La orden de búsqueda y captura emitida por el fiscal jefe Luis Moreno-Ocampo contra el coronel Gadafi, su hijo Saif al-Islam y el jefe del servicio de inteligencia libio Abdullah al-Senusi por crímenes de guerra, sirve para confirmar el papel de la Corte Penal Internacional (CPI) como instrumento al servicio de las potencias imperialistas.

Las órdenes de arresto se están emitiendo, en efecto, en nombre de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, los arquitectos-jefe del actual bombardeo sobre Libia. Moreno-Ocampo ha estado reuniendo pruebas contra los tres acusados con el objetivo de impedir cualquier posibilidad de llegar a un final negociado de la guerra, de aislar aún más a Gadafi y allanar el camino para el cambio de régimen.

Por parte de Washington, Londres y París, apenas se hace ya esfuerzo alguno para ocultar tales objetivos al referirse a la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que afirma cínicamente que la intervención se basa en la responsabilidad que existe de proteger la vida de los civiles. A pesar de esta especie de hoja de parra legal que supone la tal Resolución, la guerra libia ha alcanzado velozmente nuevas cotas de ilegalidad y criminalidad.

El Tribunal de Nuremberg estableció que la planificación y lanzamiento de una guerra de agresión es el más grave y capital crimen de guerra, del que brotan inexorablemente otros crímenes contra la humanidad. Bajo ese estándar, el presidente Barack Obama, el primer ministro David Cameron y el presidente Nicolas Sarkozy son culpables de delitos mucho más grandes que cualquiera de los que haya podido cometer Gadafi.

Además, la realización de este ejercicio neocolonial ha confirmado la tesis de Nuremberg, con EEUU y la OTAN poniendo descaradamente en marcha una política de asesinatos contra Gadafi, los miembros de su familia y sus más altos colaboradores. Todo esto se combina con una escalada de ataques contra objetivos civiles en Trípoli. La acusación del fiscal de la CPI de que Gadafi “ha ordenado personalmente ataques contra civiles libios desarmados” podría también presentarse seguramente contra Obama, Cameron y Sarkozy.

La investigación que Moreno-Ocampo anunció el 3 de marzo, citando la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue aprobada el 15 de febrero, quedando la situación en Libia bajo la jurisdicción de la CPI.

El 5 de mayo, Moreno-Ocampo anunció primero que estaba preparando tres órdenes de arresto por crímenes contra la humanidad en Libia, sin nombrar a ninguno de los candidatos. Esa acción pretendía invalidar los esfuerzos de la Unión Africana para negociar un alto el fuego, fomentando al mismo tiempo las deserciones dentro del régimen libio a fin de facilitar la instalación del Consejo Nacional Transitorio (CNT) compuesto por la oposición como gobierno-títere, en el que se incluirían ex altos cargos de Gadafi.

Programado para que coincidiera con una reunión en Roma del Grupo de Contacto sobre Libia, en la cual se acordó canalizar inmensas sumas de dinero hacia el CNT, con sede en Bengasi, el anuncio de la CPI del 15 de mayo se produjo a continuación de un ataque aéreo contra la residencia de la familia de Gadafi, que trataba de eliminar a Gadafi pero que mató a uno de sus hijos y a tres de sus nietos.

El reciente anuncio de Moreno-Ocampo se hizo en similares circunstancias. El día anterior, el primer ministro libio al-Baghdadi Ali al-Mahmudi le comunicó al enviado especial de las Naciones Unidas, Abdul Ilah al-Jatib, que Trípoli querían “un cese el fuego inmediato que coincidiera con el fin de los bombardeos de la OTAN”.

El día del anuncio, el ministro de exteriores italiano Franco Fratini dijo que Italia estaba negociando la formación de un posible “gobierno de reconciliación nacional” y la salida de Gadafi de Libia.

De nuevo, una vez más, esas iniciativas quedaron anuladas de hecho y sin efecto. En vez de permitir que pudiera darse una situación por la que Gadafi pidiera llegar a la paz, la OTAN se dedica a intensificar los ataques aéreos contra Trípoli. Todo esto acompañado además de estridentes exigencias por parte de Gran Bretaña para que se despliegue una campaña de bombardeos aún más mortífera, incluyendo también llamamientos abiertos a liquidar a Gadafi.

El general británico Sir David Richards, jefe del estado mayor de la defensa, dijo que quería “acciones militares más intensas”. Exigió cambios en las normas de enfrentamiento a fin de aumentar “el ámbito de los blancos que podemos atacar”, de forma que se incluyan también infraestructuras estáticas para “demostrar por tanto a Gadafi que el juego ha terminado y que tiene que irse”.

“No vamos directamente a por Gadafi, pero si ocurriera que está en un centro de mando y control alcanzado por la OTAN y muere, entonces, eso está dentro de las normas”, dijo. Añadió que el primer ministro David Cameron estaba “en la misma onda”.

