Costa: “En muchos casos, el dinero de la droga (era)... realmente el único capital líquido de inversión. En el segundo semestre de 2008, la liquidez era el principal problema del sistema bancario y por lo tanto el capital líquido se convirtió en un factor importante (…); los préstamos interbancarios se financiaban con dinero originario el narcotráfico y otras actividades ilegales (...); (hubo) indicaciones de que algunos bancos fueron rescatados por este medio.” (Reuters 25.1.2009, edición de EE.UU.) Los flujos de capital de los multimillonarios de la droga fueron el elemento clave que permitió reflotar Wachovia y otros bancos de primera fila. En pocas palabras, los multimillonarios de la droga salvaron el sistema financiero capitalista en crisis.

Conclusión

A finales de la primera década del siglo XXI, era evidente que la acumulación de capital, al menos en América del Norte, estaba íntimamente ligada a la violencia generalizada y el narcotráfico. Dado que la acumulación de capital depende del capital financiero, y éste depende de las ganancias de este tráfico de centenares de millones de dólares, todo el conjunto está integrado en una guerra total por las ganancias del narcotráfico. En tiempos de crisis profunda, la propia supervivencia del sistema financiero estadounidense –y a través de ella, del sistema bancario mundial– está vinculada a la liquidez de la “industria” de la droga.

A un nivel más superficial, la destrucción de las sociedades mexicana y centroamericanas –más de 100 millones de personas– es el resultado de un conflicto entre los cárteles de la droga y los regímenes políticos de la región. A un nivel más profundo, hay un efecto multiplicador: los cárteles cuentan con el apoyo de los bancos de EE.UU. para realizar sus beneficios. A su vez, gastan millones de dólares en armas de los traficantes estadounidenses y otros distribuidores para asegurar sus suministros, transporte y mercados; emplean a miles de reclutas para sus vastas formaciones militares y redes civiles; y consiguen la complicidad de funcionarios políticos y militares a ambos lados de la frontera.

A su vez, el gobierno mexicano actúa de canal de transmisión de las políticas de los organismos del Norte: Pentágono, FBI, Homeland Security, DEA y aparatos políticos partidarios de la continuación de la “guerra”. Con ello, ponen en riesgo vidas, propiedades y la propia seguridad de México. La Casa Blanca se encuentra en el centro estratégico de las operaciones; el gobierno mexicano actúa como verdugo de primera línea.

A un lado de la guerra contra la droga están los principales bancos de Wall Street; al otro, la Casa Blanca y sus estrategas militares imperiales; en medio, 90 millones de mexicanos y 40.000 víctimas de este país. Y la cuenta sigue.

Valiéndose del fraude político para imponer la desregulación económica neoliberal, en la década de 1990, el gobierno mexicano provocó directamente la desintegración, la criminalización y la militarización social de la década actual. La economía narcofinanciera se ha convertido en la etapa más avanzada del neoliberalismo. Cuando las personas respetables se convierten en delincuentes, los delincuentes se vuelven personas respetables.

En la cuestión del genocidio que está teniendo lugar en México las decisiones las toman el Imperio y sus cómplices banqueros y gobernantes cínicos.