El secretario del Foreign Office británico William Hague se negó el domingo a descartar la utilización de los aviones estadounidenses operados por control remoto para asesinar a Gadafi. “Quién es y qué es un objetivo legítimo depende de su conducta”, dijo.

El objetivo político de emitir órdenes de arresto contra Gadafi, así como el ultimátum de Richards, fue tan evidente que el Guardian británico se sintió obligado a escribir en un editorial:

“Una cosa es insistir en que Gadafi debe irse en un nuevo orden democrático. Pero insistir en que debe irse como condición previa de cualquier negociación hace imposible un alto el fuego. Insistir en que salga del país y se siente ante la CPI es asegurarse que caiga combatiendo. Eso sólo permite la opción militar y con ella la perspectiva de muchas, muchas más víctimas civiles.”

El Guardian afirma que esto prueba que la estrategia de la OTAN es “confusa”. Pues no es nada de eso. Se utilizó el mismo modus operandi de presentar acusaciones de crímenes de guerra para legitimar una guerra imperialista durante la guerra aérea de la OTAN contra Yugoslavia en 1999, cuando otro tribunal patrocinado por las Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés) acusó al presidente serbio Slobodan Milosevic de crímenes contra la humanidad.

El juicio contra Milosevic empezó en 2001, un año después de que le hubieran depuesto. A lo largo de los cinco años que duró, la autodefensa de Milosevic resultó sumamente embarazosa para las potencias occidentales. El proceso quedó interrumpido a causa de su muerte por un ataque al corazón.

Las afirmaciones de Richards y compañía y las acciones emprendidas ya por la OTAN indican que ahora no se está precisamente planeando un juicio-espectáculo parecido. La orden de detención pergeñada tiene el carácter de una sentencia de muerte que va a cumplirse en el escenario de guerra.

El papel de la CPI en la guerra libia es coherente con sus anteriores antecedentes de servicios al imperialismo. Cuando se creó en julio de 2002, pareció representar la reforma más importante de derecho internacional desde la II Guerra Mundial, al crear un órgano internacional para procesar a individuos acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Pero desde entonces ha demostrado ampliamente que sus actuaciones están subordinadas a los intereses de las potencias imperialistas que dominan las Naciones Unidas.

EEUU se ha negado a reconocer la autoridad de la CPI, al igual –bien formalmente o en la práctica- que Rusia, China, Israel y docenas de otros países. Washington rechaza cualquier responsabilidad ante organismos internacionales en todo lo que se refiere a la agresiva y violenta búsqueda de sus intereses globales. Sin embargo, al igual que con la investigación de Gadafi, Washington se atreve, gracias a su posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a remitir supuestos crímenes a un tribunal que no reconoce.

Todas las seis situaciones en las que actualmente se han puesto en marcha investigaciones se encuentran en África. En el caso del conflicto Sudán-Darfur y Libia, fue el CSNU el que instigó procesos que encajaban con los imperativos de política exterior de EEUU y las potencias europeas. En conjunto, las investigaciones emprendidas por la Corte han coincidido con un renovado impulso de EEUU y las potencias europeos por el control de los mercados y las materias primas africanas, así como por conseguir ventajas geoestratégicas y militares.

No es posible detallar todos los crímenes monstruosos perpetrados por los poderes imperialistas desde que se estableció la CPI. Sin embargo, el peor de esos crímenes fue la invasión de Iraq en 2003. En 2006, Moreno-Ocampo publicó una carta reconociendo haber recibido 240 comunicaciones relativas a la invasión de Iraq.

El hombre que está instando ahora el procesamiento de Gadafi respondió a ese respecto que dictaminar acerca de la ilegalidad de la invasión y de cualquier posible crimen de agresión no caía bajo la autoridad de la Corte hasta que los estados que habían endosado la CPI hubieran adoptado una disposición definiendo el crimen y estableciendo si la Corte tenía jurisdicción. En cuanto a los crímenes contra los civiles iraquíes, Moreno-Ocampo afirmó que la información de que disponía “no indicaba intencionalidad de atacar a la población civil” ni “ataque excesivo”.

Estas declaraciones se realizaron en un momento en que fuentes muy fiables estimaban ya en 650.000 los muertos iraquíes como consecuencia de la guerra y la ocupación encabezadas por EEUU, y bastante después de crímenes tan patentes y tan execrables como Abu Ghraib y la destrucción de Faluya.

Dr. Chrisopher Marsden es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Essex desde 2007 y Director del Centro EXCCEL para Licenciados en Derecho (1989) y Master en Derecho (1994), en Essex, e investigador asociado residente en el Proyecto de Infraestructura de la Información de Cambridge. Asimismo es editor asociado de la revista de gestión de comunicaciones interdisciplinarias ‘info’ desde 2007.

Fuente: http://www.wsws.org/articles/2011/may2011/pers-m18.shtml